La derecha ha tumbado el decreto del alquiler en la tarde de este pasado martes. PP, Vox y Junts han aportado 177 votos en contra del Decreto Ley impulsado por Sumar para la prórroga de dos años de los alquileres de 2,6 millones de personas que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, impiden así que los inquilinos puedan solicitar la congelación del alquiler en un contexto cada vez más complicado. Desde Mañaneros 360, una de sus reporteras ha querido contar su caso personal.

"Nuestros reporteros cubren la información, pero a veces también son la información", decía Javier Ruiz, volviendo a conectar con María Fortu, una de sus reporteras que se encontraba a pie de calle tratando el asunto. "María, tú estás en la situación que estas denunciando. A ti hoy empiezan a plantearte la pregunta de subida de alquiler o te vas a la calle. Tu casero te ha dicho 1000 euros más", continuaba el presentador, dando paso a la joven.

La periodista contaba que hace dos semanas ella y sus compañeras, que llevan cinco años viviendo en el mismo piso, recibieron un burofax diciendo que "nos echan y no tenemos otra opción, sino tendríamos que pagar 1000 euros más y ya serían 600 euros por una habitación, que no estamos hablando de una casa completa". "Nosotros nos acogimos a esa prórroga de alquileres y en apenas dos días, el 15 de abril, enviamos otro burofax a los caseros, hecho por nuestros abogados, denunciando lo que está pasando y acogiéndonos a esa prórroga. Pero claro, ahora mismo, ese decreto no ha salido adelante y estamos a expensas porque el 14 de agosto me echan de casa", contaba la joven.

María ha explicado que actualmente ella y sus compañeras pagan, cada una, 450 euros con gastos incluidos, pero el precio "pasaría a 600 más gastos por una habitación en un piso de los años 90 que no está reformado": "No podemos afrontar esa subida, somos cuatro jóvenes trabajadoras que estamos tratando de salir adelante, pero no nos dejan".

Derecha y ultraderecha tumban el decreto para la prórroga de los alquileres

La alianza de PP, Vox y Junts, junto a la abstención del PNV, ha impedido sacar adelante el decreto impulsado por Sumar, dejando en el aire la situación de más de dos millones y medio de personas cuyos contratos vencen en los próximos meses.

La votación, que ya se anticipaba ajustada, se saldó con una mayoría en contra que vuelve a evidenciar la fragilidad del bloque de investidura. Pero, más allá de la aritmética parlamentaria, el foco se sitúa ahora en las consecuencias directas sobre los inquilinos, que pierden un mecanismo clave para contener subidas de precios en un mercado tensionado. La norma permitía alargar los contratos hasta 2027 y limitar las subidas al 2%, una herramienta que, según el Ejecutivo, buscaba dar “protección” a millones de hogares.

Desde el Gobierno han cargado con dureza contra quienes han tumbado la medida y han dejado claro que no dan la batalla por perdida. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió en el hemiciclo que lo que estaba en juego no era una cuestión partidista, sino el acceso a la vivienda, subrayando que “en esta votación no se dirime el interés del Gobierno, se vota dotar de protección a tres millones y medio de personas”. Tras el rechazo, el propio ministro aseguró que el Ejecutivo no se resigna y que volverá a intentar sacar adelante la iniciativa “las veces que haga falta” hasta que se convierta en una realidad.

En la misma línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha insistido en que el Gobierno seguirá “batallando” para recuperar la medida, mientras fuentes del Ejecutivo ya trabajan en nuevas “hipótesis” para aprobar de nuevo un decreto similar en las próximas semanas. La estrategia pasa por explorar vías jurídicas y políticas que permitan sortear el bloqueo parlamentario, incluso abriendo la puerta a nuevas negociaciones con los grupos que han votado en contra.

Frente a esta posición, PP, Vox y Junts han justificado su rechazo apelando a la “inseguridad jurídica” o al impacto que, a su juicio, tendría la medida sobre la oferta de vivienda. Sin embargo, desde el bloque progresista y organizaciones sociales denuncian que se trata de una decisión que deja desprotegidos a millones de inquilinos en favor de los intereses del mercado inmobiliario. De hecho, desde el propio Gobierno se ha señalado que con esta votación “quien queda retratado es quien vota en contra”.

El malestar ha ido más allá del hemiciclo. Colectivos de inquilinos ya han anunciado movilizaciones tras la caída del decreto, denunciando que se ha frustrado un “balón de oxígeno” para miles de familias que afrontan renovaciones de contrato en un contexto de precios disparados. La incertidumbre es ahora la nota dominante, con dudas incluso sobre el alcance legal de las prórrogas ya solicitadas durante el tiempo en que la norma estuvo vigente.

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