La sanidad pública para todos, la verdadera prioridad nacional

Cuando Carmen se quedó viuda a finales de los años setenta, perdió mucho más que a su marido. Ama de casa durante toda su vida, nunca había cotizado a la Seguridad Social. Como millones de mujeres de su generación, su acceso a la asistencia sanitaria dependía de la condición de asegurado de su esposo. Si el vínculo desaparecía o la situación administrativa cambiaba, también podía hacerlo la protección sanitaria.

Durante décadas, el acceso a la sanidad en España no se entendió como un derecho de ciudadanía, sino como una prestación ligada, principalmente, al empleo y a la cotización. El sistema construido durante el franquismo giraba en torno a una meritocracia mal entendida, restrictiva y peligrosa: quien trabajaba y cotizaba, o quien dependía de alguien que lo hacía, tenía acceso a la asistencia sanitaria. Quienes quedaban fuera de ese esquema debían recurrir, en muchos casos, a la beneficencia pública o a otros mecanismos asistenciales.

Era un modelo que reflejaba una forma muy concreta de entender la sociedad. El trabajo, el estatus familiar o la situación administrativa determinaban el acceso a un servicio tan esencial como la atención médica. La salud no era todavía un derecho reconocido para todas las personas, sino una prestación asociada a determinadas condiciones.

1986 y un debate profundo

La llegada de la democracia abrió un debate que iba mucho más allá de la organización de los hospitales. ¿Debía depender la atención sanitaria del lugar de nacimiento, del empleo o de la capacidad económica? ¿O debía garantizarse como un derecho básico para toda la población?

La respuesta llegó con la Ley General de Sanidad de 1986, una de las grandes transformaciones sociales de la democracia española. Impulsada por el ministro Ernest Lluch, la norma sentó las bases del Sistema Nacional de Salud y avanzó hacia un modelo de cobertura universal financiado mediante los recursos públicos. Su objetivo era que el acceso a la asistencia sanitaria dejara de depender de la condición laboral de cada persona para convertirse, progresivamente, en un derecho garantizado por el Estado.

Aquella reforma supuso un cambio profundo. La sanidad dejó de concebirse únicamente como una prestación vinculada al mundo del trabajo para entenderse como un servicio público esencial. La universalidad no significaba que todas las personas tuvieran las mismas necesidades médicas, sino que todas debían poder acceder a la atención sanitaria cuando la necesitaran, con independencia de su situación económica o laboral.

Ese principio transformó la vida cotidiana de millones de personas. Mujeres que durante décadas habían dependido administrativamente de sus maridos. Jóvenes que accedían a la edad adulta. Personas desempleadas. Pensionistas. Familias enteras que encontraron en el sistema público una garantía de protección frente a la enfermedad. La salud dejó de ser una consecuencia de la posición que cada uno ocupaba en la sociedad para convertirse en un elemento central del Estado del bienestar.

La universalidad también respondía a una idea de salud pública. Las enfermedades no distinguen entre nacionalidades, profesiones o niveles de renta. Un sistema que facilita el acceso a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento no solo protege a quien recibe la atención; protege al conjunto de la sociedad. Por eso, la sanidad pública universal ha sido considerada una herramienta de cohesión social y de igualdad de oportunidades, además de un instrumento fundamental para afrontar crisis sanitarias colectivas.

La sanidad pública, la verdadera prioridad nacional 

50 años después de la muerte de Franco, y 40 exactos de que la Ley General de Sanidad tomase forma tras años de debate, son muchos los que tratan de construir una España menos plural, abierta y generosa utilizando, precisamente, el estado del bienestar construido sobre los hombros de aquellos que lucharon por la igualdad de oportunidades, derechos, obligaciones y libertades. 

Además de los bulos recientes sobre la regularización de migrantes, así como el eterno interrogante de si esto puede provocar el colapso de ciertos servicios como la educación o la sanidad, partidos de extrema derecha como Vox exigen y consiguen en las autonomías en las que cogobiernan junto al PP imponer la conocida como "prioridad nacional", un mantra por el momento inconstitucional e ilegal que pretende generar un sistema de preferencias para los nacidos en España para la utilización de estos recursos.