El ya lejano 1 de enero de 2023 debía ser un punto de inflexión para la calidad del aire en España. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, todos los municipios de más de 50.000 habitantes debían establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir la circulación de vehículos contaminantes. Tres años después, la realidad es demoledora: a principios de 2026, de los 153 municipios obligados, 109 aún no han activado su ZBE, es decir, el 66%. Valencia, Murcia, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria y Vitoria, todas ellas muy por encima del umbral legal de población, figuran en la lista. No se trata de dificultades técnicas, sino de un fracaso sistémico en la ejecución.
El señuelo del "en trámite": la dilación administrativa como escudo político
En los datos oficiales, 89 municipios (el 81,6% de los que no han activado su ZBE) aparecen clasificados como "en trámite". Este aparentemente neutro término administrativo esconde un hecho incómodo: "en trámite" significa papeleo, reuniones, borradores revisados, todo menos que haya un solo vehículo contaminante restringido en la calzada. Otros 20 municipios están directamente "pendientes", sin molestarse siquiera en guardar las apariencias.
Más llamativo aún: en todo 2025 solo 8 ciudades se sumaron efectivamente a la lista de ZBE activas. Tres años son suficientes para construir una prolongación de metro, pero no para que la mayoría de las ciudades delimite una zona restringida. Cuando "en trámite" puede prorrogarse indefinidamente, deja de ser la descripción de un procedimiento administrativo para convertirse en un eufemismo de la cobardía política.
Miedo judicial y "minimalismo" como teatro de cumplimiento
Las ciudades que a duras penas han establecido una ZBE tampoco merecen muchos elogios. Varias han optado por una estrategia de "cumplimiento mínimo": delimitar la zona restringida en áreas ya peatonalizadas o con tráfico escaso, con una superficie tan reducida y unas restricciones tan laxas que difícilmente producirán un impacto medible en la calidad del aire.
Ecologistas en Acción ya ha llevado a los tribunales a Valladolid, Santander y Alicante, acusándolas de "regresión ambiental" y "fraude de ley". Al mismo tiempo, los reveses judiciales sufridos anteriormente por Madrid y Barcelona han generado un efecto disuasorio.
Quien incumple, no es sancionado, y quien cumple, no es recompensado
El reglamento de la ZBE de Madrid fue parcialmente anulado por los tribunales, y la primera normativa de Barcelona también fue rechazada judicialmente. Esto ha llevado a los municipios que llegaron después a invocar la "prudencia jurídica" para justificar una dilación indefinida. El caso de Zaragoza es especialmente paradigmático: su ZBE existe sobre el papel, pero se ha reconvertido en una restricción que solo se activa en los picos de contaminación, degradando de facto una herramienta de reducción de emisiones permanente a un simple interruptor de emergencia. Cuando el objetivo de diseño de una ciudad es "evitar ser demandada" y no "reducir emisiones", la salud pública se convierte en la variable menos prioritaria.
El coste sanitario y el vacío de responsabilidad
El coste de este juego de dilación no es abstracto. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que solo en la UE unas 327.000 personas murieron prematuramente en 2021 por la contaminación atmosférica. Cada día que se retrasan las restricciones de circulación en las ciudades españolas prolonga la exposición de los residentes a los óxidos de nitrógeno y las partículas. Sin embargo, los mecanismos de rendición de cuentas son prácticamente inexistentes.
Aunque el Gobierno central endureció las normas en noviembre de 2026, exigiendo a los ayuntamientos demostrar que su ZBE "funciona efectivamente" y aplicar de inmediato el régimen sancionador, sin periodos transitorios, durante los tres años anteriores las ciudades incumplidoras no sufrieron consecuencia fiscal o jurídica sustancial alguna.
Como preguntaba un editorial de El País: los gobiernos locales "se escudan en excusas normativas o razones topográficas", mientras el Gobierno, pese a disponer de los instrumentos legales, no ha vinculado las subvenciones al transporte municipal con la puesta en marcha efectiva de la ZBE. El resultado es que quien incumple no es sancionado y quien cumple no es recompensado, mientras la salud pública se deteriora bajo la sombra de la inercia administrativa.
La transición verde no funciona
La ZBE no es un adorno ecologista, sino una herramienta de base para la gestión de la calidad del aire urbana. Cuando dos tercios de los municipios obligados optan por la inacción, cuando "en trámite" se convierte en una promesa que nunca necesita cumplirse y cuando el riesgo judicial se esgrime como razón legítima para rechazar la reducción de emisiones, lo que se daña no es solo la autoridad de la ley, sino la calidad de cada respiración de millones de residentes urbanos. Si ni siquiera se puede trazar una línea de prohibición medible, la tan cacareada transición verde en estas ciudades no es más que un eslogan impreso en un folleto propagandístico.
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