Después de una temporada marcada por poner el foco donde el poder mediático conservador prefiere mirar hacia otro lado, Jordi Évole ha cerrado una nueva etapa de Lo de Évole (laSexta) con un desafío en toda regla. Tras la reveladora entrevista al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —quien se encuentra en la diana de la derecha política y judicial por desmnetir con datos los bulos del entorno de la Comunidad de Madrid—, el periodista ha decidido apuntar directamente a los verdaderos artífices del escándalo.

A través de su cuenta en la red social X, Évole ha lanzado una invitación que suena más a reto público frente a la estrategia de evasivas y victimismo adoptada por la Puerta del Sol: "Las puertas de Lo de Évole siguen abiertas a cualquiera de los protagonistas de Lo del Fiscal. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Su jefe de gabinete. El Sr. González Amador. O los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.Gracias por acompañarnos una temporada más".

El foco sobre el fraude confeso y la maquinaria del fango

El dardo del comunicador señala sin tapujos a la cúpula del gobierno madrileño, acusada de orquestar una campaña de acoso y derribo contra la Fiscalía para intentar tapar lo evidente: los delitos fiscales de la pareja de la presidenta. Esta invitación pública no llega en el vacío, sino justo después de la reveladora entrevista a Álvaro García Ortiz. El ex fiscal general del Estado rompía su silencio en Lo de Évole tras haber sido inhabilitado y condenado por el Tribunal Supremo, un fallo que tildó de sorpresa "muy dura” y de situación absolutamente “delirante”. En su paso por el programa, el jurista destapó hasta tres momentos concretos de calumnia orquestados por el Gobierno autonómico contra su figura, dejando claro que la emisión de la famosa nota de prensa no fue un delito, sino una “respuesta institucional” frente a un choque deliberado y la evidencia de que por su parte “no había problema en contar la verdad”.

En su explícita lista de “invitados”, Évole menciona a los protagonistas de esta cacería que, hasta la fecha, ha preferido el refugio de las ruedas de prensa sin preguntas o el calor de los medios afines antes que dar la cara ante un periodismo incisivo. Así, apunta directamente a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta que no dudó en utilizar las instituciones públicas para defender a su pareja y acusar al Estado de persecución política con el único fin de encubrir un fraude a Hacienda y el cobro de comisiones millonarias en lo peor de la pandemia. Junto a ella, reta a dar explicaciones a Alberto González Amador, el novio de la presidenta, autor confeso de fraude fiscal y falsedad documental, y epicentro indiscutible de toda la trama.

Este círculo de la crispación y el encubrimiento lo amplía con mención a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), su jefe de gabinete, señalado públicamente por maniobrar en la sombra, difundir informaciones falsas y amenazar por escrito a periodistas advirtiéndoles de que los iban atriturarpara desviar la atención mediática.

Pero el mensaje de Évole entra de lleno en el pantanoso terrero del lawfare judicial al abrir las puertas también a los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Y es que el asedio institucional alcanza cotas verdaderamente escandalosas cuando ha salido a la luz que, durante el proceso judicial, los propios periodistas desvelaron ante el juez Manuel Marchena que el fiscal general no fue quien filtró los correos del novio de Ayuso. A pesar de que la principal acusación quedó fulminada por los mismísimos receptores de la información, el Alto Tribunal decidió seguir adelante con la condena, evidenciando, en palabras del propio García Ortiz, que con este escarnio guiado por intereses particulares “hemos perdido todos”.

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