Un concejal de Vox se graba un vídeo mientras conduce y se juega una multa

El concejal de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Aranjuez, Esteban Fernández (Vox), ha generado controversia tras publicar un vídeo grabado mientras conducía en el que critica las políticas de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) aplicadas en Madrid y las futuras restricciones derivadas de la Ley de Movilidad Sostenible.

En el vídeo compartido en la red social X (antes Twitter), Fernández ha alertado de que, a partir del 1 de enero, muchos conductores “tendrán que comprarse un coche nuevo” para poder circular libremente. “El Partido Popular de Almeida, que en campaña dijo que iba a analizar la zona de bajas emisiones, ha decidido que tu coche, con el que vas a trabajar o llevas a tus hijos al colegio, ya no vale”, ha afirmado. Según el concejal, quienes no dispongan de un vehículo con etiqueta ambiental “ya pueden ir tirando el antiguo al desguace y preparando 20.000 o 30.000 euros para comprar uno nuevo”.

Fernández ha enmarcado estas restricciones dentro lo que denomina “religión climática” del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de impulsar medidas que perjudican especialmente a los conductores de rentas bajas. “En Vox seguimos resistiendo ante la ofensiva del bipartidismo que cada vez asfixia a la clase trabajadora que lucha por llegar a fin de mes”, ha añadido el edil en su grabación.

Debate sobre seguridad vial

Además del contenido político, el vídeo ha suscitado críticas por estar grabado mientras el concejal se encontraba al volante. Las normas de la DGT regulan estrictamente el uso de cámaras y móviles mientras se conduce. La difusión del vídeo, no obstante, ha ido acompañada de críticas respecto a su forma de grabación. Aunque la Dirección General de Tráfico no sanciona por el mero hecho de llevar una cámara encendida dentro del vehículo, sí contempla multas si su uso interfiere con la conducción, la visibilidad o si implica manipulación del dispositivo. La normativa ha establecido que grabar no es ilegal siempre que la cámara esté bien instalada y no afecte al campo de visión del conductor. Sin embargo, si la colocación del aparato impide ver la carretera con claridad, puede imponerse una sanción de 80 euros. Las multas aumentan cuando hay manipulación: interactuar con la cámara mientras el vehículo está en movimiento puede conllevar 200 euros de sanción y la pérdida de tres puntos del carnet.

En el caso de los teléfonos móviles, la regulación es incluso más estricta. Sujetar el móvil con la mano para grabar mientras se conduce está sancionado con 200 euros y seis puntos, y manipularlo sin llegar a sostenerlo, si no está colocado en un soporte adecuado, puede alcanzar los 500 euros y seis puntos, al considerarse una infracción muy grave. Además, aunque grabar sea legal, la difusión pública de imágenes en las que puedan identificarse personas, matrículas u otros datos sensibles puede derivar en multas de hasta 1.500 euros por vulnerar la Ley de Protección de Datos.

Mientras tanto, Vox ha continuado utilizando el debate ambiental como uno de sus principales argumentos políticos. Millán recordó este martes 4 de noviembre el caso de Madrid, donde Almeida “prometió derogar Madrid Central y acabó ampliándolo”, y advirtió de que la futura Ley de Movilidad Sostenible impondrá nuevas obligaciones a las empresas, como la elaboración de planes de movilidad específicos para sus trabajadores, lo que, según la formación, supondrá mayores costes para las compañías. También defendió el veto que el partido presentará en el Senado contra dicha ley, después de que Vox lograra tumbar recientemente la ZBE de Valencia.

Para Vox, estas medidas “solo benefician a una minoría” y perjudican especialmente “a los españoles más humildes y a la industria nacional”. El partido asegura que no apoyará “ni multas ni más restricciones a la libertad de circulación”, a las que responsabiliza del impacto negativo en la economía local y en los pequeños negocios.