En la Andalucía de Moreno Bonilla, el contraste entre propaganda y prioridades reales ha alcanzado un nuevo nivel de cinismo. Mientras casi medio millón de niños andaluces carecen de pediatra asignado en su centro de salud; mientras miles esperan una operación quirúrgica; mientras hay vacunas que los padres deben pagar de su bolsillo, el presidente de la Junta presenta con entusiasmo su última medida “estrella”: una deducción fiscal de hasta 100 euros por gastos veterinarios. Eso sí, solo para que las clases medias-altas puedan desgravarse el tratamiento del perro o del gato. La imagen es tan elocuente como brutal: 100 euros para tu perro, cero pediatras para tu hijo.
No se trata de una crítica contra los animales, ni mucho menos. Las mascotas forman parte de millones de hogares y merecen cuidado y atención. Pero cuando un gobierno autonómico presume de apoyar a quienes tienen animales mientras abandona lo más básico —la salud infantil—, el problema no está en las mascotas, sino en las prioridades políticas. La medida fiscal suena amable, moderna y sensible. Pero bajo ese envoltorio, lo que hay es una maniobra de distracción: titulares simpáticos para tapar una realidad mucho más cruda.
Esa realidad empieza en los centros de salud de Andalucía, donde hoy más de 480.000 menores no tienen asignado un pediatra. Sus padres deben recurrir a médicos de familia —sobrecargados y sin especialización pediátrica— o acudir a urgencias colapsadas por la falta de atención primaria. De los 1.515 centros de salud que existen en la comunidad, solo 540 cuentan con un pediatra en plantilla. El resto dependen de sustituciones, contratos eventuales o, simplemente, no tienen cobertura. En muchos municipios rurales, el pediatra es un lujo inexistente.
La situación se agrava cada verano, cuando las vacantes por vacaciones se multiplican. Este año, provincias enteras como Cádiz, Huelva o Jaén no lograron cubrir ni una sola plaza vacante de pediatría. El gobierno autonómico ofertó 187 plazas en Atención Primaria, pero solo 7 fueron cubiertas. ¿La razón? No es que no haya pediatras: es que nadie quiere aceptar contratos precarios, con jornadas extenuantes, guardias interminables y sueldos que no compensan el desgaste. Los profesionales andaluces se marchan a otras comunidades o al extranjero en busca de condiciones dignas.
A este abandono estructural se suma otro golpe silencioso pero devastador: la exclusión de vacunas fundamentales del calendario andaluz, como la del rotavirus, recomendada por pediatras y sociedades científicas para prevenir una de las gastroenteritis más graves que afectan a los lactantes. En Andalucía, esa vacuna no está financiada por el sistema público, salvo para prematuros nacidos antes de la semana 32. Moreno Bonilla prometió que en 2025 se financiaría para todos los bebés, pero hasta ahora no lo ha cumplido. Las familias deben desembolsar cerca de 300 euros por las tres dosis necesarias. Quien puede, las compra. Quien no, se arriesga. En una comunidad con altos niveles de pobreza infantil, esta brecha sanitaria es, sencillamente, inaceptable.
Pero además hay cifras que hieren. Lo que está ocurriendo en el Hospital Materno Infantil de Málaga no es solo una vergüenza, es una atrocidad política y moral. Según denunció el sindicato SATSE, en julio había 10.400 niños en lista de espera quirúrgica, con 79 camas pediátricas y neonatales cerradas. Intervenciones canceladas el mismo día en que los pequeños llegan en ayunas para ser operados. Señor Moreno Bonilla, ¿de verdad hay derecho a esto?
Y mientras tanto, el gobierno del PP en la Junta lanza campañas de imagen sobre una deducción de 100 euros para gastos veterinarios. Una medida que, en la práctica —a pesar del autobombo— beneficiará a muy pocos andaluces. Solo a los de rentas medias y altas. Las familias que no alcanzan los ingresos mínimos para declarar el IRPF no verán ni un euro. Además, el impacto real es mínimo: una consulta veterinaria o una cirugía común supera ampliamente esa cantidad. Sin descartar que esta deducción traiga como consecuencia que las aseguradoras terminen subiendo las pólizas obligatorias para perros, y el negocio privado vuelva a salir beneficiado.
Este patrón no es nuevo. Desde que Moreno Bonilla llegó al poder, ha construido un modelo fiscal regresivo: recortes en impuestos que benefician a grandes patrimonios —como el de sucesiones y donaciones— mientras los servicios públicos se deterioran visiblemente. A cambio, se lanzan pequeñas deducciones simbólicas que maquillan el desmantelamiento de la red pública. Se trata de una estrategia ideológica clara: debilitar lo público para justificar lo privado.
La sanidad infantil es uno de los grandes ejemplos de esta estrategia. Sin inversión suficiente en Atención Primaria, sin planificación a medio plazo, sin incentivos reales para retener talento médico, Andalucía se ha convertido en una de las comunidades con peor cobertura pediátrica del país. Las consecuencias son directas: niños que esperan semanas para una cita, urgencias que se colapsan con casos que deberían atenderse en consulta, padres que viajan horas para que un especialista vea a sus hijos.
Y mientras tanto, en el Palacio de San Telmo, la Junta se felicita por impulsar políticas “modernas” como la deducción veterinaria. Una medida que puede sonar bien en redes sociales, pero que no responde a ninguna urgencia real ni mejora la vida de la mayoría social. ¿Qué dice de un gobierno que permite que vacunar a un bebé cueste 300 euros, pero que celebra una rebaja fiscal de 100 euros para mascotas?
Incluso en el ámbito interno de la Junta, las prioridades quedan claras: mientras se niega financiación para ampliar el calendario vacunal o para mejorar los contratos de los sanitarios, hay “casas gratis” para los altos cargos, se bajan impuestos a los millonarios y el presidente se sube su sueldo dos veces en año. La ecuación es simple: los de arriba cobran más, los ricos pagan menos, y los niños esperan.
La Andalucía real, esa que no aparece en los vídeos institucionales, es la de madres angustiadas buscando un pediatra, padres que piden días libres para desplazarse a otra localidad, bebés que no reciben vacunas recomendadas por falta de recursos. Una Andalucía donde el derecho a la salud infantil se ha convertido en una cuestión de renta. Si puedes pagar, tendrás atención. Si no, dependerás de un sistema cada vez más abandonado.
Cuando dentro de unos años se analice el legado de Juan Manuel Moreno Bonilla, pocos recordarán su deducción por mascotas. Lo que quedará será el deterioro de la sanidad pública, la precarización de los profesionales y la foto imborrable de medio millón de niños sin pediatra. Esa será su verdadera herencia política.
Andalucía no necesita titulares en falsete. Exige un gobierno que garantice pediatras en cada centro de salud, que financie todas las vacunas esenciales, que defienda lo público con hechos, no con eslóganes. Porque la salud de un niño no puede depender del marketing. Ni de la propaganda.