El titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha sido contundente en el auto hecho público ayer. A través del mismo, el órgano judicial prohíbe y cesa en España “la prestación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros en vehículos bajo la denominación UberPOP, o cualquier otra que pueda denominarse con idénticos fines por la demandada”.
La decisión forma parte de las medidas cautelares que contra la empresa solicitó en su momento la Asociación Madrileña del Taxi y que, aunque Uber solo está operativa en la capital, Barcelona y Valencia, el auto extiende su decisión a todo el territorio nacional.
Uno de los aspectos más destacados del escrito judicial es que sus argumentos nada tienen que ver con la libertad de mercado o las nuevas formas de economía cooperativa (justificaciones utilizadas por la compañía en más de una ocasión), sino que es mucho más contundente al hablar de legalidad o su contraria.
“Altamente inusual”
Por su parte, la empresa ha respondido al auto judicial, como siempre a través de un comunicado, afirmando que se trata de un procedimiento “altamente inusual”, anunciando además que seguirá “cumpliendo con la justicia”. Del mismo modo, también ha adelantado que recurrirá la decisión del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid.
Da la impresión de que con Uber llueve sobre mojado, pero ahora con más fuerza. Si en un primer momento, tras las protestas en algunos casos airadas de los profesionales del taxi, siguió operando como si nada, ahora a la compañía participada por Google le caen los pleitos para paralizar su actividad desde todos los lugares del planeta.
Además de España, también Holanda, India o Bélgica se oponen a su forma de proceder y al otro lado del charco, en la nación donde se originó el movimiento (y la compañía) poco a poco empieza a ganar detractores.
Ayer, Los Ángeles y San Francisco
Nevada fue la pionera en EEUU en adoptar medidas contra Uber pero hace menos de 24 horas, casi coincidiendo con lo sucedido en Madrid, se dio a conocer que los fiscales de distrito de Los Ángeles y San Francisco presentaron una demanda contra la empresa por prácticas comerciales ilegales.
En concreto, los argumentos que utilizan los fiscales giran en torno al incumplimiento de determinadas acciones en su manera de actuar, como la de tasas de aeropuertos, cálculo de tarifas de clientes sin haber sido aprobadas por el estado y la ausencia de una verificación real sobre los antecedentes de los conductores que se contratan.
Alrededor de estas explicaciones, ahora mismo, se persigue la obtención de una orden judicial contra estas prácticas que tenga un carácter permanente. Según señalaron ambos fiscales del distrito en un comunicado hecho público ayer mismo, este tipo de empresas “pueden ser innovadoras en la forma en que desempeñan sus servicios, pero sin ignorar las leyes que protegen al público”.
A pesar de que hace bien poco se hablaba de una nueva inyección de capital con destino a Uber, parece que las cosas se complican para una compañía que, desde que apareció, siempre ha estado rodeada de polémica.
