El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha dado un paso más en su genocidio contra el pueblo palestino tras dar luz verde a una ley que aprueba la pena de muerte por horca como castigo a palestinos en la Cisjordania ocupada por “asesinato terrorista” a israelíes en el marco del conflicto latente en Oriente Próximo. Entre las reacciones, no han sido pocos los que han asegurado que, en la práctica, no es nada nuevo.

Iñaki López es uno de los rostros mediáticos de nuestro país que pertenece a este último grupo. En su perfil de X -anterior Twitter-, el presentador escribía: "Como hasta ahora pero legal".

La aprobación de la nueva ley israelí que introduce la pena de muerte para palestinos en la Cisjordania ocupada marca un punto de inflexión en la política del Gobierno de Benjamín Netanyahu. El texto fue aprobado en la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra, culminando un proceso legislativo impulsado por la extrema derecha israelí. La ley establece la pena de muerte, mediante ahorcamiento, para palestinos condenados por ataques mortales considerados terrorismo, convirtiéndola en la pena “por defecto” en estos casos. Además, limita de forma drástica la discrecionalidad judicial: bastará una mayoría simple de los jueces y apenas existirán vías reales de apelación o indulto.

Pero la clave no está solo en el castigo, sino en quién lo aplica. Los palestinos de Cisjordania son juzgados por tribunales militares, mientras que los ciudadanos israelíes quedan bajo jurisdicción civil. En la práctica, esto implica que la ley afectará casi exclusivamente a la población palestina, consolidando un doble sistema judicial en el mismo territorio. Como ya advertían organizaciones de derechos humanos durante su tramitación, se trata de una normativa que “se aplicaría en la práctica a los palestinos y no a los israelíes”.

La aprobación de la ley no solo ha sido política, sino también simbólica. Desde el entorno del Gobierno israelí se ha celebrado abiertamente. El ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, uno de sus principales impulsores, llegó a festejar la votación proclamando “¡Historia!” tras el resultado parlamentario. El propio Netanyahu respaldó la norma, alineándose con los sectores más duros de su Ejecutivo en un momento de máxima tensión regional.

Frente a esa celebración, la reacción palestina ha sido de rechazo frontal. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha denunciado la ley como racista y contraria al derecho internacional, advirtiendo de que legitima un sistema de castigos basado en la identidad nacional. En la misma línea, instituciones palestinas han tildado la ley de “crimen de ejecución” y ha considerado que representa una “peligrosa escalada” en las políticas israelíes de ocupación en los territorios palestinos.

El contexto en el que se aprueba esta ley refuerza esa lectura. Cisjordania sigue siendo territorio ocupado y los palestinos que viven allí no tienen los mismos derechos que los ciudadanos israelíes. La introducción de la pena de muerte dentro de este marco no solo endurece la represión, sino que eleva el conflicto a un nuevo nivel, donde la desigualdad legal se convierte en una herramienta aún más explícita.

Por otro lado, las críticas internacionales han sido inmediatas. Organismos de derechos humanos, expertos de Naciones Unidas y varios gobiernos europeos han advertido de que la norma puede violar principios básicos del derecho internacional y agravar la ya frágil situación en la región

Además, la ley supone una ruptura con la propia tradición jurídica de Israel, que apenas ha aplicado la pena capital en su historia reciente. Su reintroducción, y además en un contexto de ocupación militar, refuerza la percepción de un giro autoritario en la política del Gobierno de Netanyahu.

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