La guerra contra la ciencia rara vez empieza con un discurso explícito contra los científicos. Empieza antes, y de forma más eficaz: con recortes, con silencios administrativos, con la asfixia progresiva de la universidad pública. Es el mismo patrón que ha convertido a la ciencia en un enemigo político en Estados Unidos bajo el trumpismo. Y es un patrón que hoy Isabel Díaz Ayuso replica en la Comunidad de Madrid.
En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha retomado una ofensiva frontal contra el conocimiento: recortes drásticos en organismos científicos, retirada de fondos para la investigación climática, ataques a la autonomía universitaria y persecución ideológica de áreas como la salud pública, el género o la diversidad. No se trata solo de ahorro presupuestario. Es una estrategia política: debilitar el pensamiento crítico y someter la producción de conocimiento a una lógica de poder y negocio.
En Madrid, el método es menos estridente, pero el resultado es inquietantemente parecido. Cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decide suspender en 2026 las ayudas a las tesis doctorales, no está ajustando una partida técnica ni retrasando un trámite administrativo. Está enviando un mensaje político claro: la investigación pública no es una prioridad. Y, con ella, tampoco lo son los jóvenes científicos, la innovación ni el futuro.
Los recortes nunca son solo números. Son decisiones que dibujan un modelo de sociedad. La supresión de estas ayudas deja a 250 investigadores sin contrato y sin salario. Pero el daño va mucho más allá de esa cifra. Golpea el corazón de la universidad pública madrileña, ya debilitada por años de infrafinanciación, y consolida un modelo que apuesta por la privatización del conocimiento mientras desmantela la ciencia como bien común.
Las tesis doctorales son el motor de la innovación. En ellas se genera conocimiento nuevo, se avanza en medicina, tecnología, educación o transición ecológica. Sin doctorandos no hay ciencia. Sin ciencia no hay progreso. Y cuando se eliminan las ayudas que permiten investigar, el mensaje es brutalmente claro: investigar no interesa.
La decisión del Ejecutivo madrileño supone suspender en 2026 la convocatoria de ayudas predoctorales que permitía a 250 jóvenes desarrollar durante cuatro años sus tesis con un salario modesto, pero imprescindible. Cuatro años investigando, publicando, dando clase y cotizando. Ahora, esa puerta se cierra. Toda una promoción queda en el aire. Sin contrato. Sin horizonte. Sin futuro académico.
Durante años, estas ayudas autonómicas han sido una de las principales vías de acceso a la carrera científica en Madrid. Permitían a titulados de máster incorporarse a departamentos universitarios y centros de investigación, realizar estancias internacionales y construir un currículum académico competitivo. Hoy, esa posibilidad desaparece de un plumazo.
La forma en que se ha comunicado la medida agrava aún más la situación. No hubo anuncio oficial ni transparencia institucional. Según ha informado El País, muchos potenciales solicitantes se enteraron por vías indirectas, como correos del CSIC. Asociaciones como DigniMad denuncian que cientos de jóvenes quedan atrapados en un limbo laboral, obligados a encadenar trabajos precarios ajenos a la investigación o, directamente, a abandonar el doctorado.
El Gobierno regional justifica la suspensión en la necesidad de modificar las bases de la convocatoria y promete mejoras futuras. Pero ni los plazos ni las condiciones están claras. Para los afectados, el argumento resulta poco creíble: reformar unas bases no exige saltarse una convocatoria completa ni condenar a 250 personas al desempleo académico.
La Comunidad de Madrid se ahorra algo más de 29 millones de euros. Esa es la cifra que maneja el Ejecutivo de Ayuso. Un ahorro mínimo dentro de un presupuesto autonómico multimillonario, pero decisivo para quienes dependen de estas ayudas para poder investigar y vivir.
Cada contrato predoctoral supone una inversión pública de unos 25.000 euros anuales en los primeros años. No es un gasto desorbitado. Es, de hecho, una de las inversiones más rentables que puede hacer un país: formar investigadores altamente cualificados que generarán conocimiento, innovación y riqueza.
El problema es que, sin ayudas, la investigación se convierte en un privilegio. Solo podrán hacer una tesis quienes cuenten con respaldo económico familiar o acepten trabajar gratis durante años. La meritocracia científica se rompe. El ascensor social que representaba la universidad pública se detiene.
Las plataformas universitarias lo resumen con crudeza: “Forzar dos años sin salario es forzar la salida del sistema”. La carrera científica, ya marcada por la precariedad y la incertidumbre, se vuelve directamente inviable.
Este recorte llega, además, en el peor momento posible. Las universidades públicas madrileñas atraviesan una situación crítica. La Complutense, la Autónoma o Alcalá han reducido sus propias ayudas predoctorales por falta de financiación. En algunos casos, el número de contratos se ha reducido casi a la mitad en pocos años.
Incluso cuando hay contrato, las condiciones empeoran. En la Complutense, los nuevos predoctorales cobrarán menos que los de convocatorias anteriores. El ajuste se traslada, una vez más, al eslabón más débil de la cadena.
Madrid es hoy la comunidad que menos invierte en universidad pública por estudiante y, al mismo tiempo, la que más universidades privadas concentra. No es una contradicción. Es una estrategia. La asfixia de lo público convive con la proliferación de universidades privadas que operan, en muchos casos, con exigencias investigadoras mínimas.
El trasvase es evidente: de fondos, de talento y de prioridades. El dinero público que debería sostener la investigación de excelencia se diluye en facilidades administrativas, suelo público y ventajas fiscales para un modelo educativo convertido en negocio.
El contraste con el Gobierno de Pedro Sánchez resulta incómodo para Ayuso. En 2026, el Estado destinará 124 millones de euros a contratos FPU, un 74 % más que en 2018. En 2025, el programa FPI superó los 150 millones. Mientras el Estado refuerza la ciencia, Madrid pisa el freno.
Por eso este recorte no es solo una decisión presupuestaria. Es un mensaje político. Indica qué lugar ocupa la ciencia en la agenda de la derecha madrileña y qué futuro se ofrece a quienes quieren dedicarse a investigar.
La política de Ayuso no es un caso aislado. Encaja perfectamente con lo que está ocurriendo en Estados Unidos bajo el trumpismo. Allí, Trump ha recortado más del 50 % de la financiación en algunos ámbitos científicos, ha cancelado miles de proyectos y ha expulsado a miles de investigadores del sistema. La fuga de cerebros ya es una realidad.
El patrón se repite: el negacionismo como herramienta de poder. La ciencia molesta porque cuestiona, porque introduce matices, porque desmonta consignas simples. Atacar las tesis doctorales es atacar la base del pensamiento crítico. Un doctorando aprende a dudar, a contrastar datos, a demostrar con evidencias. Justo lo contrario de la política basada en el bulo, la emoción y el enfrentamiento permanente.
Las consecuencias van mucho más allá de la universidad. Un país que no investiga pierde soberanía, depende de multinacionales para medicamentos, energía o tecnología y se vuelve más vulnerable a crisis sanitarias, climáticas y sociales. Pero hay algo aún más grave: el retroceso democrático. Una sociedad que desprecia la ciencia es una sociedad más manipulable, más frágil frente a la desinformación y menos libre.
Madrid se ha convertido en un laboratorio de esta ideología: privatizar la educación, debilitar la ciencia pública y desacreditar al experto. Lo que hoy se presenta como un recorte administrativo es, en realidad, una batalla cultural. La misma que Trump libra en Estados Unidos y que Ayuso reproduce en Madrid.
“¡Muera la inteligencia! “. El grito de Millán-Astray en la Universidad de Salamanca, en plena Guerra Civil, condensó como pocos el espíritu de quienes se alzaron contra el pensamiento racional y la libertad académica. Miguel de Unamuno le respondió con una frase que sigue atravesando la historia: “Venceréis, pero no convenceréis”.
No es solo una guerra contra la ciencia. Es una guerra contra la inteligencia, contra el pensamiento crítico y contra la democracia misma. Porque cada vez que la ciencia retrocede, el autoritarismo avanza.