El Consejo de Ministros aprobaba este pasado martes el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes después de que el Gobierno y Podemos llegaran a un acuerdo. Tanto PP como Vox han cargado contra el Ejecutivo por ello y, en concreto, desde Génova, han ido subiendo el tono. Mientras que en un principio se quejaban de que provocaría un "efecto llamada", este miércoles, Núñez Feijóo acusaba a Pedro Sánchez de querer "incrementar el censo" con la regularización. Desde el panorama televisivo, Silvia Intxaurrondo enfrentaba a los populares a sus acusaciones con una pregunta.
En La Hora de La 1, algunos colaboradores recordaban que el PP "ha hecho regularizaciones", así como que, aunque secundando públicamente "la teoría del gran reemplazo", Feijóo "sabe que lo que dice no es verdad y que no van a cambiar las elecciones de España".
En este sentido, apuntaban a que el "voto latino está decantado hacia el PP". "A mí me llama la atención la reflexión de Feijóo porque hace pensar en qué ha sucedido con otras regularizaciones llevadas a cabo por el PP. Si tenían en ese caso el objetivo de alterar el censo electoral", introducía Silvia Intxaurrondo.
La presentadora trasladaba esta acusación planteada por Feijóo a territorio madrileño, ya que Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que su región es la “casa” de cientos de miles de venezolanos llegados a España en los últimos años. "Es decir, ¿los exiliados venezolanos llegados a Madrid han cambiado el censo electoral en Madrid? ¿En qué sentido han cambiado el censo electoral en Madrid estos exiliados venezolanos? Entonces, cuando se abren las puertas a exiliados venezolanos en Madrid, ¿se hace con el objetivo de cambiar el censo electoral?", planteaba la presentadora.
Además, en este sentido, recordaba que el "propio José María Aznar, en su momento, también llevó a cabo creo que fueron cinco procedimientos extraordinarios de regularización": "¿El objetivo era cambiar el censo electoral?".
Estas reflexiones de @SIntxaurrondo son oro poro.
— José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) January 29, 2026
PP y Vox nos hablan de la teoría del reemplazo, o sea se regulan a los migrantes para apoderarse del país y a los patrios nos expulsan
Bien, ¿Entonces los venezolanos que llegaron a Madrid, han cambiado el censo?
Lo que sí han… pic.twitter.com/fxjFbA7zGG
Las regularizaciones del PP que tumban sus reproches al Gobierno
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo reaccionó en cuestión de horas al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos para impulsar una regularización extraordinaria de migrantes, lanzando duras acusaciones contra el Ejecutivo central. Esta postura supone un giro respecto a la posición que el propio Feijóo defendió dos años atrás, cuando se mostró favorable a esta iniciativa legislativa popular y aseguró que las personas afectadas podían “estar tranquilas”.
En su discurso más reciente, el líder de la oposición ha llegado a afirmar que el acuerdo busca desviar la atención del accidente ferroviario de Adamuz y que provocará un “desbordamiento” de los servicios públicos, alejándose no solo de sus declaraciones de 2024, sino también de precedentes impulsados por gobiernos del propio PP.
El ejemplo más significativo se encuentra en las etapas de José María Aznar entre 1996 y 2004, periodo en el que se aprobaron tres procesos de regularización. El primero, en 1996, benefició a 21.283 personas, mientras que los dos siguientes, en 2000 y 2001, permitieron regularizar a 150.000 y 232.679 extranjeros respectivamente. En total, bajo los gobiernos del PP de Aznar se regularizó a 403.962 migrantes.
No obstante, estas medidas no fueron una excepción en la política migratoria española. Ya en 1986, durante el mandato de Felipe González, se puso en marcha la primera gran regularización para personas “insuficientemente documentadas”, con ciertas exclusiones vinculadas al orden público, antecedentes penales, falta de medios de vida o mendicidad, de la que se beneficiaron 38.181 extranjeros, cifra que se sumó a los 108.321 regularizados en 1991.
Posteriormente, el último gran proceso previo al actual se produjo en 2005 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando 572.961 personas obtuvieron permisos tras un sistema que exigía contratos laborales condicionados a la autorización de residencia y trabajo. Este fue el proceso más amplio registrado hasta la fecha.
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