Desde que Uber desembarcó en España en 2014, su trayectoria de expansión en este país es también, parafraseando a la novela de Dickens, la Historia de dos ciudades: Madrid y Barcelona. La empresa californiana siempre ha encontrado en las dos ciudades españolas un gran nicho de mercado y en su histórica rivalidad una oportunidad que aprovechar a su favor con la connivencia en Madrid de un PP "ansioso" por acoger a Uber en la Capital.
Barcelona se postuló en un principio como el campo de pruebas del gigante de la VTC. Paradójicamente también se convirtió en la principal resistencia para la expansión de la compañía en nuestro país. Así se muestra en la multitud de correos y documentos recogidos por Uber Files, una investigación internacional liderada por The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ ) y que cuenta con la participación del diario El País y La Sexta.
Presión y seducción, el desembarco de Barcelona
Antes de que la compañía llegase a Barcelona en el 2014, se iniciaron las conversaciones con altos responsables políticos de Madrid y Barcelona con el objetivo de lograr los cambios legislativos necesarios para que Uber comenzase a prestar servicios en dichos núcleos urbanos.
El equipo de profesionales encargado de esa tarea, agrupados bajo el nombre de Spain Lobbying (que puede ser traducido como Lobby en España), comenzaron una ronda de reuniones en ambas ciudades ofreciendo exactamente lo mismo: un modelo revolucionario de movilidad urbana, haciendo hincapié en la economía colaborativa, el crecimiento económico, el medio ambiente y una alternativa a la conducción para usuarios bajo los efectos del alcohol.
No obstante, tras las buenas palabras y la revolución de la movilidad urbana se esconde una estrategia de marketing que pasa por enfrentar a Madrid y Barcelona: “Debemos crear un desafío entre Cataluña, gobernada por CiU y ERC, y el Gobierno nacional, del PP, a favor de la liberalización, para hacerles competir por ver quién adopta una regulación del ridesharing”, recoge una presentación que sintetiza la estrategia de presión para España.
Sin embargo, los primeros contactos del gigante del transporte con la administración catalana no fueron como se esperaban. Tras el desembarco de la app en la Ciudad Condal, en abril del 2014, y ante una inminente amenaza de nuevas movilizaciones del sector del taxi que afectaran a la temporada turística en Barcelona, el Ayuntamiento, dirigido entonces por Xavier Trias (CiU), dio instrucciones para multar a los conductores que operaban de forma “encubierta” y la Generalitat abrió expedientes sancionadores.
Dicha caza culminó el 1 de julio de ese mismo año con una carta firmada por Pere Padrosa, director de Transportes y Movilidad del Govern, que exigía cesar las actividades de Uber en todo el territorio catalán. Entre las observaciones del grupo Spain Lobbying parece sobrevolar la estrategia del desprestigio amenazando veladamente sobre la viabilidad del Mobile World Congress. Los planes de la Generalitat “no se adaptan a la evolución del mercado” y atentan contra la “libre competencia”, lo que, podría tener “un impacto negativo sobre la imagen y reputación de Barcelona” como hub de las tecnologías móviles.
Tras la negativa de la Generalitat, la compañía se detuvo a elaborar un plan de acción político. Uber se marca como objetivo convencer “a los Mossos d'Esquadra” para que “se abstengan de multar a conductores y tomen acciones contra los taxistas violentos”. Proponen también el acercamiento a diversas personalidades claves del gobierno catalán como Felip Puig, histórico dirigente de Convergència i Unió (CiU), responsable del Govern de fomentar la competencia, o el economista Xavier Sala i Martín, por su cercanía al Gobierno de la Generalitat, que podría presionar frente a la desregularización del mercado.
El PP "ansioso" porque Uber llegara a Madrid
La compañía ya piensa en su próximo paso en España: Madrid, donde aterrizaría en septiembre del 2014. Uber afirma que el Gobierno de Madrid, entonces en manos del PP de Ignacio González, está “ansioso para que Uber entre en el mercado". Con una condición: “No irán a una confrontación abierta con el taxi” y menos “a un año de las elecciones”, declaraciones del PP según recoge la investigación.
En las reuniones de Uber mantenidas con distintas autoridades locales y regionales, se sugirió, por parte de la administración madrileña, que la compañía buscara un “resquicio legal” que imposibilitara las sanciones, similares a las adoptadas en Barcelona.
El golpe fallido del Mobile
El gran golpe de efecto estaba reservado para un año más tarde durante el Mobile World Congress de marzo de 2015. En el congreso ya se barajaba la posibilidad de la participación de Travis Kalanick, entonces CEO de Uber. Rachel Channing, responsable de comunicaciones, sugirió entonces presentar al fundador de la compañía como un “holograma” en un mensaje al director de Políticas Públicas para Europa, Mark MacGann.
Este respondió que era una buena oportunidad para “avergonzar” a Barcelona: “Me encanta la idea como una posibilidad que avergonzaría a Barcelona, como si no pudiera proteger a los inversores de la mafia local (aludiendo a los taxistas)".
Sin embargo, la empresa organizadora del evento expresa su preocupación de que, “si Travis se anuncia como speaker principal”, los taxistas boicoteen el evento. Se propone entonces una herramienta de presión para que el CEO pueda intervenir: “Otra solución sería darles un ultimátum y alquilar un espacio masivo en Fira de Barcelona (lugar de celebración del Mobile), donde Travis invitaría a gente a menos que se le dé la sesión inaugural”.
Finalmente, la organización rechaza la propuesta, ante la negativa de varias empresas asistentes y supuestamente a instancias del Ayuntamiento donde indican: “Recibimos orientación de la ciudad de que una sesión inaugural para Uber sería una interrupción seria del transporte durante la conferencia. Es algo que no podemos arriesgar en un evento que atraerá a unas 90.000 personas a Barcelona. Lamentamos que no será posible”.
Ayuso cumple: "Libertad", menos para el taxi
Ocho años después, en Barcelona la presencia de Uber ha sido conflictiva e intermitente. Por la presión del taxi y las regulaciones de las autoridades, la empresa ha tenido que abandonar dos veces la ciudad. Volvió por última vez en marzo de 2021, pero como una operadora más de taxis y de forma tímida.
El Govern acaba de aprobar un decreto que limita los VTC (vehículos con conductor) a servicios puntuales o exclusivos, puesto que sus coches deben medir un mínimo de 4,90 metros, lo que solo vale para turismos de alta gama o furgonetas de pasajeros. El decreto certifica la victoria definitiva del taxi y un nuevo golpe para la compañía californiana.
Mientras tanto, en Madrid las VTC nunca han cesado su actividad pues han obtenido una libertad total por parte de la administración. Los taxistas intentaron ponerle freno con una huelga de dos semanas en 2019, pero la administración madrileña aguantó y desde entonces han convivido a la fuerza con 9.000 VTC.
El pasado 2 de junio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consiguió sacar adelante la nueva ley de transportes que permitirá a los VTC seguir operando en la Comunidad de Madrid como hasta la fecha. Lo ha hecho gracias a la abstención de Vox, que permitirá que la ley comience a tramitarse por lectura única, sin debate en comisión ni enmiendas de los grupos.
Con la reforma de la ley, que debía estar aprobada antes del mes de octubre, se permite a empresas como Uber, Bolt y Cabify seguir operando en la Comunidad de Madrid. Los taxistas, exigen, entre otras cosas, que se elimine el número de licencias que pueden tener los taxistas, que ahora está en tres y que se liberalicen los horarios.
En la Comunidad de Madrid hay actualmente unas 16.000 licencias de taxis de las que, según la oposición en la Asamblea, viven unas 25.000 familias en la región.
El sector del taxi mostró su intención de llevar esta reforma ante el Tribunal Constitucional, aunque “tengan que vender el taxi para pagar abogados”. “Vamos a ir hasta el final para denunciar la corrupción y a los políticos vendidos. Somos autónomos y nos están despreciando de forma sistemática y abrumadora. El PP, el consejero, la presidenta y Vox nos han engañado”, denunció el presidente de Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.