La oposición suele reprochar al Gobierno que debido a su frágil mayoría parlamentaria la aprobación de leyes en el Congreso se vea bloqueada en numerosas ocasiones y se produzca una "paralización" del poder legislativo. Pero la realidad es que pese a las dificultades y a los obstáculos, especialmente de Junts y Podemos, la producción de leyes se mantiene en niveles cuantitativos aceptables.
Lo que sí resulta contradictorio es que el PP en las comunidades que gobierna apruebe leyes de simplificación administrativa y desregulación y al Gobierno de España le pida más leyes, que luego incumple o boicotea.
Por eso, no resulta descabellada la insistencia gubernamental en agotar la legislatura porque, como insisten los empresarios y otros sectores profesionales, hay que ralentizar la producción de leyes y normas y hacer cumplir las que ya existen.
Un 46% de la actividad legislativa del Congreso se dedica ya a la transposición de normativas europeas al ordenamiento legal español, lo que plantea la urgente necesidad de coordinación entre los parlamentos autonómicos y estatal para evitar solapamientos y duplicidades.
Por otra parte, hay que recordar que son muchas las leyes aprobadas y en vigor que carecen de un reglamento que las desarrolle. Cuando una ley no tiene reglamento se produce una inseguridad jurídica grave: los ciudadanos no saben cómo cumplir la norma (por ejemplo, qué documentos presentar), la Administración no tiene criterios para sancionar o conceder beneficios y muchos derechos reconocidos en el papel no se pueden ejercer en la práctica.
Entre el 20% y el 30% de las leyes aprobadas en los últimos cinco años (2021-2026) tienen pendiente su desarrollo reglamentario. Se estima que hay entre 40 y 60 leyes relevantes aprobadas en este período que aún no han desplegado toda su eficacia por falta de reglamento.
Con este telón de fondo es comprensible que el Gobierno de España afirme que hay mucho margen para gobernar y resolver problemas pendientes sin tener que aprobar nuevas leyes que pongan a prueba su delicada mayoría en el Parlamento.
Tampoco hay que olvidar que la mayoría de las leyes contienen disposiciones finales que obligan al Gobierno a aprobar un reglamento en el plazo de 6 o 12 meses, plazos que se incumplen de forma habitual.
La ley de Bienestar Animal (2023) ha tenido una aplicación caótica en algunos puntos (como el seguro obligatorio para perros) por la tardanza en especificar los requisitos técnicos vía reglamento. Un ejemplo concreto de lo que venimos comentando.
Hay, pues, una abundante materia de temas para que la labor de control al Ejecutivo por parte de la oposición no se limite a los consabidos "Pedro Sánchez es malo malísimo" o "España es una dictadura comunista porque a mí me da la gana".