Iñaki López no descarta que el juez Peinado envíe a Begoña Gómez a "prisión provisional": "Con él al mando..."

Begoña Gómez comparece este lunes ante el juez Peinado después de recibir los escritos de las acusaciones ultras que sustentan la causa y que piden 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno. Se trata de la conocida como audiencia preliminar, el último acto antes del enjuiciamiento si la Audiencia Provincial, la instancia que revisa las decisiones del magistrado, no lo impide. Peinado advirtió de que "se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que los investigados se fuguen, por lo que Iñaki López no descarta que pueda, incluso, mandar a la esposa de Sánchez a "prisión provisional".

El presentador de laSexta escribía el siguiente tuit en su perfil de X -anterior Twitter-: "En la vistilla se le comunicarán a Begoña Gómez las cautelares, que pueden incluir desde retirada del pasaporte de la mujer del Presidente a prisión provisional. Con Peinado al mando no descartaría nada".

En la vistilla se le comunicarán a Begoña Gómez las cautelares, que pueden incluir desde retirada del pasaporte de la mujer del Presidente a prisión provisional.
Con Peinado al mando no descartaría nada.
Será a las 18 horas en @MVTARDE https://t.co/R16obNdSRX

— Iñaki López (@_InakiLopez_) June 15, 2026

La citación de Peinado a Begoña Gómez

La citación de Peinado llega en un momento en el que el magistrado ha puesto sobre la mesa la posibilidad de adoptar medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la retirada del pasaporte o la obligación de comparecencias periódicas, ante lo que algunas acusaciones populares interpretan como un potencial riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas solicitadas.

En los escritos presentados por varias de estas acusaciones, entre las que se encuentran organizaciones como HazteOír, Vox, Iustitia Europa o Manos Limpias, se reclaman penas que alcanzarían hasta los 24 años de prisión para los investigados. Estas solicitudes se sustentan en presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. A partir de ahí, las acusaciones argumentan la necesidad de reforzar el control judicial sobre los encausados, incluyendo medidas como la retirada del pasaporte o comparecencias quincenales, al considerar que existiría un “evidente y fundado riesgo de fuga”.

En este contexto, Begoña Gómez está citada a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, una comparecencia que se enmarca en la fase previa a la apertura de juicio oral. Se trata de un trámite que, en principio, no exige la presencia de los investigados, aunque el juez ha insistido en que la esposa del presidente del Gobierno acuda personalmente a la sede judicial. En caso de incomparecencia, el magistrado ha advertido de que podrían ser conducidos por la fuerza pública.

La posibilidad de imponer medidas restrictivas como la retirada del pasaporte ha sido planteada por el propio juez instructor en resoluciones anteriores, en las que ha señalado que la elevada petición de penas podría justificar la adopción de cautelas destinadas a evitar o minimizar el riesgo de fuga. Estas consideraciones han generado controversia en el marco del procedimiento, especialmente por el contexto personal de los investigados.

En el caso de Begoña Gómez, se da la circunstancia de que se desplaza habitualmente acompañada por un dispositivo de escoltas de la Policía Nacional, al tratarse de la esposa del jefe del Ejecutivo. A ello se suma la situación del empresario Juan Carlos Barrabés, otro de los investigados, que atraviesa problemas de salud recogidos en distintos informes médicos incorporados a la causa.

Las acusaciones populares sostienen que estos elementos no eliminan la posibilidad de adoptar medidas cautelares más restrictivas, mientras que la Fiscalía ha mantenido una posición claramente contraria a la línea seguida por el juez instructor. El Ministerio Público ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa, al considerar que las imputaciones se apoyan en hipótesis y construcciones interpretativas sin suficiente respaldo probatorio, alejadas de una base sólida para sustentar un juicio oral.

A lo largo de la instrucción, la actuación del juez Peinado ha sido objeto de críticas por parte de la Fiscalía, que ha cuestionado tanto la formulación de determinadas imputaciones como la forma en la que se ha ido articulando el procedimiento. En sus escritos, el Ministerio Público ha reprochado la tendencia a interpretar de manera expansiva la relación de hechos investigados, llegando a atribuir a la esposa del presidente del Gobierno conductas que, a su juicio, se sustentan más en conjeturas que en indicios consistentes.

El procedimiento entra así en una fase especialmente delicada, tras más de dos años de instrucción que han estado marcados no solo por el avance de las diligencias, sino también por el intenso debate jurídico y político en torno a la dirección de la causa. Las decisiones adoptadas por el magistrado han sido en varias ocasiones revisadas o corregidas por instancias superiores, que han llamado la atención sobre la necesidad de reforzar la motivación jurídica de algunas de sus resoluciones.