Los colaboradores de Hoy por Hoy, en la Cadena SER, debatieron este jueves sobre el desempeño de la Unidad Central Operativa (UCO) en diferentes procesos judiciales recientes, precisamente en un momento en el que la jueza del caso de la DANA ha tachado de "erróneo e incompleto" el informe de esta unidad que se cebaba especialmente con la AEMET y con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Uno de los más mordaces sobre el tema ha sido el antropólogo Javier Aroca, que se ha pronunciado de forma incontestable acerca de los informes policiales.
Aroca ha incidido en que todo lo que aparezca en los informes policiales debe ser demostrado, y que su veracidad no puede ser simplemente asumida o desautorizada en función del cuerpo del que provengan. Además, el antropólogo ha querido dirigir un mensaje a estos cuerpos.
"Según la jurisprudencia y los propios tribunales, los informes de la policía judicial (en algunos textos se les denomina, creo que sin sorna, 'la inteligencia policial') no tienen valor probatorio", argumentaba Aroca, quien remarcaba que el hecho de que el informe provenga de un determinado cuerpo, en este caso de la Guardia Civil, no lo convertía automáticamente en verdad irrefutable: "Tiene que ser probado".
"No basta con que un guardia civil de la UCO diga esto. No. Luego tiene que estar acompañado de la correspondiente prueba, que se tramitará en la fase del juicio oral, ni siquiera en la instrucción", argumentaba el antropólogo, refiriéndose precisamente al caso de la DANA, en el que la jueza instructora ha desautorizado el informe de la UCO que ponía en el punto de mira a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, calificándolo como un documento "erróneo e incompleto".
Aroca, en la misma línea, ha incidido en que esta explicación sobre los informes policiales y la importancia de probar lo que en ellos se recoja no es una opinión suya. "Está en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2023, hace dos años. Por tanto, no insistamos en darle a la Guardia Civil un valor que no tiene. Son simplemente auxiliares policiales a las órdenes de un juez y comisionados para lo que este les diga", explicaba.
Por ello, el antropólogo se ha mantenido firme: aunque haya sido crítico con la Benemérita, no considera que tenga que disculparse por sus palabras. "Si la Guardia Civil piensa que yo les estoy criticando porque estoy en contra de ellos, se equivoca. Se equivocan porque no conocen mi historia personal. Por tanto, yo no voy a pedir nunca perdón por criticar a nadie; si les molesta, lo siento", zanjaba.
"Errar, extralimitarse y usar teorías ya superadas"
La magistrada que investiga las consecuencias de la DANA del pasado 29 de octubre expresó, en un auto dictado este martes, que el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia era "erróneo en sus consideraciones y apreciaciones" y acusó a los agentes de haberse "extralimitado".
El documento, que debía limitarse a establecer una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con las víctimas mortales, incluyó valoraciones sobre la supuesta responsabilidad de varias administraciones. La instructora no solo desacredita ese enfoque, sino que rechaza tajantemente imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a la presidenta de AEMET, María José Rallo, como pedía la acusación popular ejercida por la asociación Liberum. Según consta en el auto del Tribunal de Instancia de Catarroja, “el análisis de la negligencia, fallos o posición de garante, es exclusivamente jurisdiccional”. Pues el informe que desglosa la cronología de los hechos incide en distintas valoraciones que no correspondía a la Policía Judicial, “las mismas no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado”.
El auto por el que se acordaba la prueba se ceñía a la elaboración de una cronología, plenamente judicializada en el momento de acordarse y, cuando se encargó, ningún informe de la Guardia Civil revelaba algún tipo de error en la gestión de emergencia así que no se acordó “trasladar una valoración de tal calado a la Policía Judicial”. “Cualquier valoración exclusivamente policial de las negligencias o incumplimientos estaba condenada al fracaso, porque el análisis se sustentaría siempre en uno limitado exclusivamente a la prueba documental”.