La posición española suena firme, pero conviene examinar sus cimientos. Siete países, entre ellos España, se oponen a suavizar el objetivo de emisiones para 2035. Alegan que mantener la regla da certidumbre a una industria que ya ha invertido miles de millones en electrificación. El argumento parece impecable: la ley no se cambia a mitad de partida.
El medioambiente puede convertirse en un mero acompañante
Sin embargo, el sentido crítico obliga a preguntarse: ¿certidumbre para quién? Para Volkswagen, Stellantis y Renault, ciertamente. Pero la política climática no debería consistir en no molestar a los grandes fabricantes. Si la razón última para vetar los motores de combustión es no defraudar las expectativas de inversión corporativa, entonces el medioambiente se convierte en un acompañante, no en el protagonista.
La certidumbre no puede ser excusa para la rígidez
Se da por supuesto que el coche eléctrico individual es la única solución. Nadie pregunta si el modelo de propiedad privada del automóvil, aunque sea con baterías, sigue siendo sostenible en términos de congestión, materiales críticos y desigualdad territorial.
España ha apostado fuerte por fábricas de baterías en Sagunto o producción electrificada en Martorell. Esa apuesta es legítima, pero no debería blindarse frente a cualquier debate técnico. La certidumbre no puede ser excusa para la rigidez.
La clave puede estar en los combustibles sintéticos
Finalmente, conviene recordar que Bruselas solo baraja una flexibilización modesta: pasar del 100% de reducción al 90%, permitiendo un 10% de combustibles sintéticos. No es un retroceso al diésel. Calificar eso como "presión" resulta exagerado. España y sus socios confunden firmeza con inmovilismo, y eso no es defensa del clima, sino defensa de unos balances ya escritos.
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