Uno de los muchos y más frecuentes errores de algunas formaciones políticas y sociales que se autodefinen como progresistas y de izquierda es considerar que la defensa y el mantenimiento de la seguridad pública no debe figurar entre sus objetivos principales o prioritarios. Se equivocan. Aunque este grave error pueda explicarse en parte en un país como el nuestro, que durante cerca de cuarenta largos años vivió sometido al terror de una dictadura impuesta por las armas y perpetuada con la ayuda decisiva de toda clase de fuerzas represivas, la seguridad pública, la seguridad que toda la ciudadanía debe tener siempre garantizada tanto dentro como fuera de sus domicilios, en las calles y plazas, en sus lugares de diversión y esparcimiento, en sus puestos de trabajo y en cualquier otro entorno, es y debe ser, siempre y en todo momento, un derecho social irrenunciable y prioritario. En especial, claro está, para aquellas fuerzas políticas y sociales que se proclaman progresistas y de izquierdas.

Con excesiva frecuencia se ha querido confundir el lema “Ley y Orden” con la pura defensa de la acción policial y judicial represiva como única forma de lucha contra el crimen e incluso, más allá, contra el simple desorden. Pero no es ni debe ser así. La absoluta supremacía de la ley es, en el contexto de un Estado democrático de derecho como por suerte es España desde hace ya más de cuarenta años -con cuantas imperfecciones y defectos podamos o queramos encontrarle, pero equiparable a cualquier otro de nuestro entorno geopolítico y cultural-, la principal y casi única defensa que los sectores más vulnerables de una sociedad tienen para enfrentarse a los excesos de los sectores con mayor influencia y poder. “Ley y Orden” debería ser patrimonio siempre de todas las fuerzas políticas y sociales progresistas y de izquierdas, porque sin ley ni orden quienes se acabarían imponiendo siempre serían los poderosos, sin posibilidad ninguna de defensa por parte de los más vulnerables.

No quiero entrar ahora en discusiones ni polémicas acerca de si hay ahora o no mayor inseguridad pública en algunas de nuestras ciudades, y en concreto en la mía, Barcelona. Hay datos y estadísticas para todos los gustos, incluso con comparaciones y equiparaciones absurdas. No obstante, es obvio que en la capital catalana existe, desde hace ya algún tiempo, una muy amplia percepción de incremento de la inseguridad ciudadana. Que algunos grupos políticos, algunas organizaciones empresariales y algunos medios de comunicación hayan contribuido de un modo u otro a aumentar esta percepción social, y que siguen y tal vez seguirán haciéndolo, es otra obviedad innegable. Pero la percepción existe y está claro que tiene motivos más que sobrados para su existencia. Negarse a reconocerlo es una solemne estupidez, como lo es siempre intentar negar la realidad. La primera obligación de cualquier institución pública es enfrentarse a la realidad tal cual es para intentar corregir o enmendar todo aquello que no funciona.

En una sociedad estrictamente liberal, o ultraliberal, al Estado apenas le correspondería alguna mínima función o responsabilidad pública, dejándolo casi todo en manos de la única ley del mercado, la de la oferta y la demanda. Del mismo modo que en una sociedad puramente comunista el Estado debería mandar en todo, controlándolo y gestionándolo absolutamente todo, lo cual se ha demostrado por suerte imposible. Ninguna de estas fórmulas políticas extremas resuelve ni resolverá jamás el problema de la seguridad pública, que en realidad en ambos tipos de sociedades acaba dejando a sus sectores más vulnerables y desprotegidos en una situación de permanente inseguridad, con frecuencia con el añadido, asimismo en ambos casos, de excesos policiales y judiciales que también suelen perjudicar a los sectores más pobres.

España se define como un Estado democrático y social de derecho. Desde esta definición constitucional, todas las formaciones políticas y sociales, y de forma especial todas sus administraciones e instituciones públicas, deben asumir de una vez por todas que los derechos sociales básicos incluyen también el derecho a la seguridad pública. En esto todas las formaciones políticas y sociales progresistas y de izquierdas deberían esforzarse al máximo. Ley y Orden, sí, al servicio de la seguridad pública, la de todos, no solo la de aquellos que se la pueden pagar. Como ocurre con otras expresiones concretas de nuestro Estado democrático y social de derecho -la sanidad, la educación, las pensiones, todos los servicios sociales-, la seguridad ciudadana es un derecho social inalienable que afecta y debe beneficiar por igual al conjunto de nuestra ciudadanía, con atención especial a los sectores más perjudicados cuando la percepción y la realidad de la inseguridad se imponen.

Ley y Orden, sí. Con medidas policiales y judiciales, evidentemente represivas o coercitivas. Pero también con importantes medidas sociales, educativas, culturales y de reinserción social. Si las fuerzas progresistas y de izquierdas hacen dejación de sus responsabilidades políticas en este terreno, dejarán el camino expedito para que avancen y se acaben imponiendo las proclamas de la derecha más extrema. Aunque ello comporte un mayor incremento de inseguridad social, con recortes drásticos en los servicios públicos que afecten de forma especial a los sectores más vulnerables.