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El culebrón de Sopa de letras en À Punt suma un nuevo capítulo. La televisión pública valenciana retiró el concurso de su parrilla apenas un día después de estrenarlo, después de que el programa llegara a antena sin adaptar y con referencias directas a Telemadrid y a la audiencia madrileña. Ahora, el problema ya no está únicamente en qué programa ocupa su hueco en la parrilla: está en qué ocurre con los 80 episodios que la cadena había contratado y cuánto tendrá que abonar finalmente por ellos.
Según el contrato al que ha tenido acceso elDiario.es, À Punt acordó con Valencia Imagina Televisió (VITV), una empresa del grupo Mediapro, la adquisición de un paquete de 80 programas de Sopa de letras. El importe máximo previsto asciende a 156.000 euros, sin IVA, aunque la cifra final no está comprometida en estos momentos porque la cadena y la productora están negociando qué hacer con el acuerdo después de la retirada del concurso, según informa el citado medio.
El contrato establece un sistema de pago dividido en dos bloques. Los primeros 40 programas estaban fijados en 72.000 euros y los otros 40 se facturarían a razón de 2.100 euros por episodio. Si se hubieran emitido los 80 capítulos contemplados en el acuerdo, la factura alcanzaría esos 156.000 euros. Pero la situación cambió radicalmente después de que À Punt decidiera apartar el formato de su programación. Y ahí está ahora la incógnita: qué parte de ese contrato acaba pagando la televisión pública valenciana.
La cuestión no es menor porque Sopa de letras no era un formato producido expresamente para À Punt. El concurso había sido realizado por Globomedia para Telemadrid y posteriormente los derechos fueron adquiridos por À Punt. La cadena valenciana recibió, por tanto, un producto que ya estaba grabado para la televisión madrileña y que se emitió prácticamente tal cual, con Jota Abril al frente y con las referencias destinadas originalmente al público de la Comunidad de Madrid.
En otras televisiones autonómicas el recorrido fue diferente. Andalucía y Aragón, por ejemplo, adaptaron el formato a sus respectivas cadenas. À Punt, en cambio, optó por emitir el contenido ya producido para Telemadrid. De ahí que el estreno terminara dejando una de esas imágenes televisivas difíciles de explicar: un concurso emitido por la televisión pública valenciana en el que el presentador daba la bienvenida al “nuevo concurso de Telemadrid” y hablaba de “la tele de todos los madrileños”.
La cadena reconoció entonces que se había producido un error y retiró temporalmente el programa. Francisco Aura, director general de À Punt, lo explicó posteriormente en Les Corts: “Cometimos un error. Lo reconocimos y lo sustituimos de inmediato. Falló el control editorial y no se detectó que el presentador se dirigía directamente a la audiencia de Telemadrid”.
Pero el contrato añade ahora una nueva capa al episodio. El documento establece que los contenidos se deben “validar previamente” por parte de la Corporación valenciana antes de proceder a la facturación. Es decir, la cuestión no se limita a que el programa tuviera que ser retirado una vez emitido: el acuerdo contemplaba un proceso de validación previa por parte de À Punt.
La situación queda todavía más abierta porque el propio contrato incluye una cláusula de fuerza mayor que permite suspender el acuerdo cuando determinadas circunstancias ajenas al control de las partes impidan, dificulten o retrasen su cumplimiento. En ese supuesto, el documento contempla que se restaure el equilibrio entre las prestaciones realizadas y la correspondiente contraprestación económica.
Por ahora, À Punt no ha cerrado públicamente cuál será el desenlace económico. Fuentes de la cadena consultadas por el medio aseguran que no hay un presupuesto comprometido y que el asunto continúa en negociación con la productora. Es decir, los 156.000 euros representan el máximo previsto en el contrato si se hubieran emitido los 80 programas, no una cantidad que À Punt haya confirmado que vaya a desembolsar finalmente.
La cifra sirve, eso sí, para poner números a un episodio que comenzó con un error de control editorial y que ahora se ha convertido también en un problema contractual. La televisión pública valenciana había previsto tres emisiones en abierto y gratuitas de cada programa dentro del territorio valenciano, pero el plan quedó en suspenso prácticamente desde el comienzo. El estreno, además, tuvo una acogida más que discreta: Sopa de letras registró un 1% de cuota y alrededor de 9.000 espectadores en su primera emisión.
La cadena sustituyó el concurso por Doc Martin y anunció que su retirada sería temporal. Sin embargo, el nuevo movimiento conocido ahora coloca el foco en algo que hasta este momento había quedado en segundo plano: qué sucede con todo aquello que ya se había contratado antes de que el programa desapareciera de la parrilla.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo las televisiones autonómicas comparten y compran contenidos entre ellas. Que una cadena adquiera los derechos de un formato producido para otra no es, por sí mismo, algo extraordinario. Desde À Punt han defendido que los derechos de Sopa de letras se adquirieron a VITV, una empresa valenciana integrada en el grupo Mediapro, y que el concurso forma parte de las fórmulas de colaboración entre televisiones autonómicas. La particularidad de este caso es que, a diferencia de otras cadenas que adaptaron el formato, À Punt emitió el contenido ya producido para Telemadrid, manteniendo incluso las referencias dirigidas a la audiencia madrileña.”
