En un estado autonómico y descentralizado como lo es el Reino de España la norma debería ser la coordinación y la lealtad institucional entre las distintas administraciones públicas, con independencia del color político del partido o partidos que las gobiernan. Sin embargo, lo que se ha convertido en habitual es la descoordinación y la deslealtad entre ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno del Estado a la hora de la gestión de la sanidad, la educación, la vivienda y cualquiera otra política sectorial que afecte a la vida cotidiana de la ciudadanía.
El Partido Popular lo dejó claro desde que el Gobierno de coalición inició la actual legislatura: utilizan su poder autonómico y municipal para oponerse a la acción del Ejecutivo de España en cualquier ámbito. Lo que debería circunscribirse a la lógica controversia política en los parlamentos autonómicos frente al Parlamento del Estado se extiende a la gestión de cualquier asunto sin importar su repercusión sobre las personas y sus bienes.
La dana que asoló la Comunidad Valenciana el 29 de octubre pasado constituye el ejemplo más reciente y letal de deslealtad y descoordinación institucional. La Generalitat ignoró las alertas de organismos estatales como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar con los trágicos resultados ya conocidos.
Cualquier infraestructura o servicio público tiene su respaldo económico en recursos financieros de distintas administraciones: municipio, autonomía, gobierno central, fondos europeos... A la hora de comunicar su puesta en marcha o implementación el deber democrático de transparencia obliga a informar de las aportaciones económicas de las distintas administraciones que lo hacen posible.
Pero en estos tiempos de desinformación y polarización el sectarismo de algunos gestores públicos se impone y se practica la omisión de las aportaciones dinerarias de las administraciones que no son del mismo color político o se evita la inauguración para invisibilizar la aportación del Estado.
Así ha ocurrido en Madrid con la apertura de un tramo de una línea de Metro, o en Andalucía, donde el ministro Óscar Puente ha requerido a la Junta de Andalucía para que no ocultara la aportación ministerial a unas ayudas para el transporte y la movilidad. El Gobierno de Moreno de Bonilla se ha quejado de la advertencia estatal por el incumplimiento de la norma, olvidándose que la Junta había hecho lo mismo con algunos ayuntamientos que ignoran las aportaciones autonómicas a servicios municipales.
El problema que comentamos no es nuevo y ejemplos hubo muchos durante la etapa del proceso independentista en Cataluña y con gobiernos de derecha en La Moncloa, pero que sea un mal extendido no nos puede eximir de denunciarlo porque su efecto erosionador de la democracia es muy grave.
Cuando ya está convocada una manifestación el 11 de mayo para defender el valor de la Unión Europea y su contribución a nuestro bienestar y progreso, no podemos olvidar que los gobiernos y administraciones públicas de los 27 estados que la integran se han olvidado sistemáticamente de destacar el papel de los fondos europeos en nuestro desarrollo y han sobredimensionado las repercusiones de las normativas UE. La deslealtad institucional y la descoordinación con Bruselas han sido también la norma y el orígen de la desafección hacia Europa de numerosos sectores de la población.