La sentencia al exfiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de datos reservados sigue siendo muy comentada en las redes sociales, sobretodo porque sigue pendiente la publicación de la sentencia en la que se indique el hecho final por el que ha sido señalado culpable y los motivos que sustentan esta decisión del Tribunal Supremo. Uno de los análisis más contundentes ha sido el del periodista y escritor Max Pradera, que ha publicado un hilo en redes sociales donde desmenuza el fallo.
“La Sala Segunda del Supremo empieza a ser conocida como La Segundona, por la técnica jurídica necrosada de cinco de sus integrantes”, ha comenzado su mensaje el escritor en su cuenta de X - antigua Twitter- . En su segundo apunte, ha recordado una cita del jurista español y magistrado emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín: “Como recuerda Martín Pallín, la lectura del brevísimo fallo augura un descalabro en cuanto llegue al Constitucional o a cualquier tribunal de garantías mínimamente serio”. Con esta frase, el periodista ha apuntado que cuando ese fallo sea revisado por el Tribunal Constitucional, es muy probable que sea anulado, corregido o duramente cuestionado.
En su juicio, el primer error muy torpe o la “primera gamba” es la condena del Fiscal General por un delito de "revelación de datos reservados del 417.1 CP… que no existe como tal en ese precepto”. Es decir, Pradera ha expresado que en el Código Penal no aparece ningún delito llamado exactamente “revelación de datos reservados”. Por tanto, la sentencia estaría aplicando un artículo equivocado o un delito mal denominado, lo que constituye un error jurídico básico. "Primera gamba, como de opositor cateado, de Los Segundones: se condena al Fiscal General por un delito de “revelación de datos reservados” del art. 417.1 CP… que no existe como tal en ese precepto", ha aseverado.
Para rematar con este primer error, Pradera ha añadido lo siguiente: “Los 'datos personales reservados' forman parte del derecho a la intimidad y están en el Título X del Código Penal (arts. 197 y ss.), no en el 417.1, así que el principio de legalidad se lo han pasado por la toga”. El segundo error que ha apuntado Pradas sobre el fallo del TS es la indemnización de 10.000 euros a la pareja de Ayuso: “Segundo gambazo: condenan a García Ortiz a pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, cuando la Ley 40/2015 dice que quien responde es la Administración, no el funcionario. Principio de legalidad, segunda en la frente”. Por ello, el periodista ha asegurado que es un error de libro y una violación del principio de legalidad.
El sexto punto hace referencia al uso del concepto “datos reservados”: “La Segundona además se saca de la chistera un concepto de “datos reservados” que ningún experto reconoce: lo llaman reservado cuando en realidad discuten información ya difundida en prensa”. Según el escritor, el TS llama “datos reservados” a información que en realidad ya era pública porque había salido en la prensa. “Para rematar, todo apunta a un volantazo: abandonan el carril del correo de 2 de febrero de 2024 y vuelven, sin poner el intermitente, a la nota informativa de la Fiscalía que ellos mismos habían dado por inocua”, ha apostillado Pradera. Para terminar, ha realizado una pequeña conclusión muy aplaudida en redes sociales: “Conclusión provisoria: más que Sala Segunda, Sala Segundona ; más que juristas, chapuceros con puñetas, jugando a guionistas de serie B de ciencia ficción constitucional”.