El "SOS" de Rosa Villacastín después de que Israel apruebe la pena de muerte contra los palestinos: "Una obligación..."

Israel ha dado un paso más en su genocidio contra el pueblo palestino tras aprobar en su Parlamento la pena de muerte por horca como castigo a palestinos en la Cisjordania ocupada por “asesinato terrorista” a israelíes en el marco del conflicto latente en Oriente Próximo. Entre las reacciones, Rosa Villascastín ha lanzado un importante SOS.

A través de su cuenta de X -anterior Twitter-, la periodista escribía: "SOS: Romper relaciones diplomáticas con Israel es obligación de los países democráticos después de aprobar que pueden ahorcar a los palestinos, o condenarles a cadena perpetua. Un genocidio que no se puede ignorar, después de matarles de hambre en Gaza y Cisjordania".

La aprobación de la nueva ley israelí que introduce la pena de muerte para palestinos en la Cisjordania ocupada supone un nuevo punto de inflexión en la política del Gobierno de Benjamín Netanyahu. El texto fue aprobado en la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra, culminando un proceso legislativo impulsado por la extrema derecha israelí. La ley establece la pena de muerte, mediante ahorcamiento, para palestinos condenados por ataques mortales considerados terrorismo, convirtiéndola en la pena “por defecto” en estos casos. Además, limita de forma drástica la discrecionalidad judicial: bastará una mayoría simple de los jueces y apenas existirán vías reales de apelación o indulto.

Uno de los elementos más polémicos de la ley es su ámbito de aplicación. En la práctica, afecta exclusivamente a palestinos, ya que son ellos quienes son juzgados por tribunales militares bajo el régimen de ocupación, mientras que los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos que viven en Cisjordania, están sometidos a tribunales civiles. Esta dualidad jurídica ha sido señalada por diversas organizaciones y expertos como un factor clave que introduce un trato diferenciado en función de la nacionalidad.

La aprobación de la ley fue celebrada por miembros del Gobierno israelí, especialmente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de sus principales impulsores, quien ha defendido en repetidas ocasiones la necesidad de endurecer las medidas contra lo que el Ejecutivo considera amenazas a la seguridad. El propio Netanyahu ha respaldado la iniciativa en el marco de su estrategia política, apoyándose en su coalición para sacar adelante reformas que refuerzan el enfoque más duro en materia de seguridad y justicia.

Sin embargo, la medida ha suscitado un amplio rechazo internacional. La Autoridad Palestina ha condenado la ley y ha advertido de que supone una vulneración del derecho internacional, al establecer un sistema penal que no es igual para todas las personas que viven bajo el mismo control territorial. Desde Ramala se insiste en que esta legislación agrava una situación ya marcada por la ocupación y la falta de igualdad jurídica.

También organismos internacionales y expertos en derechos humanos han expresado su preocupación por el alcance de la norma, señalando que la introducción de la pena de muerte en este contexto puede intensificar las tensiones y contribuir a un deterioro aún mayor de la situación en Cisjordania. Entre las críticas más repetidas se encuentra la idea de que la ley no solo endurece las penas, sino que lo hace de manera selectiva, afectando de forma casi exclusiva a una población concreta.

El debate sobre esta medida se produce en un contexto de creciente tensión en los territorios ocupados, donde se han registrado episodios de violencia y un aumento de la conflictividad en los últimos meses. En una reciente entrevista con ElPlural, Raquel Martí, directora de UNRWA España, denunciaba que "se ha disparado muchísimo la violencia tanto del ejército israelí como de los colonos israelíes contra la población", así como que, tras el aparente acuerdo de paz en la Franja, "lo que se ve es un deterioro cada vez mayor tanto en Gaza como en Cisjordania".