En la sala de espera del hospital, Julián sostiene una carpeta con informes médicos y una bolsa de ropa. Cuando la enfermera pronuncia su nombre, se levanta y explica que viene a acompañar a su marido. La frase no necesita aclaraciones. Puede recibir información, participar en las decisiones y entrar en la habitación porque su relación no depende solo de lo que ambos sienten, sino también de un reconocimiento jurídico.
El amor suele presentarse como una emoción privada, ajena a las instituciones. Sin embargo, las leyes deciden qué amores producen derechos, quién puede casarse, heredar, adoptar, compartir una pensión, acompañar a una persona enferma o formar una familia reconocida por el Estado.
Durante el franquismo, el matrimonio era una institución rígida, religiosa e indisoluble. La familia oficial se organizaba alrededor de la autoridad masculina, la dependencia de la mujer y la obligación de mantener el vínculo incluso cuando la convivencia había desaparecido. Amar no bastaba para elegir libremente una relación; tampoco era suficiente para abandonarla.
Las parejas que no encajaban en ese modelo quedaban fuera del reconocimiento. Las relaciones entre personas del mismo sexo debían ocultarse y quienes convivían sin casarse carecían de buena parte de las protecciones asociadas al matrimonio. El poder no se conformaba con regular los contratos: pretendía ordenar los afectos y decidir qué formas de vida merecían existir públicamente.
La democracia abrió esa estructura de manera gradual. La posibilidad de divorciarse permitió terminar legalmente una relación sin quedar atrapado para siempre en ella. La igualdad entre mujeres y hombres dentro del matrimonio cuestionó la subordinación que durante décadas había limitado la autonomía femenina. Más adelante, el matrimonio entre personas del mismo sexo incorporó a miles de parejas a un espacio de derechos del que habían estado excluidas.
Estos cambios no convirtieron el amor en un asunto administrativo. Hicieron algo más concreto: evitaron que determinadas personas fueran extranjeras dentro de su propia relación. Una pareja reconocida puede compartir bienes, tomar decisiones médicas, recibir una prestación o acreditar un vínculo ante una institución. Cuando ese reconocimiento falta, los momentos más vulnerables —una enfermedad, una muerte, una separación— muestran la distancia entre el afecto y el derecho.
También cambió la idea de familia. Hoy conviven matrimonios, parejas de hecho, familias monoparentales, hogares reconstituidos, familias con dos madres o dos padres y personas que construyen redes de apoyo fuera del parentesco tradicional. No todas tienen las mismas necesidades ni encuentran idéntica protección. La realidad suele avanzar más deprisa que las categorías administrativas.
El amor, además, no justifica cualquier conducta. Durante años, los celos, el control o la dependencia fueron presentados como pruebas de intensidad afectiva. Frases como “lo hace porque te quiere” ayudaron a normalizar comportamientos que restringían la libertad de la otra persona. Amar no concede derechos sobre el teléfono, las amistades, la ropa o el cuerpo de nadie.
Por eso, la ampliación de la libertad afectiva también ha exigido revisar los relatos con los que se aprende a amar. Canciones, películas y conversaciones familiares han transmitido la idea de que insistir es romántico, que sufrir demuestra profundidad o que una pareja debe completar toda la vida de una persona. Frente a ello, muchas relaciones se construyen hoy alrededor de límites, cuidados negociados y capacidad para marcharse.
La libertad de amar incluye la posibilidad de elegir una pareja, pero también la de no tenerla, cambiar de proyecto o formar vínculos que no respondan a un único modelo. El Estado no necesita aprobar cada forma de afecto, pero sí impedir que unas reciban dignidad y otras queden condenadas a la invisibilidad.
En la habitación del hospital, Julián coloca la bolsa en una silla y saca unas zapatillas. Su marido duerme. Sobre la mesilla hay un vaso de agua, unas gafas y el formulario que deberán entregar al día siguiente. Julián comprueba que los dos apellidos están escritos correctamente.
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