¿A quién le importa el paisaje? La respuesta a esta pregunta es que a muy poca gente, casi a nadie, si exceptuamos a profesionales como los arquitectos paisajistas, geógrafos especializados o geólogos. A los ayuntamientos les debería importar, pero solo se preocupan del paisaje urbano y descuidan el paisaje rural, salvo en los casos en cuyo término municipal hay espacios naturales protegidos.
Viajar en coche por España permite evaluar la magnitud de un problema hasta la fecha muy poco abordado como es el de los edificios e infraestructuras abandonadas y los terrenos baldíos e improductivos. Los municipios carecen de un inventario de estos inmuebles en desuso que afean el horizonte de sus tierras, el skyline o línea del cielo que los destinos turísticos emblemáticos cuidan con esmero.
Ahora que muchas comunidades han reaccionado a la proliferación de plantas solares fotovoltaicas y parques eólicos por su afectación paisajística, entre otras razones, resulta paradójico que no hayan aireado un problema tan extendido como el abandono inmobiliario. Incluso en pueblos y ciudades con cascos históricos protegidos se descuida el paisaje rural que es la primera impresión que causa un municipio al viajero que llega por carretera.
La mayor parte de los edificios y estructuras abandonadas lo son porque a sus propietarios no les compensa su reutilización o rehabilitación o porque se trata de herencias no asumidas o bienes sin herederos localizados. La responsabilidad municipal es por tanto clara y concreta: son bienes y recursos desaprovechados que pueden utilizarse en beneficio de la comunidad y que, en la inmensa mayoría de los casos, constituyen problemas de salubridad y seguridad con repercusiones sociales.
Si se solventó el problema de los vehículos abandonados en las vías públicas, cómo no se va a poder solucionar el incumplimiento de las obligaciones legales de los dueños de edificios y terrenos abandonados. Lo primero que se requiere es la elaboración de inventarios municipales que permitan cuantificar el problema e, inmediatamente después, elaborar proyectos de rehabilitación y reutilización dentro de la política de economía circular.
Tanto la Unión Europea, como el Gobierno del Estado y la mayoría de las comunidades autónomas, tienen fondos para afrontar una cuestión que afecta principalmente a esa España que se despuebla y vacía por no aprovechar y rentabilizar sus recursos endógenos.
