El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha dictado una resolución histórica que frena en seco el ambicioso plan de Renfe Viajeros para crear una filial de autobuses mediante un macroconcurso valorado en 923 millones de euros. La sentencia, notificada el pasado viernes, estima íntegramente los recursos presentados por ANETRA y FENADISMER, que denunciaron un pliego diseñado para excluir al 99% del sector, compuesto mayoritariamente por pymes y autónomos.

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Nulidad del procedimiento de RENFE

El fallo judicial, que declara la nulidad del procedimiento y obliga a retrotraer las actuaciones, identifica siete irregularidades sustanciales que vicían de origen el contrato. Entre ellas destacan la ausencia de justificación para crear una sociedad mixta con participación privada mayoritaria, la falta de división en lotes que impedía la participación de empresas locales y la imposición de requisitos de solvencia desproporcionados, como exigir una facturación mínima de 75 millones de euros y la posesión de 500 autobuses en propiedad.

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Falta de transparencia

El Tribunal censura también la vulneración de los plazos legales, al plantear una vigencia de 15 años cuando la normativa establece un límite de 8, y la omisión de la publicación preceptiva en el Diario Oficial de la Unión Europea, un requisito que acarrea la nulidad automática. Igualmente, señala la falta de transparencia en el cálculo del presupuesto base, que no desglosaba adecuadamente los costes directos e indirectos.

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La patronales salvaguardan sus intereses

La resolución supone un respaldo sin precedentes a las reclamaciones de las patronales, que han logrado salvaguardar el tejido empresarial del transporte de viajeros por carretera frente a lo que califican como "barreras de entrada desorbitadas".

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Renfe deberá ahora replantear desde cero su estrategia para el transporte alternativo, ajustándose estrictamente a los principios de concurrencia, transparencia y proporcionalidad que rigen la contratación pública.

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