Rosa Díez ha presentado este martes una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y Fernado Simón. La cofundadora de UPYD acusa al Ejecutivo de Sánchez y al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de prevaricación omisiva.

Díez, atendiendo al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considera que ambos constituyen un delito al no haber ordenado el uso de mascarillas desde el inicio del estado de alarma, tal y como ha publicado en su cuenta de Twitter.

La denuncia ha coincidido con las palabras con las que Jiménez Losantos ha intentado desprestigiar a Fernando Simón en su programa. El presentador de Es la mañana de Federico ha iniciado los repreoches de los que ha informado este diario y que poco después ha continuado en forma jurídica la que fuera líder de UPYD.

Losantos ha criticado que el director del CCAES estuviera casado con María Romay-Barja, procedente de la misma en la que se encuentra el exministro de Sanidad del PP,José Manuel Romay Beccaría y a quien ha atribuido los logros de Simón: Este es un cursi que hizo su carrera emparentado con alguien tan poderoso en el PP como el señor Romay Beccaría. Creo que está especializado en cosas infecciosas africanas, pero vamos, sobre todo, el hombre dio un braguetazo político extraordinario", ha señalado.

Losantos, ha afeado también al profesor que este no dispusiera del MIR, pasando por alto que no era necesario disponer de dicha formación no era necesaria antes de 1995 para dedicarse a la Atención Primaria.

Rosa Díez, por su parte, había presentado anteriormente otra denuncia contra la Fiscalía General del Estado de que la dice no haber tenido "ni acuse ni derribo". En este primer escrito, del 8 de junio, mantiene que no se ordenó el uso obligatorio de mascarillas como forma eficaz de evitar el contagio con anterioridad al 20 de mayo "para evitar deliberadamente desprestigiar la imagen del Gobierno,  y/u ordenar una mayor restricción en los movimientos si no se podía garantizar el suministro de las mismas".

La ex diputada defiendió también el primer escrito que la pandemia podría haberse contenido "si se hubieran tomado las medidas necesarias", entre ellas el uso de mascarillas, y señalaba al Gobierno por no haber proveído a la ciudadanía de material sanitario antes del estado de alarma, aunque en varios ocasiones esta era una competencia de las Comunidades Autónomas.