Canal Sur, la Junta y el caso ADM: claves de una crisis que pone en apuros el modelo audiovisual de Moreno Bonilla

Lo que comenzó esta semana como la investigación judicial a un alto directivo del sector audiovisual andaluz amenaza ya con convertirse en una de las mayores crisis que han golpeado al entorno de Canal Sur durante los últimos años. La imputación de Gustavo Fuentes, el que fuera consejero delegado de Andalucía Digital Multimedia (ADM), principal productora asociada a la radiotelevisión pública andaluza, por presuntos delitos de agresión sexual y acoso sexual ha abierto un debate que trasciende el ámbito judicial y alcanza de lleno a la Junta de Andalucía, a la RTVA y al modelo de relaciones construido en torno a uno de los principales proveedores de contenidos de la cadena pública.

La cronología de los hechos explica por qué la crisis ha ido creciendo día tras día. Todo comenzó cuando trascendió que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla investiga al máximo responsable de ADM tras la denuncia presentada por una trabajadora de la empresa. La causa judicial, adelantada por elDiario.es, incluye presuntos delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado y se sustenta en declaraciones testificales, mensajes y otros elementos incorporados al procedimiento. La denunciante formalizó su denuncia a comienzos de año y el directivo deberá comparecer ante la Justicia el próximo 25 de junio. 

La relevancia del caso no se entiende sin el papel que desempeña ADM dentro del ecosistema audiovisual andaluz. La compañía produce algunos de los formatos más reconocibles de Canal Sur y mantiene una relación estructural con la RTVA desde hace décadas. Además, la Junta de Andalucía participa en su accionariado a través de la empresa pública Sandetel, que posee el 47% de la sociedad, lo que convierte a ADM en una compañía singular: formalmente privada, pero con una presencia determinante del sector público andaluz en su estructura.

La primera reacción oficial llegó por parte de Canal Sur. La RTVA emitió un comunicado en el que descartó adoptar medidas inmediatas contra el directivo investigado y argumentó que no podía activar su protocolo interno porque la denunciante había acudido directamente a la vía judicial sin presentar previamente una denuncia interna. El ente público anunció la convocatoria urgente de sus órganos de igualdad y aseguró que realizaría un seguimiento del caso, aunque sin ir más allá. La respuesta fue recibida con sorpresa por parte de sectores sindicales y políticos, que reclamaban una actuación más contundente dada la gravedad de los hechos investigados. 

La presión pública aumentó rápidamente y el Consejo de Administración de ADM acabó reuniéndose de urgencia. Como resultado de ese encuentro, la compañía acordó suspender temporalmente de sus funciones a su consejero delegado mientras avanza la investigación judicial. La empresa defendió la medida apelando a la presunción de inocencia y a la necesidad de garantizar el funcionamiento ordinario de la sociedad, pero la decisión evidenció que la magnitud de la crisis ya hacía insostenible la continuidad normal del directivo al frente de la gestión diaria. 

Sin embargo, el auténtico punto de inflexión llegó cuando la propia productora reconoció que había gestionado de forma incorrecta la investigación interna abierta tras conocer la denuncia. La nueva dirección de la productora admitió que el expediente se cerró sin escuchar a la denunciante ni a posibles testigos y tomando en consideración esencialmente la versión del propio directivo investigado. La empresa reconoció de facto que sus protocolos fallaron y anunció cambios internos, al tiempo que animó a los trabajadores a denunciar cualquier conducta irregular. 

Cuando parecía que la dimensión del caso ya estaba delimitada, una nueva información añadió todavía más presión sobre la compañía y sobre las instituciones que la rodean. Según publicó el citado medio, la denunciante y otras cinco extrabajadoras acudieron en junio de 2025 a Comisiones Obreras para pedir ayuda ante situaciones que describieron como acoso sexual, acoso laboral y comportamientos vejatorios dentro de la empresa. Algunas de aquellas mujeres relataron episodios de contenido sexual atribuidos al directivo investigado, mientras que otras denunciaron gritos, humillaciones, descalificaciones y un entorno laboral que calificaron como degradante. Todas ellas acudieron al sindicato siete meses antes de que se presentara la denuncia penal que hoy investiga el juzgado. 

La información resulta especialmente relevante porque desplaza una de las principales líneas argumentales mantenidas hasta ahora por los responsables institucionales: la idea de que nadie tenía conocimiento previo de situaciones de esta naturaleza. Según las informaciones publicadas, aquellas trabajadoras buscaron amparo en un sindicato con representación en la RTVA precisamente por la estrecha vinculación entre ADM y Canal Sur. 

En paralelo, también han reaparecido antecedentes que agravan la situación de la productora. ADM fue sancionada en 2024 por la Inspección de Trabajo por un caso de acoso laboral, una resolución posteriormente confirmada por la administración laboral andaluza. El episodio ha vuelto a cobrar actualidad porque plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control internos y sobre la supervisión ejercida por las instituciones públicas vinculadas a la compañía. 

La última respuesta institucional llegó tras la reunión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de la RTVA. En un nuevo comunicado emitido en la noche del jueves, Canal Sur endureció parcialmente su posición inicial, condenó expresamente cualquier conducta de acoso sexual, proclamó su tolerancia cero frente a este tipo de comportamientos y anunció el refuerzo de los protocolos dirigidos a las empresas externas que trabajan para la cadena pública. No obstante, mantuvo que cualquier actuación formal relacionada con el caso concreto queda condicionada por la existencia de un procedimiento judicial abierto. 

La crisis ya ha dejado de ser únicamente un problema para la productora. La acumulación de denuncias, los errores reconocidos por la propia empresa, los antecedentes laborales conocidos y las preguntas sobre quién conocía qué información sitúan el foco sobre el modelo audiovisual construido durante los últimos años alrededor de Canal Sur. Un modelo en el que confluyen contratación pública, influencia institucional y empresas participadas por la Junta de Andalucía. Y es precisamente esa conexión la que amenaza con convertir una investigación judicial en un problema político de primer orden para el Gobierno de Juanma Moreno.