Canal Sur estrenó en la noche de este lunes, 22 de junio, una nueva temporada de A toda costa, programa que realiza un recorrido por algunos de los rincones más emblemáticos y turísticos de Andalucía, conducido por la presentadora Teresa Martín, quien es, además, la novia de Elías Bendodo. Así, la televisión pública andaluza continúa reforzando sus lazos con ADM, la productora señalada por el presunto caso de agresión sexual que pesa sobre su exCEO, Gustavo Fuentes, y que se encuentra bajo la órbita de la Junta de Moreno Bonilla. 

El programa, que ha estrenado su sexta temporada, vio la luz en 2021, bajo la producción ejecutiva del mismo Fuentes, quien ha sido responsable del resto de ediciones que han ido sucediéndose. 

También desde el momento en el que arrancó el formato, su presentadora es Teresa Martín, cuya carrera mediática arrancó en la 44ª edición de Miss España, donde se erigió como la primera Dama de Honor siendo ‘Miss Málaga’ mientras que Eva González se coronó como ganadora. No obstante, este puesto la condujo a representar a España en el certamen Miss Mundo.

Más tarde, Martín ha participado en distintos espacios televisivos, como El show de Bertín, Hoy en día, Hay una cosa que te quiero decir de Telecinco, donde fue reportera; Generación Ni-Ni de laSexta, como profesora o concursante de Supervivientes 2007.

Más allá de lo televisivo, la de Antequera fue campeona de Andalucía de atletismo, afición que comparte con el que es su pareja, Elías Bendodo. Su relación comenzó a principios de 2024 y las primeras citas oficiales en las que aparecieron juntos fueron la gala ‘Los Leones’ de El Español, en la que citaron a Teresa como "acompañante", o la boda de la hija de Javier Arenas. 

Dos años después, su aparición más reciente, con la que afianzaban su relación ante los medios, ha sido este mes de marzo, cuando posaron juntos en la apertura del Festival de Cine de Málaga. 

ADM, la Junta y Canal Sur: las claves de este triángulo audiovisual

 La imputación de Gustavo Fuentes, el que fuera consejero delegado de Andalucía Digital Multimedia (ADM), principal productora asociada a la radiotelevisión pública andaluza, por presuntos delitos de agresión sexual y acoso sexual ha puesto en el foco a la empresa, pero también a la propia Canal Sur y al modelo audiovisual de Moreno Bonilla.

Todo comenzó cuando trascendió que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla investiga al máximo responsable de ADM tras la denuncia presentada por una trabajadora de la empresa. La causa judicial, adelantada por elDiario.es, incluye presuntos delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado y se sustenta en declaraciones testificales, mensajes y otros elementos incorporados al procedimiento. La denunciante formalizó su denuncia a comienzos de año y el directivo deberá comparecer ante la Justicia el próximo 25 de junio. 

La relevancia del caso no se entiende sin el papel que desempeña ADM dentro del ecosistema audiovisual andaluz. La compañía produce algunos de los formatos más reconocibles de Canal Sur y mantiene una relación estructural con la RTVA desde hace décadas. Además, la Junta de Andalucía participa en su accionariado a través de la empresa pública Sandetel, que posee el 47% de la sociedad, lo que convierte a ADM en una compañía singular: formalmente privada, pero con una presencia determinante del sector público andaluz en su estructura.

Más allá del procedimiento judicial, el caso ha destapado una serie de elementos que apuntan a fallos estructurales en la supervisión de la empresa y en sus mecanismos internos de control. Según publicaba elDiario.es, en junio de 2025, al menos cinco extrabajadoras de la compañía acudieron a Comisiones Obreras para relatar situaciones de acoso sexual y laboral en el entorno de trabajo. Estos testimonios, recogidos en sede sindical, describen episodios de intimidación, comportamientos vejatorios y dinámicas de abuso de poder dentro de la empresa meses antes de la denuncia que ha derivado en la causa judicial.

En 2024, ADM fue sancionada por la Inspección de Trabajo por un caso de acoso laboral contra una trabajadora, una resolución posteriormente confirmada en vía administrativa por la Junta de Andalucía. Se trató de una infracción grave que ya situó a la empresa bajo el radar de los organismos de control laboral y que hoy vuelve a cobrar relevancia como antecedente en el análisis del funcionamiento interno de la compañía.

La dimensión política del caso es evidente. La oposición ha señalado directamente al Gobierno andaluz por su papel como actor relevante en la estructura de la empresa y por la relación de dependencia entre Canal Sur y la productora. El debate se centra en si la Junta, como accionista relevante a través de Sandetel y como responsable último del ente público audiovisual, ha ejercido una supervisión efectiva sobre sus proveedores estratégicos o si el modelo ha permitido zonas de opacidad en la gestión.

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