Cuando Mercedes acudió a votar en junio de 1977, llevaba en el bolso una papeleta doblada y a su hijo de cuatro años agarrado de la mano. Era la primera vez que podía participar en unas elecciones democráticas. No sabía cómo sería España dentro de una década, pero sí tenía claro que ya no quería que el futuro de su familia se decidiera sin contar con ella.

Durante la dictadura, el futuro se presentaba como algo cerrado. El régimen no solo controlaba el presente: también intentaba determinar cómo debían ser las familias, qué podían estudiar las mujeres, qué ideas podían publicarse y qué límites no debía cruzar la sociedad. El porvenir no se discutía, se administraba desde arriba. Las decisiones fundamentales pertenecían a una minoría y la mayoría debía adaptarse a ellas.

La llegada de la democracia cambió esa relación con el tiempo. Votar permitió elegir gobiernos, pero también abrió la posibilidad de discutir públicamente qué país debía construirse. Las leyes dejaron de ser inamovibles, los derechos pudieron ampliarse y asuntos que parecían condenados al silencio entraron en las instituciones. El futuro comenzó a depender, al menos en parte, de decisiones colectivas.

Las primeras generaciones democráticas votaron pensando en cuestiones muy concretas: escuelas, hospitales, pensiones, carreteras, libertades públicas o derechos laborales. Muchas de esas decisiones no ofrecían resultados inmediatos. Construir un sistema sanitario, extender la educación o reconocer nuevos derechos exigía imaginar una sociedad que todavía no existía. La política democrática incorporó así una idea sencilla, pero ambiciosa: el presente también tiene responsabilidades con quienes vivirán después.

Esa conversación vuelve a ser especialmente importante para los jóvenes. Buena parte de las decisiones que marcarán sus vidas se están tomando antes de que algunos puedan votar o participar plenamente en ellas. El modelo energético, el precio de la vivienda, la regulación de la inteligencia artificial, la calidad del empleo o la respuesta al cambio climático determinarán cómo trabajarán, dónde podrán vivir y qué protección tendrán dentro de veinte o treinta años.

Sin embargo, el debate público suele estar dominado por lo inmediato. Los ciclos electorales duran pocos años, las redes sociales aceleran las polémicas y muchas medidas se evalúan por sus efectos de la semana siguiente. El futuro tiene dificultades para hacerse escuchar porque todavía no dispone de voz propia. No aparece en las encuestas, no se organiza en grupos de presión y no puede castigar en las urnas las decisiones que recibirán las siguientes generaciones.

Algunas iniciativas intentan corregir ese desequilibrio. Asambleas ciudadanas, presupuestos participativos, consejos juveniles y procesos de consulta permiten incorporar perspectivas que no siempre llegan a los espacios tradicionales de decisión. También crece la discusión sobre cómo evaluar las leyes por sus consecuencias a largo plazo y cómo incluir a niños y adolescentes en los asuntos que afectan directamente a su porvenir.

La participación política, además, ya no se limita a introducir una papeleta en una urna. Se vota, pero también se debate, se protesta, se presenta una iniciativa, se participa en una asociación o se organiza una comunidad. Las movilizaciones feministas, ecologistas y estudiantiles han demostrado que una generación puede intervenir en el futuro antes incluso de alcanzar el poder institucional. Muchas transformaciones comienzan como demandas minoritarias y acaban convirtiéndose en debates centrales.

Pensar democráticamente el futuro tampoco significa estar de acuerdo sobre él. Habrá conflictos entre quienes prioricen el crecimiento económico y quienes exijan reducir el impacto ambiental; entre quienes confíen en la tecnología y quienes reclamen límites; entre quienes defiendan nuevos servicios públicos y quienes prefieran reducir la intervención del Estado. La democracia ofrece el espacio en el que esas diferencias pueden confrontarse sin que una única visión se imponga como definitiva.

El hijo de Mercedes cumplió dieciocho años en 1991 y votó por primera vez en unas elecciones municipales. Décadas después, su nieta participa en una asociación estudiantil que reclama más zonas verdes y transporte público en su municipio. En las reuniones lleva un cuaderno donde apunta propuestas, fechas y nombres de calles. La mayoría de los árboles que piden plantar tardará años en dar sombra.

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