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Italia ha encontrado una solución difícil de explicar fuera de un despacho jurídico: apartar a Giovanni Malagò de la presidencia de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para volver a colocarlo inmediatamente al frente de la misma como comisario extraordinario. El Comité Olímpico Italiano (CONI) acordó este martes intervenir la federación y propuso al propio Malagò para dirigirla durante el periodo transitorio. La decisión deberá ser ratificada por el Consejo Nacional del organismo olímpico.
El movimiento pone fin, al menos provisionalmente, a semanas de conflicto alrededor de la elección de Malagò. El antiguo presidente del CONI había ganado las elecciones de la FIGC el pasado 22 de junio con el 68,58% de los votos, frente al 29,17% de Giancarlo Abete. Apenas tres meses y medio después, aquella elección ha terminado provocando el comisariamiento de la institución que debía dirigir.
La paradoja está precisamente ahí. Malagò deja de ser presidente para convertirse en comisario extraordinario de la misma federación. Cambia la figura jurídica, pero no necesariamente la persona que ocupa el despacho desde el que se toman las decisiones.
El problema estaba en las condiciones de su candidatura
El origen de la crisis está en un requisito aparentemente técnico. Los análisis jurídicos solicitados por el CONI concluyeron que el tesseramento, la inscripción federativa necesaria para ejercer determinadas funciones, era un requisito esencial para presentarse a la presidencia de la FIGC. Malagò no estaba inscrito en la federación cuando presentó su candidatura.
El propio Colegio de Garantía del Deporte del CONI ya había examinado durante el verano la cuestión de su candidatura y, posteriormente, un recurso presentado por el abogado Renato Miele cuestionó tanto la admisión de Malagò como la elección celebrada el 22 de junio.
La controversia se intensificó durante septiembre. El presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, encargó nuevos análisis jurídicos sobre la candidatura y la elección. Los dictámenes solicitados por el organismo olímpico coincidieron en considerar relevante la ausencia de tesseramento, aunque también señalaron que la decisión sobre las consecuencias de esa irregularidad correspondía a los órganos competentes y requería valorar la gravedad de la infracción.
La FIGC respondió con sus propios informes jurídicos, que defendían una interpretación diferente. Los cinco dictámenes encargados por la federación llegaron a conclusiones opuestas a los cuatro solicitados por el CONI, elevando todavía más la tensión antes de la votación sobre el comisariamiento.
Cambiar el cargo para mantener al dirigente
La fórmula escogida por el CONI es peculiar pero tiene una lógica institucional. Malagò debe abandonar formalmente la presidencia para que la FIGC pueda quedar bajo administración extraordinaria y, acto seguido, asumir como comisario.
El mandato tiene una finalidad concreta: garantizar el funcionamiento de la federación y organizar unas nuevas elecciones. El CONI ha establecido como fecha límite el 31 de enero de 2027 para celebrar la Asamblea Extraordinaria Electoral que deberá reconstruir los órganos federativos dentro del marco jurídico considerado correcto.
Por tanto, la intervención no supone que Malagò desaparezca de la estructura de poder de la FIGC. Al contrario, será quien supervise su funcionamiento durante el periodo transitorio. Y, según Reuters, podrá volver a presentarse a las próximas elecciones una vez regularizada su situación.
La solución convierte el caso en un particular círculo institucional: la elección cuestionada provoca la intervención, la intervención aparta al presidente elegido y el mismo presidente termina gestionando la intervención.
No es la primera intervención de la FIGC
Italia ya conoce las administraciones extraordinarias en su fútbol. En 2018, después de la crisis provocada por el fracaso de la selección en la clasificación para el Mundial de Rusia y la ausencia de un candidato capaz de reunir los apoyos necesarios para sustituir a Carlo Tavecchio, el CONI colocó a la FIGC bajo administración extraordinaria.
Roberto Fabbricini fue nombrado entonces comisario, con Alessandro Costacurta y Angelo Clarizia como vicecomisarios. Su misión incluía modificar los estatutos federativos y conducir a la reconstrucción de los órganos de gobierno. El proceso terminó con la elección de Gabriele Gravina como presidente en octubre de aquel año.
La diferencia ahora es precisamente quién queda al frente del periodo de transición. En 2018, el CONI recurrió a un dirigente externo a la presidencia de la FIGC. En 2026, el encargado de solucionar la crisis será el mismo hombre cuya elección está en el origen del conflicto jurídico.
Una crisis que llega en un momento delicado
El problema institucional aparece además cuando la FIGC tiene por delante varios proyectos estratégicos. Italia prepara junto a Turquía la organización de la Eurocopa de 2032, un torneo que exige importantes inversiones en estadios e infraestructuras.
De hecho, apenas seis días antes del comisariamiento, la FIGC había enviado a la UEFA los expedientes de 13 ciudades y 14 estadios candidatos a albergar partidos del torneo. Entre las candidaturas aparecen Roma, Milán, Nápoles, Turín, Florencia o Bolonia, además del proyecto del nuevo estadio de Pietralata en Roma. La UEFA debe revisar ahora los expedientes antes de que la FIGC seleccione las cinco sedes definitivas.
La federación también arrastra un problema deportivo de mayor recorrido: Italia ha quedado fuera de los tres últimos Mundiales. La combinación de resultados deportivos, renovación de infraestructuras y una crisis de gobernanza coloca a la FIGC ante una agenda especialmente cargada mientras se prepara para el gran evento de 2032.
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