El abogado que denuncia al Gobierno de Ayuso desvela los movimientos de la Comunidad con el ático "oficina": "Ida y vuelta de..."

Una semana después de conocerse que la Comunidad de Madrid había comprado un ático en Chamberí que sirviera de "oficina" a Isabel Díaz Ayuso y, un día después, el Ejecutivo anunciara su puesta en venta, el asunto ya ha llegado a los tribunales. Un abogado, Francisco Javier Flores Vaquerizo lo ha llevado al Tribunal de Cuentas para que investigue un posible "menoscabo de caudales públicos" por parte de la agencia autonómica, dependiente de la Consejería de Presidencia que dirige el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín. Flores intervenía en Al rojo vivo este lunes, desde donde desgranaba los movimientos del Gobierno regional con el inmueble.

El abogado arrancaba advirtiendo de que existen "muchas explicaciones que no se han dado" y procedía a recopilar lo ocurrido, mencionando algunos de los 'agujeros' que existen: "Se ha comprado una vivienda y no se ha explicado para quién era, se ha comprado con fondos públicos, se ha comprado a través de una empresa para eludir todos los controles que habrían impedido que estuviera sucedido y, cuando ha salido a la luz, se ha anunciado que se pone a la venta, además para, efectivamente, hacer un trabajo de reconstrucción de la Sierra Oeste".

Sobre este último punto, el abogado sostenía que "no es verdad" ni "posible", ya que la ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, aseguraba, "prohíbe vender inmuebles para realizar gasto corriente, para pagar facturas".

Por otro lado, Flores tamién explicaba que cuando la Comunidad de Madrid compra inmuebles para uso de financias públicas, "la competencia es de Hacienda de la Comunidad de Madrid, concretamente de la Dirección General de Patrimonio, que lo puede comprar directamente o puede encargárselo a un tercero, podría encargárselo a Planifica Madrid, pero la explicación dada, que es que fue una decisión de Planifica Madrid, elude esta posibilidad". "Por lo tanto, no es verdad que esto fuera tampoco una dependencia, era una vivienda", sentenciaba.

"Cuando sale a la luz se pone a la venta. Y en todo este trámite, en toda esta ida y vuelta de compra y venta, lo que tenemos es que se han movido fondos públicos, que se han generado una serie de gastos por prácticamente medio millón de euros, entre impuestos, gastos de gestión, cada vez que se hace una transacción y que se van a incurrir a otra venta. Por lo tanto, van a sumarse prácticamente un millón de euros de dinero público sin que ese ático haya tenido una función pública o ningún tipo de utilidad", proseguía argumentando, explicando el grueso de su denuncia ante el Tribunal de Cuentas, al que solicita que se examine si ha habido un quebranto público.

"A esta hora no sabemos quién toma la decisión de comprar este inmueble ni cuándo. Sabemos cuándo se compra el inmueble por la información que ha dado la Comunidad de Madrid, que es en el mes de abril, pero no sabemos cuándo se toma tampoco la decisión de comprar este inmueble y en el seno de qué organismo se toma esa decisión. Si hubiera sido un inmueble para uso de oficinas, para una dependencia pública, lo que se decía inicialmente y es que era para tener unas oficinas temporales durante unas obras en Sol, habría un expediente administrativo sobre esas obras, que no aparece, no existe. Por lo tanto, la causa dada no aparece. Y, segundo, si hubieran sido oficinas, lo tenía que haber adquirido Hacienda, concretamente la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid", resumía el abogado. 

La presentadora del formato durante la temporada estival, Inés García, le preguntaba por las recientes informaciones de Público, que apuntan a que el Gobierno de Ayuso no ha puesto a la venta cuatro inmuebles en Gran Vía, sino que es uno dividido en cuatro fincas registrales, y que, además, ni su venta se ha programado desde la semana pasada, sino que lleva un año. 

El abogado volvía a subrayar que las explicaciones sobre la compra inicial y sobre la venta "no se sostienen". En este último caso, explicaba que la mencionda Ley de Hacienda de la CAM "prohíbe vender inmuebles para pagar gasto corriente, y este tipo de ayudas anunciadas para la sierra lo son".