Cuando Dios salió del BOE

En enero de 2020, varios ministros del primer Gobierno de coalición de la democracia prometieron su cargo sin crucifijo ni Biblia. Otros ejecutivos habían hecho lo mismo antes, pero aquella imagen volvió a abrir un debate recurrente: ¿debe un cargo público jurar ante símbolos religiosos? La respuesta depende menos de las convicciones personales que de cómo entiende un país la relación entre el Estado y las creencias.

Durante la dictadura franquista esa pregunta apenas existía. España se definía como un Estado confesional católico y la Iglesia ocupaba una posición privilegiada en la vida pública. La religión impregnaba la educación, las ceremonias oficiales y buena parte de la legislación. Las autoridades civiles y religiosas compartían actos públicos con frecuencia, mientras que la moral católica inspiraba normas sobre el matrimonio, la familia o el papel de las mujeres.

Aquella alianza tenía raíces profundas. Tras la Guerra Civil, la dictadura encontró en la Iglesia uno de sus principales apoyos institucionales y desarrolló lo que los historiadores denominan nacionalcatolicismo: una estrecha identificación entre identidad nacional, poder político y religión. La enseñanza religiosa era obligatoria, el divorcio había desaparecido de la legislación y el matrimonio canónico tenía un protagonismo casi exclusivo en la vida civil.

Sin embargo, esa fotografía tampoco permaneció inmóvil. A partir de los años sesenta, especialmente tras el Concilio Vaticano II, comenzaron a surgir dentro de la propia Iglesia voces críticas con la dictadura. Sacerdotes y comunidades cristianas participaron en movimientos vecinales, acogieron reuniones clandestinas de sindicatos y organizaciones políticas o denunciaron la falta de libertades. La relación entre Iglesia y franquismo empezó a mostrar grietas que también reflejaban los cambios de la sociedad española.

La llegada de la democracia modificó el marco institucional. La Constitución de 1978 estableció que ninguna confesión tendría carácter estatal. España dejaba de ser un Estado confesional, aunque el texto también reconocía que los poderes públicos mantendrían relaciones de cooperación con las distintas confesiones religiosas. No se trataba de expulsar la religión de la vida pública, sino de que las instituciones dejaran de identificarse oficialmente con una sola fe.

Ese cambio ha ido acompañando la transformación del país. Hoy conviven en España millones de personas católicas con ciudadanos evangélicos, musulmanes, judíos, budistas o sin adscripción religiosa. Esa diversidad también se refleja en las instituciones. Los cargos públicos pueden jurar o prometer el cargo, las ceremonias civiles han ganado protagonismo y cada vez es más habitual que ayuntamientos y administraciones adapten sus servicios a una sociedad plural.

El cambio también puede medirse en cifras. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el porcentaje de españoles que se declara católico ha descendido de forma sostenida durante las últimas décadas, mientras aumenta el número de personas que se consideran ateas, agnósticas o sin religión. Al mismo tiempo, la inmigración ha contribuido a ampliar el mapa de creencias presentes en el país.

La imagen de un ministro prometiendo el cargo sin símbolos religiosos, de una pareja celebrando un matrimonio civil o de un alumno que puede recibir enseñanza religiosa o no hacerlo responde a una misma idea: las instituciones pertenecen a todos los ciudadanos, con independencia de cuáles sean sus convicciones personales.

La historia del laicismo en España no es la historia de una sociedad que dejó de creer. Es la historia de un Estado que dejó de profesar una única religión para representar a una ciudadanía cada vez más diversa. En esa diferencia, que hoy puede parecer cotidiana, se encuentra uno de los cambios institucionales más profundos de la democracia española.