La Fiscalía, en un escrito remitido a la Audiencia Nacional, solicitaba que el Ministerio de Justicia cumpla con la "reparación integral" del exjuez Baltasar Garzón al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al condenarle a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Además, instaba a "borrar y eliminar los antecedentes penales" y solicitaba que se cumplan "las conclusiones y determinaciones de reparación integral", dispuestas en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este lunes, el magistrado aparecía en Mañaneros 360, donde respondía ante Javier Ruiz a si volverá a los tribunales.
"¿Usted confía en volver alguna vez a sentarse en un tribunal?", le preguntaba el presentador del matinal de La 1. "Si se dan tanta prisa como se están dando...", arrancaba Garzón. El juez explicaba cuáles han sido sus pasos al conocerse el dictamen de la Fiscalía: "Esta es una parte de la cuestión, luego está el Consejo General del Poder Judicial en donde también he reclamado la reincorporación. La Comisión Permanente ha dicho, de momento, que no, pero que procede una rehabilitación ordinaria".
"Yo he dicho que no, que no me tengo que rehabilitar de nada, que yo lo que quiero es que se pronuncien sobre el dictamen del comité, que dice que se me repare de forma integral y establece una serie de requisitos", decía, tajante. "Es muy sencillo y he puesto el correspondiente recurso al pleno del Consejo. Simplemente que digan si van a cumplir o no van a cumplir", proseguía.
Ante la atenta mirada de Ruiz y sus colaboradores, Garzón explicaba cuáles son los plazos que deberían cumplirse para que su regreso a los tribunales sea posible: "Evidentemente van cuatro años. Mi edad de jubilación es el 26 de octubre de 2025, de modo que o lo hacen en dos meses o ya aunque quiera no va a poder ser".
"Pero eso demuestra que las instituciones españolas no se han dado ninguna prisa en cumplir el dictamen del comité. No porque yo sea Baltasar Garzón sino porque tienen que cumplirlo porque es vinculante", sentenciaba.
El dictamen de la Fiscalía
La Fiscalía también insta a que "se declare no ser conforme a Derecho la desestimación por silencio administrativo por la Administración Pública demandada, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la solicitud presentada por el demandante sobre cumplimiento e implementación del dictamen".
Aemás solicita que "se acuerde la condena de la Administración Pública demandada al pago de la indemnización por daños y perjuicios en la cuantía reclamada por el demandante o, subsidiariamente, la que se determine en ejecución de sentencia, conforme a las bases que se establezcan".
El fiscal considera que, "sin que conste causa justificada", la Administración Pública ha incumplido con "la obligación de proporcionar al demandante un recurso efectivo, que requiere una reparación integral", que consiste en la aplicación de las medidas solicitadas.
Por otro lado, el Comité considera que Garzón no tuvo "acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo -por el que fue absuelto- y Gürtel", por lo que acordó que España compensara al exmagistrado por el daño causado. En este sentido, reprochó la actuación del Supremo y el hecho de que los procedimientos 'Franquismo' y 'Gürtel' fueran tramitados simultáneamente, con juicios celebrados con cinco días de diferencia y con jueces que participaron en ambas causas, pese a la solicitud del exmagistrado de que fueran recusados.
Según el dictamen, "el Estado parte tiene la obligación" de "borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido". Asimismo, "tiene la obligación" de proporcionar al exjuez un recurso efectivo. El Comité indicó en 2021 que España "tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro".