Desde que Moreno Bonilla llegó a San Telmo, los comedores escolares en Andalucía dejaron de ser un servicio público dedicado a garantizar una alimentación saludable para la infancia. Hoy, se han convertido en un negocio que beneficia a unas pocas grandes empresas privadas.
El Gobierno andaluz ha subido el precio del comedor un 24% desde 2021. La calidad de los menús, mientras tanto, se ha deteriorado de forma visible, constante y denunciada por familias y centros educativos. Este año, con intención claramente electoral, no hubo incremento, pero llevamos cuatro años consecutivos de subidas. La realidad es clara: con Moreno Bonilla, miles de niños y niñas en Andalucía pagan más por comer peor. Y si las familias pagan más y la comida es peor, la pregunta es inevitable: ¿dónde va el dinero?
La respuesta está en la política de privatización silenciosa del Partido Popular en Andalucía. Moreno Bonilla ha fomentado un modelo donde el servicio público se externaliza a grandes empresas de catering, cuyo objetivo principal es obtener beneficios. Esos beneficios no salen de la nada: provienen de abaratar ingredientes, reducir raciones y estandarizar comida industrial, muchas veces cocinada lejos de los colegios y recalentada días después. Se prioriza el ahorro sobre la salud, el sabor y la dignidad alimentaria de los niños. El resultado: comida insípida, escasa y, en demasiados casos, irreconocible.
Para muchas familias, el comedor escolar no es un lujo. Es una necesidad. Conciliar no es una palabra vacía: es la realidad de madres y padres que trabajan en horarios imposibles. El coste del comedor —unos 130 euros al mes por hijo— se suma a alquileres cada vez más altos y salarios bajos. Recordemos: el salario medio en Andalucía es de 23.883 euros al año, muy por debajo de la media nacional.
A pesar de ello, cuando ambos progenitores trabajan, la Junta excluye a la mayoría de estas familias de las bonificaciones, como si trabajar fuera un privilegio que debe castigarse. La injusticia se agrava al compararlo con los incentivos que reciben las familias que llevan a sus hijos a centros privados: ayudas, beneficios fiscales y facilidades varias. La ecuación es clara: se encarece la escuela pública mientras se favorece la privada. Pero el problema no es solo económico. Es, sobre todo, alimentario. Y con la alimentación de los niños no se juega.
Más de 23.000 escolares en Sevilla reciben diariamente menús elaborados por el catering Hermanos González, que distribuye comida a más de 270 colegios. Sobre el papel, los menús parecen saludables: merluza al horno, verduras, potaje, fruta. Pero basta con mirar un plato para comprobar la trampa: lo que se presenta como merluza no es un filete, sino un conglomerado triturado industrial, mezclado con harinas y aceites. Tan procesado que muchas familias lo describen como “comida de gato”. No es una exageración: es una cita literal repetida en varios centros como ha publicado El Correo de Andalucía y que Mañaneros 360 ha titulado como “menú escolar de pesadilla”.
Las AMPAS denuncian que los niños llegan a casa con hambre. Que desperdician la comida porque no pueden comerla. Que desarrollan rechazo al pescado. Que no saben qué están comiendo. Niños pequeños mirando su plato sin reconocer lo que hay dentro. Esto no es solo mala gestión: es un ataque contra el desarrollo del gusto, la nutrición y la dignidad infantil.
A esto se suman otros casos graves. FACUA documentó menús en mal estado en colegios de Dos Hermanas, con niños que reportaron olor desagradable, sabor extraño y, en un caso, una reacción alérgica que requirió atención médica. La propia Junta reconoció reducciones de hasta el 32% en el tamaño de las raciones en algunas inspecciones. Aun así, el servicio continúa igual.
Mientras tanto, solo el 17,6% de los colegios públicos andaluces tienen cocina in situ. La inmensa mayoría sirve comida que ha viajado, preparada uno o dos días antes y recalentada en bandejas industriales. Comida pensada para optimizar el transporte, no la salud.
Recientemente, el Parlamento debatió una iniciativa para mejorar la calidad de los comedores escolares: ampliar cocinas en los centros y asegurar productos frescos. Todos los grupos votaron a favor, excepto el Partido Popular. El PP se opuso. Rechazó revisar el modelo. Rechazó escuchar a las familias. Fue una defensa explícita del negocio frente al bienestar infantil.
Y no hablamos solo de percepción. Hablamos de datos. Según una encuesta de la ONG Educo, publicada en La Razón, uno de cada tres estudiantes en Andalucía califica la comida del comedor escolar como “mala” o “muy mala”. La valoración media en Andalucía es 2,8 sobre 5, por debajo de la media nacional (3,03). Los propios alumnos reconocen que la comida que se les sirve no es buena.
Esto importa. Importa mucho. Porque la alimentación escolar no es solo una comida. Es salud, desarrollo cognitivo, rendimiento académico y aprendizaje de hábitos para toda la vida. Para miles de menores en situación de vulnerabilidad, el comedor escolar es la comida más completa del día: Andalucía tiene un 28,5% de niños viviendo en pobreza.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un Real Decreto para la alimentación saludable en los comedores escolares, que impulsa frutas, legumbres, verduras y pescado fresco, y prohíbe bebidas azucaradas y bollería industrial. Pero de poco sirve si la Junta de Andalucía se niega a cumplir el espíritu de la norma y sigue entregando contratos a empresas que maximizan beneficio a base de recortar calidad. Lo que está en juego no es un menú. Es un modelo de sociedad.
Un gobierno que baja impuestos a las grandes fortunas mientras sube el precio del comedor escolar deja clara su escala de prioridades. En esa lista, los niños y niñas andaluces ocupan un lugar lamentablemente secundario.
La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones, transparencia en los contratos y comida real, digna, sana, suficiente y accesible. Tiene derecho a exigir que el plato de un niño no sea una oportunidad de negocio. La pregunta ya no es si las familias hablarán. Están hablando. La pregunta es cuándo se les escuchará.
No se puede jugar con la comida de los niños. Si un gobierno es incapaz de garantizar algo tan básico como que los niños coman bien en la escuela, ese gobierno ha fracasado. Y cuando un presidente mira hacia otro lado frente a ese fracaso, protegiendo el negocio más que la salud de los menores, lo honesto, lo decente y lo responsable es dar un paso atrás. Señor Moreno Bonilla, váyase a su casa. Andalucía necesita a alguien que cuide a su gente, no que la abandone.