Once grados dentro de un aula en Madrid. Niños y niñas con abrigo, bufanda y manos entumecidas intentando concentrarse mientras la calefacción apenas funciona. En Sevilla, cubos repartidos por el suelo porque cuando llueve cae más agua dentro de clase que en la calle. No es una exageración ni una imagen simbólica. Es la realidad reciente de la educación pública en comunidades gobernadas por Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla.
Aulas con frío glacial o con goteras. Calderas de los años 60 que apenas aguantan. Techos que filtran agua. Ratios elevadas. Falta de especialistas. Esta no es una anécdota aislada, sino la consecuencia de un modelo político muy concreto. Un modelo que reduce el esfuerzo inversor en la red pública mientras fortalece la concertada. Y cuyos efectos se sienten, literalmente, en la piel del alumnado.
Madrid, una de las regiones más ricas de España, destina a educación un porcentaje de su PIB que está entre los más bajos del país, en torno al 2,4%, claramente por debajo de la media estatal. El gasto por alumno también se sitúa por debajo del promedio nacional. No es un problema de falta de recursos globales. Es una cuestión de prioridades.
Mientras tanto, una parte muy significativa del presupuesto educativo madrileño se destina a la enseñanza concertada. La apuesta por la llamada “libertad de elección” se traduce en expansión de plazas privadas financiadas con dinero público. El resultado es que la red pública envejece, se deteriora y pierde peso relativo.
Las imágenes conocidas este invierno son difíciles de justificar en 2026. Según denuncias recogidas por medios y sindicatos, en algunos centros públicos madrileños se han registrado temperaturas de 11 grados en las aulas. Calderas obsoletas, limitaciones en el gasto de gasóleo y sistemas de aislamiento deficientes obligan a soportar condiciones impropias de un país desarrollado.
Algunos equipos directivos se ven obligados a racionar la calefacción para que el presupuesto alcance hasta final de curso. Se apaga a media mañana. Se improvisan soluciones. El profesorado hace equilibrios. Y el alumnado aprende que estudiar con frío forma parte de la normalidad.
En Andalucía, el deterioro adopta otra forma, pero el mensaje es el mismo. En municipios sevillanos como Gerena, El Castillo de las Guardas o Cazalla de la Sierra, familias y docentes han denunciado que cuando llueve, llueve dentro del aula. Filtraciones constantes, cubos en los pasillos, zonas clausuradas por riesgo.
Las protestas no surgen por capricho. Surgen porque las obras prometidas no llegan o se eternizan. Porque la sensación de abandono se acumula curso tras curso. Porque la respuesta administrativa muchas veces consiste en trasladar la responsabilidad de una institución a otra mientras el agua sigue cayendo del techo.
Andalucía tampoco alcanza la media estatal en inversión por alumno si se analiza el esfuerzo real necesario para compensar sus déficits históricos. Y, al mismo tiempo, es la comunidad que más ha incrementado en términos absolutos el gasto en educación concertada en los últimos años, con cientos de millones adicionales destinados a conciertos.
De nuevo, la cuestión no es solo cuánto se gasta, sino dónde se pone el acento. Cuando se prioriza reforzar la red concertada y no se corrigen con contundencia los problemas estructurales de la pública, el mensaje es claro: lo público deja de ser el eje central del sistema.
Las consecuencias no son ideológicas, son prácticas. Un aula a 11 grados afecta a la concentración y a la salud. Un techo con goteras transmite precariedad. Un centro con mantenimiento insuficiente deteriora la experiencia educativa. Y cuando las ratios son altas, la atención individualizada se resiente.
En ambos territorios, docentes y sindicatos alertan también de la falta de personal especializado para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. La educación inclusiva no puede sostenerse sin recursos humanos suficientes. No basta con proclamar compromiso. Hace falta inversión estable y planificación.
El transporte escolar en zonas rurales andaluzas añade otro problema. Rutas largas, reorganizaciones y quejas recurrentes complican el acceso en igualdad de condiciones. En pueblos pequeños, la escuela pública es mucho más que un edificio: es cohesión social, es futuro, es arraigo.
Desde los gobiernos autonómicos se insiste en la eficiencia y en la complementariedad entre redes. Se habla de pluralidad y libertad. Pero la libertad real solo existe cuando la red pública es fuerte, moderna y suficiente. Si lo público se debilita, la libertad se convierte en privilegio para quien puede elegir otra opción.
La educación pública ha sido históricamente el principal instrumento de igualdad de oportunidades en España. Es el espacio donde conviven estudiantes de distintos orígenes sociales y donde el talento no depende del código postal. Debilitarla tiene un coste que no aparece inmediatamente en los balances presupuestarios, pero sí en la cohesión social.
No es casual que Madrid y Andalucía, dos de las comunidades más pobladas del país, estén por debajo de la media estatal en esfuerzo inversor relativo en educación. Tampoco es casual que los problemas de infraestructuras y mantenimiento se repitan. Las decisiones presupuestarias reflejan un modelo.
Ayuso y Moreno Bonilla no compiten por ver quién tiene las aulas más innovadoras o los centros mejor equipados. Compiten, de hecho, por consolidar un sistema donde la pública pierde centralidad frente a la concertada. Y el resultado se traduce en frío, en goteras y en precariedad.
Se puede gobernar de otra manera. Se puede situar la red pública en el centro, modernizar instalaciones, reducir ratios, reforzar la inclusión y garantizar condiciones dignas en cada aula. No es una utopía. Es una elección política.
Porque cuando un niño estudia con abrigo dentro de clase o cuando una profesora tiene que colocar un cubo para recoger el agua que cae del techo, el mensaje institucional es devastador. Les están diciendo que su escuela no es una prioridad.
Y una sociedad que convierte su educación pública en algo secundario está hipotecando su futuro. Mientras continúe este modelo, la imagen será la misma: aulas heladas en Madrid, techos que gotean en Andalucía. Y una pregunta inevitable flotando en el aire: ¿de verdad esta es la educación que quieren para nuestros hijos?