El periodista Ernesto Ekaizer ha cuestionado la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz en la investigación sobre Leticia de la Hoz, la abogada que asumió la defensa de Koldo García. En un artículo publicado este sábado en El Periódico, sostiene que las facturas que acreditan el pago de 242.000 euros por parte de la empresa editora de Okdiario contradicen las sospechas de que el PSOE sufragó sus honorarios y obligan a examinar cómo se ha desarrollado la investigación.
La documentación fue entregada el jueves a la Audiencia Nacional por Carlos Bautista, abogado de De la Hoz. Consta de dos facturas por importes de 181.500 y 60.500 euros, fechadas el 27 de noviembre de 2025 y el 23 de enero de 2026, respectivamente, junto con los correspondientes justificantes bancarios. Ambas fueron abonadas por Dos Mil Palabras S. L., la sociedad editora del periódico dirigido por Eduardo Inda, al despacho IDBO Consultants, vinculado a la letrada.
Los documentos recogen pagos por honorarios y gastos jurídicos relacionados con los procedimientos de Koldo García. Su presentación respalda lo que De la Hoz venía sosteniendo desde julio: el PSOE no había abonado esos servicios profesionales.
Ekaizer considera especialmente relevante que la identificación del pagador no se produjera antes. Según explica, la abogada había solicitado ser relevada de su deber de secreto profesional para poder revelar quién costeaba la defensa del antiguo asesor de José Luis Ábalos. El periodista reprocha a Anticorrupción que no impulsara antes la incorporación de esa documentación al procedimiento.
El cambio de criterio de la Fiscalía y Pedraz
La entrega de las facturas se produjo después de que el juez Santiago Pedraz requiriera a De la Hoz los justificantes de los pagos recibidos por sus servicios profesionales.
Ekaizer sostiene que la Fiscalía Anticorrupción cambió su posición sobre la conveniencia de reclamar la documentación y que el magistrado modificó también su criterio. El periodista considera que ese recorrido resulta difícil de explicar cuando la propia investigada llevaba meses negando que el dinero procediera del PSOE y había planteado la posibilidad de acreditar quién lo había abonado.
Su crítica se dirige a la actuación de quienes instruyen e impulsan el procedimiento. A su juicio, las facturas debilitan una de las sospechas que habían rodeado a De la Hoz y complican la continuidad de la investigación en su contra.
La letrada figura como investigada en el denominado caso Leire Díez, relacionado con presuntas maniobras para influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Su situación procesal está vinculada, entre otras cuestiones, a las declaraciones de Carmen Pano, empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz.
Pano sostiene que De la Hoz le ofreció dinero para que modificara esa versión. La abogada lo niega. Se trata de una acusación sometida a investigación judicial, sin que el supuesto ofrecimiento pueda presentarse como un hecho probado.
En su columna, Ekaizer cuestiona la consistencia de ese relato y presta atención al papel de Álvaro Gallego, identificado como chófer de Pano. Según expone, Gallego aseguró que disponía de conversaciones de WhatsApp que permitirían acreditar el supuesto intento de soborno. El periodista sostiene que esos mensajes no han proporcionado la prueba concluyente que se había anunciado.
Esta es una de las principales conclusiones de su análisis: considera que la investigación contra De la Hoz ha perdido sustento y se pregunta cómo podrá Anticorrupción justificar su continuidad.
Las facturas, sin embargo, acreditan quién abonó los honorarios documentados, pero no resuelven por sí solas la acusación relativa a Carmen Pano. La decisión de mantener o archivar las diligencias corresponde al juez, a partir del conjunto de los indicios incorporados al procedimiento.
Los pagos de Okdiario y las relaciones que señala Ekaizer
La revelación de los pagos ha situado a Okdiario en el centro de la controversia. Las facturas y sus justificantes bancarios identifican a su empresa editora como pagadora de los 242.000 euros destinados a honorarios y gastos jurídicos relacionados con la defensa de Koldo García.
El medio dirigido por Eduardo Inda ha ofrecido una explicación diferente sobre la finalidad de esos desembolsos, que ha relacionado públicamente con un proyecto editorial que incluía un libro y una docuserie. La documentación presentada ante Pedraz, por su parte, recoge como concepto los servicios jurídicos prestados al antiguo asesor ministerial.
Ekaizer utiliza esta circunstancia para cuestionar la interpretación que había vinculado los honorarios de De la Hoz con el PSOE. También incorpora a su relato los contactos entre personas relacionadas con la defensa de García y antiguos profesionales del entorno del Partido Popular.
Entre ellos menciona a Alberto Durán, histórico abogado del PP, a quien atribuye participación en determinados episodios relacionados con Koldo García y Okdiario. Recuerda, además, que Durán dejó su puesto en septiembre y que posteriormente se incorporó al partido Henry Fenkelstein, abogado que había trabajado con José Antonio Choclán.
El periodista interpreta estas relaciones como parte de una historia más amplia que, en su opinión, no ha recibido suficiente atención en la investigación. No obstante, la existencia de contactos profesionales o vínculos políticos no acredita por sí sola una operación coordinada para interferir en procedimientos judiciales. Esa conclusión exigiría pruebas específicas.
El episodio que denuncia la abogada
Ekaizer relata también un incidente ocurrido el mismo jueves en que se presentaron las facturas. Según su información, De la Hoz acababa de acudir a una comida en un restaurante del centro de Madrid cuando un hombre se le aproximó de una manera que ella consideró intimidatoria. El individuo llevaba un teléfono móvil en el que, siempre según el relato publicado, podía verse el distintivo de Okdiario.
El periodista afirma que la abogada y su defensor identificaron posteriormente al hombre como un escolta de Eduardo Inda. Añade que De la Hoz acudió a una comisaría y manifestó a los agentes que tenía miedo.
El columnista sitúa el episodio en el contexto de la controversia por las facturas, aunque su principal crítica sigue centrada en las decisiones de la Fiscalía y del juez.
La documentación presentada el jueves identifica a la empresa que abonó los 242.000 euros y contradice la hipótesis de que esos honorarios concretos fueran sufragados por el PSOE. Quedan por esclarecer las condiciones de la relación contractual, la finalidad de los pagos y su relevancia para las diligencias en las que aparece investigada De la Hoz.
Ekaizer considera que las facturas y las debilidades que atribuye al testimonio de Carmen Pano ponen en dificultades la investigación contra la abogada. La incorporación de esos documentos deberá ser valorada por Pedraz junto con el resto de las actuaciones antes de decidir sobre la continuidad del procedimiento.
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