Nueve semanas. Ese es el tiempo que queda hasta las próximas elecciones municipales en España. Para la mayoría medios, el atractivo de estos comicios reside en que serán un plebiscito de cara a las elecciones generales de final de año. El duelo nacional acapara el interés de radio, televisión y prensa. ¿Hacemos bien en subestimar estos comicios?

Las competencias de los municipios en nuestro país son limitadas si se comparan con la Administración General del Estado o con las administraciones de las comunidades autónomas. El uso del suelo, el mantenimiento de parques, el acondicionamiento de jardines, el suministro de agua, el transporte público o la gestión de impuestos son algunas de las responsabilidades asignadas a las entidades locales en España; competencias que están más relacionadas con la administración y la gestión cotidiana que con la promoción y el desarrollo de políticas públicas transformadoras.

Sin embargo, en los últimos años hemos constatado que la planificación municipal juega un papel clave a la hora de hacer frente a los desafíos globales más críticos. Hemos comprobado que la gestión urbana puede ser tan efectiva como la ejecución de un programa político a gran escala. Y hemos observado que la introducción de cambios en el funcionamiento y la planificación de estos núcleos urbanos puede mejorar la calidad de vida de muchas personas y tener un impacto significativo en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Durante los últimos doscientos años, los españoles nos hemos ido concentrando en núcleos urbanos. La organización del espacio y la ordenación política del municipio es cada vez más importante. En primer lugar, por su relevancia y trascendencia, ya que el número de personas afectadas por estas políticas locales es cada vez mayor. No tiene el mismo impacto establecer una tasa turística en una pequeña comunidad de apenas decenas de habitantes que hacerlo en una metrópolis de cientos de miles de personas. En segundo lugar, porque una de las paradojas de nuestra época es que, aunque enfrentemos desafíos globales que trascienden fronteras, debemos abordarlos de forma local.

Desde las elecciones municipales de 2019, el mundo ha afrontado situaciones dramáticas, como la pandemia de coronavirus y los efectos de la crisis climática. Estos eventos han evidenciado la importancia de que los ayuntamientos cuenten con planes de contingencia para proteger a los más vulnerables en circunstancias excepcionales e imprevistas.

Aunque ciudades como Madrid han desarrollado protocolos de protección ante futuras pandemias, estos planes no deberían limitarse a este tipo de crisis. Los municipios disponen de recursos para ofrecer a las familias asistencia económica, social, alimentaria y energética en circunstancias excepcionales. Los ayuntamientos, especialmente los de las áreas más pobladas, deben responder de manera eficaz a situaciones extremas e imprevistas. No se pueden permitir nuevamente situaciones como las colas del hambre y de la vergüenza, que se extendían alrededor de comedores sociales o iglesias durante el confinamiento.

Otro reto que tienen por delante los municipios es adaptar los núcleos urbanos a una población cada vez más envejecida. La planificación habitacional y la concesión de licencias debe permitir a la tercera edad llevar una vida independiente. Los servicios esenciales que requieren las personas mayores deben estar cerca de sus domicilios y el transporte municipal debe ser accesible, en distancia y en precio. Todo esto lo puede hacer un ayuntamiento a través de sus concejalías de urbanismo, movilidad y su departamento de licencias y autorizaciones.

La vivienda representa un desafío estructural en nuestro país. Junto al paro juvenil sistémico y el incremento de la desigualdad, es el problema más urgente al que nos enfrentamos en España. Limitar los precios del alquiler no resuelve el problema de la vivienda. Eso podría hacer que algunos propietarios retiren sus inmuebles del mercado del alquiler, reduciendo la oferta y elevando los precios. Para asegurar la reducción de precios, debemos aumentar la oferta de viviendas en alquiler y complementarla con viviendas de alquiler social o asequible gestionadas por las administraciones públicas.

Muchos ayuntamientos tienen terrenos donde se podría construir vivienda asequible. Además, existen entidades con vivienda en propiedad con las que se podría llegar a grandes acuerdos de cesión de paquetes de viviendas para alquiler social a cambio de un honorario por debajo del precio de mercado. Son las soluciones que se me ocurren en este momento, pero estoy seguro de que los ayuntamientos pueden contribuir de manera significativa a solucionar el problema de la vivienda en España con otras medidas. Otra razón para tomarse en serio las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. 

La mayoría de las ciudades europeas fueron diseñadas a principios de siglo XX, en una época en que las necesidades sociales eran diferentes a las actuales. Por otro lado, muchas de las infraestructuras, como tuberías, alcantarillado o conexiones de transporte, están quedando obsoletas. Además de la obsolescencia de la infraestructura de nuestros municipios, existen en las ciudades espacios inutilizados o infrautilizados que podrían ser aprovechados como aulas formativas o bibliotecas públicas equipadas con ordenadores para ayudar a reducir la brecha digital educativa que afecta a un porcentaje significativo de niños en áreas urbanas. El Mercado de Frutas de Legazpi, en Madrid, lleva más de 30 años cerrado, y si algún día se acomete su reforma, podría reservarse algún espacio para este tipo de proyectos.

Esta inversión en infraestructura puede llevarse a cabo mediante financiación europea. Actualmente nos encontramos en fase de selección de proyectos para los Fondos FEDER (2021-2027), en los que España ha recibido más de 36.000 millones de euros en ayudas provenientes de la Unión Europea. La normativa de estos fondos establece que el 8% del dinero tiene que destinarse a proyectos seleccionados por los ayuntamientos, en función de sus estrategias y prioridades. Por ello, los ayuntamientos deben movilizarse y coordinarse con las Comunidades Autónomas para implementar estos proyectos. En la última convocatoria de fondos FEDER (2014-2020), España apenas utilizó el 26% del presupuesto asignado. Un criterio importante para decidir el voto en las próximas elecciones municipales será, al menos en mi caso, que los equipos de campaña de los futuros alcaldes y alcaldesas presenten proyectos inclusivos, innovadores y transformadores financiados por estos fondos.

Madrid es un ejemplo de ciudad en auge, con una economía próspera que, gracias a la iniciativa privada, ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Sin embargo, hay otras ciudades en situación opuesta. La transición industrial y ecológica ha provocado la contracción económica de importantes municipios industriales, como As Pontes en A Coruña. Existe un fondo de transición justa proveniente de Europa, siendo los proyectos de reindustrialización de los ayuntamientos clave para maximizar las oportunidades de reconversión industrial en estas ciudades y sus áreas de influencia.

Existen otros desafíos que enfrentan los municipios y ciudades, como la consolidación de la economía circular en la prestación de servicios públicos, la regulación del transporte urbano, la reducción de la contaminación urbana, las zonas de bajas emisiones, la protección del comercio local, las redes de transporte, la lucha contra la despoblación en municipios de la España vaciada y la creación de pulmones verdes en las ciudades. Todos estos temas estarán presentes en la agenda política local y tendrán un impacto significativo en el futuro de quienes habitan en zonas urbanas.

No pretendo restar importancia a las elecciones generales, pero desestimar la relevancia de los comicios municipales del próximo 28 de mayo me parece frívolo. Son más que un plebiscito. Los municipios se han consolidado como un vector transformador de la sociedad y desempeñan un papel crucial en los desafíos que enfrentamos como sociedad. El grado de responsabilidad con el que abordemos estos retos y la seriedad con la que votemos los ciudadanos determinarán nuestro éxito en una lucha global, cuyas batallas se están librando a nivel local y municipal en ciudades y pueblos de toda España.