Vertebra "una parte importante” del argumentario político de VOX, pero se basa en el “falseamiento y la manipulación de datos e informaciones diversas", que persiguen “establecer supuestas relaciones de causa-efecto entre inmigración ilegal y delincuencia urbana, población extranjera y violaciones en grupo, o el coste del funcionamiento del Estado de las Autonomías".

Lo denuncian en un manifiesto más de 2.500 científicos sociales, cuyo texto ha publicado en Twitter el doctor en Antropología Social Alberto Corsín, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y que suscriben científicos sociales de universidades y organismos de investigación de toda España, así como de Francia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil o Suecia.

"Una y otra vez, periodistas, analistas y científicos sociales han demostrado que el uso que Vox hace de datos e informaciones es, en el mejor de los casos, erróneo, cuando no directamente ejercicios de descontextualización intencionada, manipulación y falseamiento", mantiene el documento, del que se deduce una “estrategia" del partido que lidera Santiago Abascal de "revestir con datos supuestamente objetivos y contrastados lo que es simplemente una agenda ideológica de nacionalismo extremo basado en la intolerancia, el racismo y la xenofobia". También otros partidos son a veces "poco cautelosos" con la presentación o interpretación de datos, mantiene el texto. Pero en el caso de Vox, hay "una estrategia calculada, sistemática y recurrente que parece imparable en estos momentos".

Una estrategia que, a juicio de los firmantes, no solo deteriora "las bases de nuestra convivencia mediante el recurso insistente a la mentira y la distorsión de los datos existentes", también "atenta, desprestigia y tergiversa el trabajo de miles de investigadores sociales", señala el comunicado.

Sobre esos datos falsos, agrega el texto, "han construido propuestas políticas que implican la criminalización y expulsión de los inmigrantes, el desmantelamiento de las políticas de igualdad, la negación de la violencia de género, la limitación del autogobierno y del Estado de las Autonomías o la ilegalización de ideas y partidos políticos".

El texto apela así a los medios de comunicación, a los que recuerda su "obligación profesional" de contrastar las afirmaciones de "políticos y opinadores" cuando se basan, "supuestamente, en datos, estudios o investigaciones sociales".