RTVE publicaba la semana pasada unas imágenes del CECOPI grabadas la trágica tarde de la DANA por un equipo de À Punt con el compromiso de emitirse sin sonido. Este clip posee gran importancia en la causa, ya que demuestra que Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, mintió ante la jueza que instruye la investigación. La decisión de la televisión pública nacional detonó un enfrentamiento con la cadena regional, que cargaba contra la Corporación y abría una investigación interna sobre la “filtración del material con el audio. Ahora, el PSPV ha registrado una batería de iniciativas contra el presidente de À Punt y el Consell de Mazón por ocultar estas imágenes.
La portavoz socialista sobre À Punt en la Cámara, Mercedes Caballero, ha expresado el apoyo del partido "al trabajo profesional y compromiso con la verdad y la objetividad de los trabajadores de À Punt" así como el agradecimiento a TVE por "desvelar un audio fundamental para que la ciudadanía tenga claro qué paso la fatídica tarde del 29 de octubre".
La formación ha presentado una batería de iniciativas, entre las que figura la petición de la comparecencia del presidente de la televisión valenciana, Vicente Ordaz, y del director general de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Francisco Aura, ante la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual para que den explicaciones con motivo de “la filtración de un vídeo con sonido relevante en una investigación judicial y la emisión de una pieza informativa sobre esta información explicando la postura de la dirección pero atribuida a la ‘redacción”.
La portavoz socialista demanda que Ordaz y Aura aclaren "dos cuestiones fundamentales y que merecen una explicación minuciosa". "Por un lado, ¿cómo es posible que À Punt tuviera un audio que demuestra que los hechos relatados por la consejera Pradas no responden a la verdad y no lo pusieran a disposición de la jueza? Qué es más importante, ¿el compromiso de no difundir un audio grabado o un proceso judicial que investiga la muerte de 229 personas?", se pregunta en un primer lugar.
Por otro lado, el PSPV reclama que "aclaren también quién, cómo y por qué se decidió y elaboró el comunicado leído en el Notícies Nit del jueves, atribuyéndolo a la iniciativa de los trabajadores y trabajadoras, cuando se ha sabido después que partió de la dirección". Ante los movimientos que se llevan produciendo desde hace tiempo en la televisión pública valenciana, Caballero plantea las siguientes respuestas con respecto a la deriva de À Punt: "¿Va a ser esa misma dirección la que lleve la investigación que han dicho que van a hacer? ¿Volvemos a Canal 9? ¿Volvemos a la caza de brujas? ¿Volvemos a las listas negras?".
Desde el Partido Socialista valenciano denuncian, en este sentido, "el cerrojo a la transparencia y la verdad del Consell de Mazón” al negarle el acceso a las imágenes del CECOPI y ha señalado que "la ciudadanía merece conocer lo que ocurrió entre esas cuatro paredes".
Además, también ha registrado dos preguntas parlamentarias para que el Consell le responda por escrito: "¿Cree el Consejo que, si tiene en su poder información relevante para el desarrollo de un procedimiento judicial, debe trasladarla a las instancias pertinentes?" y "¿ha ocultado el Consejo alguna información relevante, que tenga en su poder, respecto al procedimiento judicial abierto en el juzgado por los hechos ocurridos en la provincia de Valencia el día 29 de octubre de 2024?".
Por último, y paralelamente, el grupo socialista de las Corts, a través del Síndic, José Muñoz, y de la portavoz de Justicia, Alicia Andújar, ha reclamado que las imágenes en bruto, no editadas y con sonido, de las cámaras de À Punt durante los días 29 y 30 de octubre de 2024 se incorporen al Plan de Trabajo de la comisión de investigación sobre la Dana en las Corts Valencianes.
Las imágenes difundidas por RTVE podrían ser claves en la causa penal sobre la gestión de la DANA, instruida por Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja. En ellas no solo destaca que Salomé Pradas daba instrucciones sobre el mensaje Es-Alert a las 18:59 horas, es decir, una hora y doce minutos antes de que se enviara, sino que se prueba que evitó llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): “Llamad a Miguel Polo, a mí no me apetece”.
Al día siguiente de que el material saliera a la luz, la magistrada planteó a À Punt la “aportación voluntaria” de las imágenes en bruto de la reunión del CECOPI ante "la gravedad de los hechos". Además, en la resolución, la jueza afirma, en una referencia a Pradas, que "contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen".