Hasta ahora, así ocurría. Pero según ha informó la pasada la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en su perfil de Facebook, el Cermi Estatal (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ONCE, CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas (Confederación Estatal de Personas Sordas) y Fiapas (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) están trabajando para revocar la reciente modificación introducida en el Código Civil que establece la obligatoriedad de un "dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales".
Las organizaciones argumentan, en su solicitud, que la nueva redacción del Código Civil es contraria a los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España, que establece que "los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida".
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