La Justicia dice 'no' a las multas de Madrid Central, pero el Ayuntamiento se queda con tu dinero

La sentencia del Tribunal Supremo que anuló la ordenanza de Madrid Central por defectos formales —falta de información pública y de memoria económica— no ha servido para que los conductores multados recuperen su dinero. El Ayuntamiento de Madrid ha sido tajante: solo dejará sin efecto las multas pendientes de pago, mientras que las ya abonadas no serán devueltas alegando que la anulación no tiene efecto retroactivo. Una postura que, cuando menos, resulta cuestionable desde el punto de vista de la justicia material.

Un mes para tramitar el recurso

Quienes aún tienen multas sin pagar disponen de un plazo de un mes desde la notificación para presentar un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, aunque el plazo real y efectivo para alegar suele reducirse a veinte días naturales. El argumento central es que la ordenanza que sustentaba la sanción ha sido declarada nula de pleno derecho, lo que priva de cobertura jurídica a la sanción impuesta. Quienes ya pagaron lo tienen más complicado, pero no imposible: cabe interponer una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, una vía que exige acreditar el daño causado por una normativa ilegal y que el Ayuntamiento debe resolver en el plazo de tres meses. También existe la posibilidad de solicitar la revisión de oficio, una vía ciertamente incierta y lenta que puede acabar en los tribunales

Doble moral administrativa

Lo más criticable de todo este asunto es la doble moral administrativa: el Ayuntamiento anula de oficio las multas que no le suponen coste alguno —las pendientes de cobro—, pero se aferra a la jurisprudencia para no devolver ni un euro de lo ya recaudado. La vicealcaldesa ha llegado a afirmar que la nueva ordenanza aprobada en marzo de 2026 deja sin efecto la sentencia, mientras la oposición exige la devolución íntegra de todas las multas. La pregunta que cualquier ciudadano debería hacerse es por qué una norma declarada ilegal sigue generando efectos económicos para quien la aplicó. Guardar la notificación, el justificante de pago y las fechas es imprescindible para reclamar. La justicia ha hablado, pero el consistorio parece haber decidido escuchar solo lo que le conviene.