La situación judicial de Álvaro Aguado ha dado un paso más. La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el exfutbolista del RCD Espanyol por una presunta agresión sexual a una trabajadora del club ocurrida en junio de 2024 en una discoteca de Barcelona. En su escrito de acusación, el Ministerio Público también reclama 65.000 euros de indemnización por daño moral y secuelas psicológicas.
Qué sostiene la acusación
Según el relato de la Fiscalía, los hechos se habrían producido durante la madrugada del 24 de junio de 2024, en el contexto de una celebración por el ascenso del Espanyol a Primera División. La acusación sitúa a ambos en una zona reservada de la discoteca Opium de Barcelona, donde estuvieron bailando antes de que, siempre según esa versión, el jugador condujera a la denunciante al baño masculino del local.
El escrito recoge que la mujer se encontraba mareada y afectada por el consumo de alcohol, aunque no totalmente privada de conciencia, y que llegó a pedirle que parase y que no quería mantener relaciones sexuales. La Fiscalía sostiene que hubo agresión sexual con penetración vaginal y oral, y añade que la denunciante sufrió posteriormente secuelas psicológicas.
La versión de Aguado
El futbolista, por su parte, ha admitido que existieron relaciones sexuales, pero mantiene que fueron consentidas. De acuerdo con lo recogido en la causa, su versión es que fue la mujer quien se acercó a él y que ambos fueron al baño porque ella no se encontraba bien. Esa es, por ahora, la principal línea de defensa frente a una acusación que todavía no ha sido juzgada.
Además, distintas informaciones sobre el procedimiento recogen que la jueza instructora apreció indicios suficientes para procesarle, apoyándose en la declaración de la denunciante, en testimonios parciales sobre lo ocurrido antes y después de los hechos, en mensajes posteriores y en el informe forense.
Las penas y medidas que pide la Fiscalía
La petición de la Fiscalía no se limita a la pena de prisión. El Ministerio Público solicita también una medida de libertad vigilada durante diez años una vez cumplida la eventual condena, así como la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la denunciante y de comunicarse con ella por cualquier vía durante ocho años tras la salida de prisión.
En el apartado económico, la acusación divide la reclamación civil en 55.000 euros por daño moral y 10.000 euros por secuelas psicológicas, hasta alcanzar los 65.000 euros totales.
Un caso todavía pendiente de juicio
El caso vuelve a colocar el foco sobre un nombre conocido del fútbol español, pero conviene subrayar que la petición de la Fiscalía no equivale a condena. Aguado está acusado formalmente y el procedimiento avanza con una solicitud penal muy severa, pero será el juicio el que determine finalmente si los hechos quedan probados y cuál es la eventual responsabilidad del exjugador.
