En el programa Malas Lenguas se ha analizado el llamativo retraso para autorizar el rastreo de las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tras meses de espera, el magistrado Antonio Viejo ha ordenado finalmente a 16 entidades financieras facilitar estos movimientos bancarios; una decisión que, según los analistas, llega impulsada por la opinión pública.

La investigación penal por un presunto delito de "corrupción en los negocios" derivado de sus acuerdos con el grupo Quirón busca esclarecer el origen de los fondos de González Amador. Tal y como detallaba la crónica del programa, la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene un propósito muy claro: "Construir el catálogo real de bienes de los investigados, así como el de su entorno más cercano para saber si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida".

Mientras el investigado se quejaba asegurando que pasó "a ser el delincuente confeso del Reino de España", Ayuso salía en su defensa y la policía judicial llevaba medio año esperando luz verde para avanzar. Ante la repentina reactivación del caso, Jesús Cintora preguntó directamente a Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional y exjuez, si la repercusión en prensa había influido en el magistrado: "¿Qué pasa con la demora en este caso y qué ha podido influir?".

La respuesta de Urías fue rotunda, contrastando la lentitud de este proceso con la velocidad que aplican otros instructores en Plaza de Castilla ante casos de perfil político: "Hombre, todo apunta a eso. Fíjate que se trata de un juez de instrucción. Los juzgados de instrucción en Madrid, en Plaza de Castilla, están colapsados, pero el juez Peinado también es un juez de instrucción, y el juez Peinado en su juzgado pues toma decisiones de un día para otro, de una semana para otra".

Para el experto constitucionalista, una espera de seis meses para este tipo de diligencias carece de justificación técnica y resulta alarmante dentro de cualquier procedimiento penal: "Ha tardado seis meses, que es totalmente desproporcionado para cualquier procedimiento". Urías sostiene que la firma del auto no responde a una casualidad cronológica, sino al impacto directo de las últimas informaciones periodísticas:

"En el momento que sale en los medios de comunicación y que se hace un pequeño escándalo por el hecho de que hay seis meses que esa petición de la policía judicial no ha sido atendida, ha tardado pues dos o tres días inmediatamente en sacar el auto". Para concluir, el catedrático resumió con total claridad cómo funciona la trastienda judicial cuando un asunto incómodo se estanca, criticando la fragilidad argumental de un texto que requería muy poco esfuerzo jurídico:

"Es fácil conociendo cómo funciona la justicia pensar que, no se sabe por qué, si porque se había olvidado o por otros motivos, esta petición de la policía pues no estaba en lo alto de la mesa, y cuando ha salido en los medios de comunicación pues evidentemente el juez se ha acordado o se ha visto de algún modo presionado y ha tomado ahora una decisión que se le había pedido hace seis meses".

El exjuez zanjó el asunto señalando que el auto firmado "necesita tres o cuatro folios de argumentación, como mucho, que son un copia y pega", lamentando profundamente que un miembro de la judicatura "funcione, digamos, esperando a que los medios de comunicación" marquen los tiempos de la acción penal.

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