¿Es digno, señor Moreno Bonilla, que una persona tenga que esperar un año para una operación de riñón? ¿Es decente, es humano, es compatible con una sanidad pública que se supone universal y de calidad obligar a alguien a convivir durante doce meses con dolor, miedo y un deterioro físico progresivo? No hablamos de una revisión menor ni de una intervención estética. Hablamos de un órgano vital. Hablamos de salud. Hablamos, sin exagerar, de la vida de las personas.
La pregunta no es retórica ni busca el titular fácil. Es una pregunta real, basada en hechos contrastados. Según publicaba hace unos días Málaga Hoy, una mujer de 47 años, vecina de Estepona, lleva un año en lista de espera para ser operada del riñón en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Un año entrando y saliendo de urgencias, un año soportando crisis de dolor intensísimas, un año viviendo con una bolsa de drenaje y con el temor constante de que su situación empeore hasta límites irreversibles.
Este caso, por desgracia, no es una excepción. Es el reflejo de un sistema sanitario que se ha ido degradando hasta normalizar lo que nunca debería ser normal. La propia familia de la paciente ha denunciado que los médicos ya le han advertido de que el problema empieza a afectar a ambos riñones. Que la espera no es inocua. Que el tiempo juega en contra de su salud. Y, aun así, la operación no llega.
La respuesta administrativa es la de siempre: listas de espera por gestionar, alto volumen asistencial, priorización de patologías “no demorables”. Un lenguaje burocrático que esconde una realidad muy dura: hay personas empeorando mientras esperan. Personas que ven cómo su calidad de vida se desmorona mientras la sanidad pública no llega a tiempo.
Lo más preocupante es que no estamos ante un caso aislado. Ya escribimos sobre una persona que tuvo que esperar durante meses una biopsia de páncreas pese a tener un tumor. Una prueba clave para confirmar un diagnóstico y comenzar un tratamiento cuanto antes. También contamos el caso de un joven con un tumor cerebral que pasó meses esperando una intervención quirúrgica. Historias distintas, mismo patrón: demoras inadmisibles, angustia prolongada y un sistema incapaz de responder cuando más se le necesita.
Esto no es mala suerte. Es un modelo. Y el Hospital Universitario Costa del Sol se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del colapso sanitario que vive Andalucía bajo el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
El Sindicato Médico de Málaga lleva tiempo denunciándolo con datos que deberían avergonzar a cualquier responsable político. El hospital atiende a una población censada de 460.000 habitantes, aunque todos saben que la población real es muy superior por el peso turístico y residencial de la Costa del Sol Occidental. Para atender a toda esa población, el centro dispone de 394 camas. Esto supone 0,86 camas por cada 1.000 habitantes, prácticamente la mitad de la media andaluza y a años-luz de la media nacional.
Con estos números, las listas de espera no son una anomalía: son una consecuencia inevitable. La falta de camas provoca saturación, bloquea ingresos y retrasa intervenciones quirúrgicas. El resultado es un sistema tensionado en el que los pacientes pagan el precio de una planificación deficiente y de una financiación claramente insuficiente.
A este problema estructural se suma otro igual de grave: la falta de personal sanitario. Los profesionales del Hospital Costa del Sol trabajan al límite. Las guardias de 24 horas se han convertido en un auténtico suplicio. La sobrecarga es constante y las condiciones laborales, cada vez peores. No es extraño que los médicos no quieran venir.
La prueba es demoledora. En la última convocatoria de empleo, 28 de las 30 plazas ofertadas para médicos especialistas quedaron desiertas. Un dato que retrata el fracaso absoluto de la política sanitaria de la Junta de Andalucía en esta comarca.
Según el propio sindicato, más del 25% de la plantilla actual tiene intención de marcharse si consigue plaza en otro centro, y cerca del 20% podrá jubilarse en los próximos cinco años. Menos médicos, más presión asistencial, más retrasos. Un círculo vicioso que amenaza con empeorar aún más la situación si no se toman medidas urgentes.
Mientras tanto, hay camas cerradas, servicios infrautilizados y unidades que no pueden funcionar por falta de personal, a pesar de contar con equipamiento de última generación. Todo ello en una de las zonas que más riqueza genera en Andalucía.
Y aquí aparece la gran contradicción política. Mientras la sanidad pública se deteriora, el Gobierno de Moreno Bonilla destina miles de millones de euros a conciertos con la sanidad privada. Dinero público que podría emplearse en reforzar plantillas, abrir camas, mejorar infraestructuras y garantizar que nadie tenga que esperar un año para una operación necesaria. Pero ese no es el camino elegido.
El modelo del Partido Popular en Andalucía no pasa por fortalecer lo público, sino por derivar recursos a la privada, externalizar servicios y convertir la salud en un negocio. Un modelo que no solo deteriora la atención sanitaria, sino que juega directamente con la salud y con la vida de los andaluces y andaluzas.
Porque cuando una persona espera un año para una operación de riñón, no solo sufre dolor. Aumenta el riesgo de complicaciones graves. Se agrava la enfermedad. Se cruza una línea peligrosa en la que la espera deja de ser una molestia para convertirse en una amenaza real.
La mujer de la que informa Málaga Hoy no pide privilegios ni trato preferente. Pide ser atendida. Pide no vivir atrapada en un dolor constante. Pide no acabar perdiendo un riñón o dependiendo de una diálisis de por vida. Pide, en definitiva, algo tan elemental como que la sanidad pública responda cuando más se la necesita.
En sanidad, cada mes de espera no es neutro: agrava el dolor, incrementa los riesgos y multiplica la angustia de quienes dependen del sistema público para seguir adelante. Cuando la Junta de Andalucía acepta que alguien espere un año para una operación de riñón, está asumiendo que ese deterioro forma parte del proceso. Y eso no es una mala racha ni un error puntual: es una decisión política. No es gestión. Es abandono institucional.
Moreno Bonilla puede seguir hablando de moderación y de buena gestión, pero mientras haya personas esperando un año para una operación de riñón; mientras se retrasen pruebas oncológicas o cirugías vitales; mientras se debilite deliberadamente la sanidad pública para fortalecer la privada, ese discurso se derrumba por sí solo. Porque una sanidad que llega tarde no es digna. Y un gobierno que normaliza esa espera es responsable directo de sus consecuencias.