Dos reformas de Telemadrid corregidas por el Tribunal Constitucional. Una nueva Carta Básica aprobada únicamente con los votos del Partido Popular. Separados por varios años, los tres movimientos impulsados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dibujan una misma cronología sobre la radiotelevisión pública madrileña. El último capítulo llegó el pasado 18 de junio, pero la historia comenzó mucho antes.

El primer gran movimiento llegó con la primera reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid en 2021. La Ley 1/2021 supuso el primer giro profundo en el modelo de la radiotelevisión pública, materializado, sobre todo, en la destitución del equipo anterior y el nombramiento de una nueva dirección alineada con la mayoría parlamentaria del PP, con José Antonio Sánchez -actual director general- al frente de la administración provisional.

Su tramitación se hizo mediante el procedimiento de lectura única, una vía excepcional que permite aprobar una ley en un solo debate en el Pleno de la Asamblea, sin pasar por comisión y, sobre todo, sin posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Por ello, la oposición llevó la reforma al Constitucional, que, el pasado abril, la anuló parcialmente, asestando el primer revés judicial al modelo impulsado por el Ejecutivo madrileño.

Una segunda modificación de la ley terminó, de nuevo, ante el alto tribunal. Bajo el mismo mecanismo, un año después, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dio un segundo paso con la Ley 3/2022, una reforma que terminó de consolidar el nuevo modelo de la televisión pública, reforzando el control de la mayoría parlamentaria sobre su estructura interna. Hace algunas semanas, el Constitucional ha vuelto a considerar que esta segunda tramitación también vulneró los derechos de la oposición al impedir su participación efectiva en el proceso legislativo.

Para la oposición, ambas resoluciones no son episodios independientes, sino la confirmación de una estrategia sostenida en el tiempo. "El Tribunal Constitucional ha vuelto a confirmar lo que tantas veces hemos denunciado: el Gobierno de Ayuso solo reforma la televisión pública madrileña con el mismo objetivo, concentrar más poder político sobre ella. No han sido cambios legales aislados, es una estrategia continuada de control", asegura Horacio Díez, portavoz socialista en la Comisión de Telemadrid de la Asamblea de Madrid, a ElPlural.com.

En palabras del diputado, el impacto de esa estrategia trasciende el plano institucional. "Las consecuencias son evidentes: menos servicio público, peor gestión, externalizaciones, precarización del empleo, y favores a medios, productoras y fundaciones amigas".

Por otro lado, un tercer e importante golpe a la televisión madrileña llegó el pasado 18 de junio. El PP hizo valer su mayoría en la Cámara para aprobar en solitario la nueva Carta Básica de Radio Televisión Madrid, sin el respaldo de ningún grupo de la oposición. El texto modifica aspectos esenciales del funcionamiento interno de la corporación y elimina algunos de los mecanismos de participación y control que habían vertebrado el modelo anterior.

Para Díez, esa reforma solo puede entenderse dentro de una secuencia que comenzó años atrás: "Primero modificaron la ley de Telemadrid para controlar los órganos de dirección. Después volvieron a cambiar la ley mediante un procedimiento que el Tribunal Constitucional ha censurado por vulnerar los derechos de la oposición. Y el 18 de junio han aprobado, solo con los votos del PP en la Asamblea de Madrid, una nueva Carta Básica que elimina órganos de participación, reduce los mecanismos de control y rebaja las exigencias de servicio público. Todos los puntos se unen en la misma dirección: más dependencia del Gobierno regional".

Así, el portavoz socialista rechaza que la nueva Carta Básica sea un simple documento organizativo y la sitúa como la culminación de un proceso político: "No puede entenderse como un documento técnico. Es el último paso de una secuencia iniciada hace años. Cada modificación legal ha supuesto menos pluralismo, menos rendición de cuentas y menos capacidad de la ciudadanía, de los profesionales y de la Asamblea para fiscalizar Telemadrid. El resultado es una televisión pública cada vez más controlada por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y, por tanto, peor gestión, menos servicio público y una audiencia camino de cero".

Díez sostiene que "es evidente el proyecto político del Gobierno de la Comunidad de Madrid porque todas las reformas de Telemadrid apuntan siempre en la misma dirección" y explica que, en Telemadrid, "cada cambio normativo ha significado más control del Ejecutivo sobre la radiotelevisión pública". 

Dos reformas parcialmente anuladas por el Tribunal Constitucional. Una tercera aprobada únicamente gracias a la mayoría absoluta del PP. Cuatro años después del inicio de la remodelación de Telemadrid, la radiotelevisión pública madrileña continúa siendo uno de los principales frentes de batalla política entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición. Mientras el Ejecutivo defiende que los cambios responden a una reorganización del ente, sus detractores sostienen que las tres reformas responden a un mismo objetivo: reforzar el control político sobre la televisión pública.

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