No se descarta sin embargo que se produzca antes del próximo consejo de ministros un acuerdo de mínimos y que se amplíe el plazo concedido por el Gobierno para acordar lo más peliagudo, para lo que se ha dado como horizonte máximo el primer trimestre.
Hasta ahora los interlocutores sociales se han puesto de acuerdo en aspectos importantes como la moderación salarial provisional aunque no “una congelación salarial pura y dura” con la advertencia de recuperar en el futuro las perdidas de poder adquisitivo; la conversión de contratos de jornada completa a los de tiempo parcial en las pequeñas y medianas empresas; la solución extrajudicial de conflictos, trasladar tres festivos a lunes y en lo relativo a las mutuas, absentismo y formación.
Han dejado, como es habitual, lo más conflictivo para el final, para esta semana de negociación trepidante: el ámbito de la negociación colectiva, los descuelgues de las empresas en dificultades, el coste del despido, etc.
Tanto Joan Rosell y Arturo Fernández, presidente y vicepresidente respectivamente de la CEOE como el dirigente de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández y el de UGT, Cándido Méndez, saben que si no hay acuerdo el Gobierno impondrá una reforma fuerte en base a las 71 enmiendas que el Partido Popular presentó a la reforma laboral promulgada por iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esta espada de Damocles sobre sus cabezas los dirigentes sindicales tienen escasa capacidad de maniobra mientras la patronal puede permitirse una mayor tranquilidad.
No obstante interesa a todos que la reforma laboral pueda ser pactada y no impuesta. Los beneficios de la paz social no son fáciles de medir como ocurre con todas las grandes cuestiones que afectan a la convivencia ciudadana pero si se pueden calibrar las consecuencias de la ruptura.
De hecho, hasta ahora, todos los Gobiernos han intentado mantenerla en el convencimiento de que la entente social no tiene precio aunque pueda representar un coste que en el interés de todos está aminorar.
La dura situación en la que vivimos aconseja el sacrificio de todos pero también esforzarse por mantener amplios consensos sociales.
La mayoría política la tiene sobradamente asegurada el Gobierno pero su prioridad debería ser conseguir también un Contrato Social aunque sea de mínimos.
José García Abad es periodista y analista político
Hasta ahora los interlocutores sociales se han puesto de acuerdo en aspectos importantes como la moderación salarial provisional aunque no “una congelación salarial pura y dura” con la advertencia de recuperar en el futuro las perdidas de poder adquisitivo; la conversión de contratos de jornada completa a los de tiempo parcial en las pequeñas y medianas empresas; la solución extrajudicial de conflictos, trasladar tres festivos a lunes y en lo relativo a las mutuas, absentismo y formación.
Han dejado, como es habitual, lo más conflictivo para el final, para esta semana de negociación trepidante: el ámbito de la negociación colectiva, los descuelgues de las empresas en dificultades, el coste del despido, etc.
Tanto Joan Rosell y Arturo Fernández, presidente y vicepresidente respectivamente de la CEOE como el dirigente de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández y el de UGT, Cándido Méndez, saben que si no hay acuerdo el Gobierno impondrá una reforma fuerte en base a las 71 enmiendas que el Partido Popular presentó a la reforma laboral promulgada por iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esta espada de Damocles sobre sus cabezas los dirigentes sindicales tienen escasa capacidad de maniobra mientras la patronal puede permitirse una mayor tranquilidad.
No obstante interesa a todos que la reforma laboral pueda ser pactada y no impuesta. Los beneficios de la paz social no son fáciles de medir como ocurre con todas las grandes cuestiones que afectan a la convivencia ciudadana pero si se pueden calibrar las consecuencias de la ruptura.
De hecho, hasta ahora, todos los Gobiernos han intentado mantenerla en el convencimiento de que la entente social no tiene precio aunque pueda representar un coste que en el interés de todos está aminorar.
La dura situación en la que vivimos aconseja el sacrificio de todos pero también esforzarse por mantener amplios consensos sociales.
La mayoría política la tiene sobradamente asegurada el Gobierno pero su prioridad debería ser conseguir también un Contrato Social aunque sea de mínimos.
José García Abad es periodista y analista político