Bajar impuestos a los ricos: el fraude que paga la clase trabajadora

Cada vez que la derecha anuncia otra rebaja fiscal para las rentas altas, repite el mismo catecismo: si los de arriba conservan más dinero, invertirán; si invierten, crecerá la economía; si crece la economía, el bienestar acabará derramándose sobre todos. Es la teoría del goteo. Una promesa con apariencia de ley económica. Y una estafa política.

No es una opinión extravagante. El análisis de David Hope y Julian Limberg, publicado tras estudiar 18 países de la OCDE durante medio siglo, concluyó que las grandes rebajas de impuestos a los ricos aumentan de forma sostenida la porción de renta que se queda el 1% superior. En cambio, no detectó efectos significativos ni sobre el crecimiento del PIB por habitante ni sobre el desempleo. Cada gran rebaja elevó, de media, 0,8 puntos la participación del 1% más rico en la renta nacional antes de impuestos. No hubo milagro económico. Hubo más desigualdad.

La investigación, inicialmente difundida en 2020 y publicada después en Socio-Economic Review, desmontó con datos una idea que llevaba décadas funcionando como propaganda de clase. El problema es que la propaganda sigue siendo útil para quien la emite. Permite presentar un privilegio como una política para la mayoría. Permite llamar “alivio” a lo que, en realidad, es una transferencia de poder y recursos hacia quienes ya tienen más.

La promesa era empleo, el resultado fue desigualdad

La falacia se sostiene sobre una trampa muy sencilla: se confunde la riqueza privada con la prosperidad colectiva. Que una gran fortuna pague menos impuestos no obliga a su dueño a contratar, a subir salarios, a abrir una fábrica o a innovar. Puede comprar activos financieros, repartir dividendos, especular con vivienda o acumular patrimonio. Puede, sencillamente, guardar el beneficio. Y eso es lo que una democracia no debe olvidar: el dinero no tiene moral social. Los impuestos, bien diseñados, sí pueden tenerla.

No es una discusión entre quienes aman el crecimiento y quienes lo detestan. El propio Fondo Monetario Internacional ha advertido de que cuando aumenta un punto la cuota de renta del 20% más rico, el crecimiento de los cinco años siguientes cae 0,08 puntos. Cuando ese punto va al 20% con menos renta, el crecimiento aumenta 0,38 puntos. La razón es elemental: una economía donde la mayoría puede consumir, estudiar, cuidarse y sostener una vida digna tiene más demanda, más estabilidad y más futuro que una donde la riqueza se apila en la cúspide.

La evidencia también niega el chantaje habitual: sin impuestos bajos para los de arriba, dicen, se marcharán los inversores, se hundirá la actividad y no habrá dinero para nada. Pero la OCDE ha concluido que un impuesto mínimo global sobre beneficios empresariales reduce los incentivos para trasladar ganancias a jurisdicciones de baja tributación, eleva la recaudación y reduce las diferencias fiscales entre países. Dicho de otro modo: la competencia a la baja no es una ley de la naturaleza; es una decisión política que los Estados pueden corregir.

En españa, el espejismo tiene mapa autonómico

España conoce bien este mecanismo. Durante años, algunas comunidades han hecho de la rebaja fiscal para grandes patrimonios una bandera, como si renunciar a ingresos públicos fuese una demostración de modernidad. No lo es. Es una carrera a la baja entre territorios que termina premiando al contribuyente con más capacidad de elegir domicilio fiscal y debilitando la financiación de todos.

El caso andaluz es especialmente revelador. La bonificación autonómica del Impuesto sobre el Patrimonio no convierte la riqueza extraordinaria en empleo, vivienda asequible o mejores servicios públicos. La legislación estatal mantiene el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y la propia Agencia Tributaria recoge el régimen transitorio andaluz mientras siga vigente. Es decir, la operación no elimina la obligación de contribuir de quienes poseen patrimonios millonarios: reordena quién recauda y alimenta el relato de que gravar la riqueza es un castigo.

Los números de 2023 son el mejor antídoto contra la caricatura. El impuesto estatal sobre grandes fortunas recaudó 623,6 millones de euros de 12.010 contribuyentes, apenas el 0,1% del total, con una cuota media de 52.000 euros. En Andalucía afectó a 865 declarantes y recaudó 29,7 millones. No se estaba exprimiendo a la clase media ni castigando el trabajo: se pedía una aportación adicional a patrimonios netos superiores a tres millones de euros.

Mientras tanto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) calcula que las rebajas tributarias permanentes aprobadas por las comunidades autónomas supondrán una pérdida acumulada de unos 1.400 millones de euros entre 2024 y 2029. Ese dinero no desaparece en una abstracción llamada “presión fiscal”. Es menos margen para reforzar una atención primaria saturada, una escuela pública que compense desigualdades, dependencia, transporte o vivienda.

El privilegio no es libertad

Conviene llamar a las cosas por su nombre. No es libertad fiscal que un multimillonario pueda reducir su aportación mientras una trabajadora paga IVA por la compra, IRPF por su nómina e impuestos indirectos por casi todo lo que necesita. No es mérito que las rentas del capital reciban un trato más amable que el salario. No es ahorro que una administración renuncie a recaudar y después recorte, privatice o deje deteriorar lo que sostiene la vida de quienes no tienen patrimonio con el que protegerse.

La fiscalidad progresiva no es una venganza contra quien tiene éxito. Es el precio de una sociedad que no acepta que el éxito de unos se financie con la fragilidad de los demás. Y es también una garantía democrática: cuando la riqueza extrema compra influencia, asesores, puertas giratorias y capacidad para escapar del impuesto, la igualdad ante la ley se vuelve decorativa.

El informe de la OCDE al G-20 reconoce que las personas de muy alto patrimonio suelen soportar tipos efectivos comparativamente bajos, que incluso pueden caer en la cima de la distribución. La realidad no es que los ricos estén demasiado gravados. Es que los sistemas fiscales parecen progresivos hasta que se llega a la cúspide, donde la ingeniería financiera y los privilegios devuelven la regresividad por la puerta de atrás.

La cuestión, por tanto, no es si debemos “castigar” a los ricos. La cuestión es por qué seguimos permitiendo que se nos venda como interés general una política que la evidencia asocia a más desigualdad y no a más empleo ni a más crecimiento. Bajar impuestos a los más ricos no es una receta para la prosperidad. Es una elección de clase. Y quienes la defienden, como Díaz Ayuso o Moreno Bonilla, deberían dejar de esconderla detrás de la palabra libertad.