ADM, la productora estrella de Canal Sur bajo la órbita de la Junta de Moreno Bonilla que vuelve a estar en el foco por un caso de acoso

Andalucía Digital Multimedia (ADM) no es una productora más dentro del ecosistema audiovisual andaluz. Su posición como proveedor estratégico de Canal Sur, su volumen de producción y su estructura de capital con participación pública la convierten en una pieza central del sistema mediático autonómico. Precisamente por eso, el caso judicial que afecta a su exconsejero delegado, Gustavo Fuentes, ha puesto el foco no solo en la empresa, sino en el modelo de relaciones entre la Junta de Andalucía, la RTVA y las grandes productoras externas.

ADM trabaja de forma habitual con Canal Sur, uno de sus principales clientes, y desarrolla parte de la programación más visible de la televisión pública andaluza, como, por ejemplo, títulos como Andalucía Directo. Esta relación estable y prolongada ha convertido a la compañía en un actor relevante dentro del sector audiovisual en Andalucía, con capacidad de influencia y acceso directo a la contratación pública del ente autonómico.

El problema surge cuando esa posición de privilegio se combina con la estructura societaria de la empresa. ADM es una compañía público-privada en la que la Junta de Andalucía tiene participación relevante a través de la Agencia Digital de Andalucía (Sandetel), que mantiene en torno a un 47% del capital. Esa presencia del sector público, unida a su dependencia estructural de Canal Sur como cliente, sitúa a la empresa en una zona de especial sensibilidad institucional, donde la supervisión pública y la gestión privada conviven de forma constante.

La imputación de su consejero delegado por presuntos delitos de agresión sexual y acoso a una trabajadora ha activado todas las alarmas institucionales. Pero más allá del procedimiento judicial, el caso ha destapado una serie de elementos que apuntan a fallos estructurales en la supervisión de la empresa y en sus mecanismos internos de control.

En los últimos días, además, han aflorado nuevos elementos que amplían el contexto. Según publicaba elDiario.es, en junio de 2025, al menos cinco extrabajadoras de la compañía acudieron a Comisiones Obreras para relatar situaciones de acoso sexual y laboral en el entorno de trabajo. Estos testimonios, recogidos en sede sindical, describen episodios de intimidación, comportamientos vejatorios y dinámicas de abuso de poder dentro de la empresa meses antes de la denuncia que ha derivado en la causa judicial.

Este tipo de advertencias no son nuevas en el historial reciente de la compañía. En 2024, ADM fue sancionada por la Inspección de Trabajo por un caso de acoso laboral contra una trabajadora, una resolución posteriormente confirmada en vía administrativa por la Junta de Andalucía. Se trató de una infracción grave que ya situó a la empresa bajo el radar de los organismos de control laboral y que hoy vuelve a cobrar relevancia como antecedente en el análisis del funcionamiento interno de la compañía.

Ese episodio, junto a las denuncias sindicales posteriores, dibuja un patrón que ahora cobra dimensión política: el de una empresa clave en la producción de contenidos de Canal Sur que acumula alertas previas sin que estas se tradujeran en cambios visibles en su estructura de control o en la supervisión institucional de su actividad.

La dimensión política del caso es evidente. La oposición ha señalado directamente al Gobierno andaluz por su papel como actor relevante en la estructura de la empresa y por la relación de dependencia entre Canal Sur y la productora. El debate se centra en si la Junta, como accionista relevante a través de Sandetel y como responsable último del ente público audiovisual, ha ejercido una supervisión efectiva sobre sus proveedores estratégicos o si el modelo ha permitido zonas de opacidad en la gestión.

Mientras tanto, la RTVA mantiene que sus actuaciones están condicionadas por la existencia de un procedimiento judicial en curso, lo que limita la adopción de medidas disciplinarias inmediatas. Esta posición, aunque habitual en términos jurídicos, ha sido cuestionada por sectores sindicales y políticos que reclaman mayor contundencia ante la gravedad de las denuncias y la reiteración de antecedentes laborales en la compañía.

El caso ADM trasciende así la esfera judicial y se instala en un debate más amplio sobre el modelo audiovisual andaluz. Un sistema en el que lo público y lo privado se entrelazan, donde la producción televisiva depende de empresas externas con participación pública y donde, ahora, se acumulan preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control, prevención y supervisión en materia de acoso laboral y sexual.