Atacar al Gobierno sin propuestas: el programa de las derechas

Es la misma historia de siempre. Desde que tengo uso de razón y me intereso por la política —cuando era un chaval de apenas diez años—, nunca he visto nada atractivo en el espacio de las derechas.

En realidad, siempre ha sido el mismo bloque, aunque hoy aparezca desgajado en varias siglas que comparten posicionamientos prácticamente idénticos. Su estrategia actual no se basa en construir, sino en destruir: derribar al Gobierno legítimo sin ofrecer una sola propuesta alternativa para el país.

Escribo estas líneas porque me gusta, porque me apasiona la política y porque lo hago convencido. No lo hago porque me lo mande nadie; no me lo ha mandado nadie ni ahora ni nunca, y jamás me lo mandará nadie, me lo diga quien me lo diga y se llame como se llame. Pongan ustedes los nombres que quieran: a mí no me manda nadie porque solo me debo a mis principios, a mis ideas y a aquello que estoy plenamente convencido de que sirve para mejorar la vida de la gente. Mi compromiso político se basa en aportar, en participar, en dar ideas, en ayudar a elaborar programas o, al menos, aportar iniciativas a los mismos. Mi manera de estar en política es haciendo, moviéndome e implicándome en la medida de mis posibilidades.

La política debe ser algo activo, algo vivo; nunca algo pasivo que dejemos que los demás hagan por nosotros. Como muy bien dijo Antonio Machado: si no haces política, otros la harán por ti y, seguramente, contra ti. Y eso es algo que ya estamos viendo todos los días con la estrategia del Partido Popular y de Vox. Tengo grabado a fuego que quien milita en un partido debe intentar, con sus armas y su forma de vivir, explicar el porqué y el "para qué" de las cosas. Ese "para qué" es la finalidad de la buena política, esa que solo se demuestra cuando revierte en beneficios para el conjunto de la sociedad y no para el disfrute de unos pocos. Esa es la línea divisoria fundamental entre la izquierda y las derechas.

Por eso duele ver cómo, antes de poner el foco en la frontera, el ariete político de este espectro conservador fueron los supuestos casos de corrupción que atañen al PSOE. Hemos asistido a un acoso y derribo contra el presidente del Gobierno de la forma más cobarde y ruin imaginable: atacando a su entorno familiar a través de denuncias sustentadas en meros recortes de prensa, en lugar de aportar documentos respaldados por nuestro ordenamiento jurídico.

Es algo incomprensible en una democracia madura: se acusa y se condena mediáticamente a alguien por una insinuación o una sospecha, nunca por un hecho probado y consumado. Ahí están, como ejemplos de esta cacería, las ofensivas contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o contra David Sánchez, instrumentalizadas de inmediato por la oposición para exigir, de manera sistemática, la dimisión de Pedro Sánchez.

Ahora, el objetivo táctico es Ceuta. Ante la llegada de personas migrantes que huyen del hambre y la pobreza en busca de un futuro digno, la respuesta de las derechas no ha sido la cooperación institucional que abandera el Gobierno de España. Al contrario: intentan infligir el mayor daño posible criminalizando a los más vulnerables.

No estamos ante un debate abstracto, sino ante una realidad que esta semana ha concentrado la máxima tensión política del país. Se cumple un mes de la mayor crisis fronteriza de nuestra historia reciente, cuando los días 30 y 31 de julio entraron de forma irregular unas 72.000 personas en apenas 48 horas. Ante una emergencia de tal calibre, que exige altura de Estado, la extrema derecha de PP y Vox ha preferido incendiar las calles. Hemos visto cómo, este miércoles, instrumentalizando de manera unilateral la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han convocado concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España para utilizar el dolor de Ceuta como un burdo ariete contra La Moncloa.

Es de un cinismo insoportable. Dicen defender a Ceuta en las plazas públicas, pero les importa un bledo la realidad objetiva: ocultan deliberadamente que, gracias a la gestión del Gobierno, 70.000 de esas personas ya han sido retornadas a sus países de origen. Silencian por completo que el Consejo de Ministros acaba de aprobar un paquete histórico de 168 millones de euros en ayudas directas para sostener los servicios públicos de la ciudad autónoma y ha declarado la situación "de interés para la Seguridad Nacional" bajo un mando único institucional. Mientras el Ejecutivo despliega recursos económicos, diplomáticos y pide el apoyo formal de Frontex y la Unión Europea, los gobiernos autonómicos de la derecha se niegan en redondo a acoger de manera corresponsable a los menores migrantes, y Vox amenaza con romper pactos si se les ayuda. Prefieren asfixiar a Ceuta y agitar el miedo con tal de desgastar al Gobierno.

Asistimos a una alarmante apelación a la "caza del inmigrante", esparciendo odio, violencia, bulos y terror. Se trata de un relato alentado de forma irresponsable tanto por Vox como por el entorno de José María Aznar y la Fundación FAES —el expresidente que nos legó el conflicto de Perejil y las intervenciones en Irak y Afganistán—. La estrategia populista es transparente: fabricar mentiras, generar miedo y canalizar el descontento para arañar votos bajo la falsa promesa de "limpiar" las calles, utilizando términos abiertamente racistas y despectivos.

Lo que de verdad urge apartar de nuestras calles es la desinformación, el odio y el enfrentamiento cainita. Esas son las únicas armas de una oposición que carece de ideas, programas, capacidad de gestión y hechos demostrables en toda nuestra historia democrática. Para ellos, todo vale contra Pedro Sánchez, retratado por la derecha mediática como un "demonio con patas" o un "rojo peligroso" al que hay que eliminar, emulando la célebre frase de Luis Aragonés, "por lo civil o por lo criminal".

Lo más paradójico es que esta opción política es respaldada por millones de ciudadanos que parecen olvidar que también enferman, que necesitan educación pública para sus hijos o protección para sus familiares dependientes. Son los mismos que, cuando la izquierda no gobierna, se lamentan por el recorte de unas ayudas sociales que necesitan para subsistir. Sin embargo, para la derecha, las "paguitas" que se cuestionan nunca son las de la Fundación Disenso, las de Santiago Abascal y compañía. Esas, por lo visto, no cotizan en su indignación.

Es la vieja idea de siempre: cuando hablan de "españoles de bien", se refieren únicamente a los de su espectro político y a los que ostentan el poder económico. No conciben gobernar para todos, sino para una minoría privilegiada. En su mentalidad clasista, no cabe la idea de que el hijo de un carpintero pueda progresar, fundar su propia empresa o convertirse en un gran emprendedor gracias al esfuerzo y a la igualdad de oportunidades. Para ellos, las reglas del juego solo sirven si protegen a los suyos. Y así llevan desde el mismísimo 23 de julio de 2023, simplemente porque no contemplaban otra realidad que no fuera la llegada del Partido Popular a la Moncloa. Lo que les ocurrió entonces, y lo que les puede volver a ocurrir, es que el Partido Socialista siga gobernando porque nosotros sí creemos en la utilidad, la soberanía y la fuerza de cada voto; algo en lo que ellos nunca han creído, salvo que provenga de los suyos.

Un gobierno digno debe gobernar para todos y para todas, sin importar a quién hayan votado. Esto es una máxima democrática que aprendí hace muchos años de alguien que, para mí, ha sido uno de los mejores políticos de este país: José Bono, expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, exministro de Defensa del Gobierno de España y expresidente del Congreso de los Diputados. Deberían aplicarse el cuento, porque la democracia pertenece a la ciudadanía entera, no a un patrimonio exclusivo de las derechas. Pero conviene no olvidar una verdad incómoda: si esta gente tiene voz e influencia real para imponer su relato del odio, es por la directa responsabilidad de quienes, con su papeleta, les prestan su apoyo.