El balance de las consultas y reclamaciones planteadas por los consumidores en FACUA durante el último año pone de manifiesto que las compañías energéticas no solo ocuparon un lugar protagonista por sus históricas subidas de las tarifas, sino por una larga lista de abusos y fraudes.
Son graves y crecientes irregularidades ante las que las administraciones competentes no están haciendo su trabajo. Salvo que su trabajo consista en mirar hacia otro lado.
Las energéticas han pasado de estar fuera de las cinco primeras posiciones en el ranking de reclamaciones en 2020 a escalar hasta la cuarta en 2021 y ocupar la segunda el año pasado. Las compañías de electricidad y gas provocaron el 15,5% en 2022.
Y si las energéticas no escalaron hasta el primer puesto este último ejercicio fue por una situación coyuntural: la unión de numerosos consumidores a las acciones judiciales de FACUA contra el cártel de fabricantes de automóviles que llegó a acuerdos para inflar sus precios entre 2006 y 2013. Por primera vez, el sector de la automoción ha ocupado la primera posición en el podio del fraude.
Donde sí alcanzaron la primera posición fue en las consultas formuladas por los consumidores para saber si las prácticas que estaban sufriendo vulneraban la legislación. Nada menos que el 17,8% tuvieron relación con las empresas del sector de la energía.
Las compañías de luz y gas están provocado multitud de denuncias, motivadas por diez tipos de irregularidades:
- Aplicar tarifas distintas a las ofertadas.
- Colar en las facturas seguros no solicitados de mantenimiento y reparaciones eléctricas.
- No enviar los recibos reiteradamente, impidiendo a los usuarios conocer si les están aplicando las tarifas correctas.
- Intentar cobrar de una sola vez esos recibos acumulados sin informar del derecho a abonarlos en tantos meses como hayan tardado en emitirlos.
- Subidas tarifarias antes de transcurrir el año de duración del contrato o sin informar con el preceptivo mes de antelación.
- Falsas acusaciones de fraude a los consumidores, asegurando que han trucado los contadores para exigirles el pago de elevadas penalizaciones. Y ello sin que un técnico independiente haya revisado el equipo de medida en presencia del usuario. Y sobre todo, sin que el cliente fuese la única persona con acceso al contador, por lo que de existir realmente la manipulación, cualquiera podría haberla cometido.
- Aplicar penalizaciones por darse de baja antes de la finalización del año de contrato sin haber informado previamente al cliente de su existencia.
- Seguir emitiendo recibos al consumidor después de que hubiese solicitado la baja.
- Retrasos en el cambio de comercializadora solicitado, sobre todo en las solicitudes de contratación de la tarifa regulada de gas natural, la TUR, que se traduce en facturas que representan entre la mitad y la tercera parte que las de las ofertas del mercado libre.
- Negativa a indemnizar tras largos cortes de suministro por problemas en las instalaciones de las compañías. Apagones que derivan no solo en las obvias molestias, sino en alimentos que acaban en la basura, con los consiguienes perjuicios económicos.
¿A qué esperan tanto los ministerios de Consumo y Transición Ecológica como las autoridades autonómicas competentes en protección de los consumidores y energía para adoptar medidas contundentes contra estos fraudes? ¿Acaso a sus responsables no les preocupa que la economía de los consumidores se vea gravemente erosionada no ya por precios inflados, sino también por prácticas fraudulentas ante las que apenas existen respuestas sancionadoras?
