Pero Iñaki Urdangarin es sólo uno de los muchos ciudadanos implicados en los casos de corrupción en los que el duque de Palma se encuentra imputado. Salvando de nuevo tanto su presunción de inocencia como las de las restantes personas implicadas en estas causas judiciales, es evidente que para que exista un caso de corrupción no basta con la existencia de corruptos: son imprescindibles los corruptores. Y a la vista está que en todo este embrollado asunto de evidente malversación del dinero público figuran fundamentalmente dos administraciones autonómicas directamente afectadas, la Generalitat Valenciana y el Govern Balear. En realidad las imputaciones que afectan a Iñaki Urdangarin tienen su origen en algunas de las innumerables causas judiciales abiertas en Palma de Mallorca contra destacados cargos políticos baleares, fundamentalmente dirigentes del PP, con el expresidente y exministro Jaume Matas a la cabeza.

No deja de ser curioso que los supuestos casos de corrupción que afectan a Iñaki Urdangarin tengan su origen y mayor peso específico en dos comunidades autónomas como Baleares y Valencia, gobernadas en ambos casos por el PP y con una incidencia política más que notable en la evolución seguida por el PP durante estos últimos años. Si a la postre queda probado que han existido realmente delitos de corrupción, malversación de caudales públicos, evasión fiscal y prevaricación, el peso de la ley deberá caer sobre los culpables. Pero no sólo sobre los corruptos sino también, y tal vez sobre todo, sobre los corruptores. Porque sin corruptores no pueden haber corruptos.

Jordi García-Soler es periodista y analista político