Castilla y León lleva 39 años gobernada por el PP. Casi cuatro décadas de poder sin relevo. Una generación entera. Y la pregunta que cada vez más gente se hace es sencilla: lo que no hicieron en 40 años, ¿por qué iban a hacerlo ahora? Cuando un gobierno ha tenido todo el tiempo del mundo para cambiar las cosas y los problemas siguen ahí —o son peores—, la continuidad deja de ser estabilidad y empieza a parecer resignación.
No es una frase de campaña. Es una sensación que se palpa. En los centros de salud donde cuesta conseguir cita. En los pueblos que pierden su escuela. En las familias que esperan una ayuda a la dependencia que no llega. En los jóvenes que se marchan porque no ven futuro. Después de casi cuatro décadas, el balance ya no se puede esconder detrás de la palabra “experiencia”. La experiencia sirve si mejora la vida de la gente. Si no, es rutina.
Las encuestas reflejan ese desgaste. El último barómetro del CIS sitúa al PP de Alfonso Fernández Mañueco en empate técnico con el PSOE. No es un susto puntual. Es la señal de que algo se mueve. Cuando un partido gobierna tanto tiempo, cada error pesa más y cada carencia se acumula.
Además, el PP ya no compite solo con la izquierda. También tiene presión por la extrema derecha. La entrada de Vox en el Gobierno autonómico en 2022 no le dio más fuerza, sino más dependencia. La imagen que se ha proyectado es la de una derecha dividida, obligada a negociar cada paso. Eso no transmite estabilidad, transmite debilidad.
Pero más allá de las siglas, lo importante es la gestión. Y en sanidad los datos hablan por sí solos. Castilla y León cerró 2024 con más de 37.000 personas en lista de espera para una operación, según cifras oficiales recogidas por la prensa regional. El tiempo medio para operarse supera los 110 días, y en algunos hospitales es bastante más. En especialidades como traumatología, hay pacientes que esperan varios meses solo para la primera consulta.
En una comunidad donde uno de cada cuatro vecinos tiene más de 65 años, esto no es un detalle menor. La población es mayor y necesita más atención. Sin embargo, faltan profesionales. Los sindicatos llevan tiempo avisando de la falta de enfermeras y del envejecimiento de los médicos. Más del 30% de los facultativos tiene más de 55 años. Se acercan jubilaciones masivas y no hay un plan claro que garantice el relevo.
En el medio rural la situación es todavía más complicada. Hay consultorios que solo abren uno o dos días por semana. Plazas que se quedan vacantes durante meses. Vecinos que tienen que desplazarse muchos kilómetros para algo tan básico como una consulta. En una comunidad tan extensa y dispersa como Castilla y León, debilitar la atención primaria es golpear directamente a los pueblos.
Otro dato preocupante: alrededor de una cuarta parte de la población ya tiene seguro sanitario privado, según datos del sector asegurador publicados en prensa económica. Cuando uno de cada cuatro ciudadanos paga una póliza para asegurarse atención rápida, algo está fallando. No es ideología, es una reacción práctica ante las listas de espera.
En educación, el problema es la despoblación. En la última década Castilla y León ha perdido más de 30.000 alumnos. Como consecuencia, han cerrado decenas de unidades escolares en pequeños municipios. Cada aula que se apaga es un servicio menos y un motivo más para que una familia se plantee marcharse.
Al mismo tiempo, en algunas capitales se denuncian ratios altas y falta de inversión suficiente en infraestructuras. Es cierto que la comunidad suele obtener buenos resultados académicos en comparativas nacionales, pero eso no puede tapar la realidad de muchos pueblos donde mantener la escuela es una lucha constante. La igualdad de oportunidades no puede depender del código postal.
La dependencia es otro punto clave. Castilla y León suele aparecer bien situada en porcentaje de cobertura, pero eso no significa que el sistema funcione sin problemas. Los últimos datos del IMSERSO muestran que miles de personas siguen esperando valoración o prestación. Y cada año hay personas que fallecen antes de recibir la ayuda que les corresponde. Detrás de cada expediente hay una familia que asume cuidados intensivos sin apoyo suficiente.
En una de las comunidades más envejecidas de Europa, la dependencia no es un asunto secundario. Es una necesidad diaria para miles de hogares. Y cuando los trámites se alargan durante meses, la carga recae en hijos, hijas y cónyuges que ya están al límite.
A todo esto se suma el desgaste por casos judiciales como la conocida Trama Eólica, el mayor caso de presunta corrupción en la historia autonómica, con ex altos cargos procesados por supuestas mordidas en la adjudicación de parques eólicos. Después de tantos años en el poder, las redes y las inercias pesan. La confianza ciudadana también se resiente.
El PP siempre habla estabilidad, pero su estabilidad es que todo siga igual y que nada cambie. Castilla y León ha perdido más de 150.000 habitantes en las últimas dos décadas. Es una comunidad más envejecida y más despoblada que hace veinte años. Ese es el resultado.
El escenario político ahora es distinto. Las encuestas apuntan a empate. La derecha está fragmentada. Y el PSOE aparece como alternativa real después de casi cuatro décadas de hegemonía popular. No se trata de etiquetas ideológicas. Se trata de evaluar resultados con honestidad.
Si las listas de espera siguen creciendo. Si faltan médicos y enfermeras. Si las escuelas rurales siguen cerrando. Si la dependencia acumula retrasos. Si los jóvenes siguen marchándose. Si uno de cada cuatro ciudadanos opta por un seguro privado, la pregunta es inevitable.
Después de 39 años, ¿qué razones objetivas hay para pensar que el próximo mandato será diferente? La democracia consiste precisamente en eso: en poder cambiar cuando lo que hay no funciona.
Castilla y León se enfrenta a una decisión importante. Seguir igual o intentar algo distinto. Y ante ese dilema, la pregunta vuelve a imponerse, clara y directa: si en casi 40 años no han resuelto los problemas de fondo, ¿para qué votar otra vez lo mismo?